CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Incomunicados, tratados como terroristas, con la amenaza de ser sometidos a la pena de muerte o a  cadena perpetua, son algunas de las condiciones en las  que se encuentran los 92 mexicanos desterrados por el gobierno de Claudia Sheinbaum a Estados Unidos, entre 2025 y 2026, a diferencia de lo que ocurre con la invocación al debido proceso en el caso del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, de quien se solicitó su detención preventiva con fines de extradición, por el Departamento de Justicia norteamericano.

Así reflexiona Marco Antonio Avilés Huerta, abogado defensor de 13 de los 92 mexicanos que fueron expulsados por el gobierno de Claudia Sheinbaum a petición de Estados Unidos, sin considerar la situación jurídica en que se encontraban las personas desterradas.

En entrevista, el abogado penalista experto en el litigio de extradición acusó el “doble rasero” con el que se ha conducido el gobierno de la Cuarta Transformación ante las exigencias del gobierno de Donald Trump para entregar a personas a las que el Estados Unidos señala de pertenecer a organizaciones terroristas, como se ha clasificado a los cárteles mexicanos de narcotráfico.

“Con los 92 fue un ejercicio soberanamente entreguista al gobierno americano en decir ‘Aquí está lo que me pediste’. Eso está muy mal. Y ahora ¿que pasó con Rubén Rocha? Se puso el Estado mexicano exquisito en observar todos esos derechos que debió haber observado para estos 92”, puntualiza Avilés Huerta.

El abogado recuerda que desde el 27 de febrero de 2025 en que ocurrió la primera entrega de personas privadas de la libertad en diversos penales federales el país, “no hubo ningún obstáculo, ninguna traba, las propias autoridades mexicanas fueron y entregaron a los nacionales (…) ¿Y ahora qué ocurre en el caso de Rocha Moya?. De repente existe la preocupación por un debido proceso en procedimientos de extradición,”.

Agrega que como representante de 13 de las personas desterradas, ha exigido que “debió sí o sí respetarse el debido proceso establecido en un tratado internacional entre México y Estados Unidos, que hay derechos humanos que debieron de observarse en esa entrega, y que no hubo nada de eso con aquellas personas, y que acá en cambio hasta hay un rasero como se ha señalado, en el sentido de que incluso ofrecen pruebas que sean contundentes, cuando ni siquiera eso contempla tampoco el tratado de extradición”.

Avilés Huerta explica que de las 13 personas que representa, tres ya tenían un proceso de extradición concluido, y estaban en un procedimiento diferido, esto es, sólo esperaban agotar su sentencia en México para después se extraditados a Estados Unidos; seis habían obtenido un amparo para no ser extraditadas y cuatro de ellas no tenían antecedentes de ser requeridos por el gobierno estadunidense, incluso una de estas personas estaba en proceso de preliberación a quien la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la República (FGR) le habían confirmado que no tenía ninguna solicitud de extradición en su contra.

“Son abusos judiciales administrativos bárbaros, porque además el Poder Judicial se ha puesto en comparsa con esta situación de los expulsados para decir ‘¡Híjole! Pues es que ya están allá, y no podemos obligar al gobierno americano a que los traiga´

“Y nosotros en sus procesos penales, en los juicios de amparo, dentro de los mismos procedimientos de extradición, no estamos pidiendo a los jueces que obliguen a Estados Unidos a regresarlos, porque evidentemente no pueden, pero sí puedes obligar al Estado mexicano a que haga algo por ellos”, sostiene el litigante.

Avilés Huerta destaca que sus 13 clientes están siendo procesados por “narcoterroristas” por lo que están en riesgo de ser condenados a cadena perpetua o mínimamente a prisión vitalicia, aunque el exfiscal Alejandro Gertz Manero asegurara que había un acuerdo con el gobierno de Trump, porque “, quien impone las penas pues son los jueces, no los fiscales”.

“Ahorita todos están  amenazados por parte de la Fiscalía (de Estados Unidos)   si no cooperas si no te declaras culpable yo me encargo de que mínimo te impongan pena de prisión vitalicia, porque para el gobierno americano son narcoterroristas y al ser narcoterroristas son susceptibles de la imposición de la pena de muerte o la prisión vitalicia porque la orden ejecutiva (de Trump) lo permite, al ser las organizaciones a la que están asociados fueron declaradas narcoterroristas o terroristas”.

Avilés Hueta destaca que sus clientes se encuentran en una situación complicada debió a que, por el delito que se les atribuye, están “completamente aisladas”, no se les permite la comunicación con familiares y abogados, “que sí se les permite a un preso común”; los que han litigado la incomunicación, han tenido acceso después de seis u ocho meses; no tienen visitas familiares porque a los parientes “se les niega la visa o si tenían se las quitaron”.

El abogado destaca que en los litigios que está llevando en los tribunales en México, está exigiendo que el Estado mexicano otorgue asistencia consular a sus clientes, quienes no han tenido acceso a ese derecho, lo que va en contra de la Constitución mexicana y a tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Viena.

Sostiene que para colocar a sus defendidos en igualdad de condiciones que al gobernador con licencia de Sinaloa, el camino es que los jueces de distrito obliguen a la Cancillería a dar protección consular a las personas desterradas, “se haga una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para que me los regresen, se juzguen acá y, si después de juzgarlos, les siguen interesando, que  promueva el gobierno de Estados Unidos un  procedimiento de extradición conforme a las reglas que están establecidas entre ambas naciones”.

Al recordar que como antecedente de ese camino está el caso del doctor Miguel Álvarez Machain, implicado en la muerte del agente de la DEA Enrique Camarena, y quien fue sacado ilegalmente de México para ser llevado a Estados Unidos, el abogado acota que “el gobierno mexicano en aquel entonces hizo esa nota diplomática y ya incluso habían autorizado el regreso de ese doctor”.

El abogado insiste en las contradicciones en las que se ha conducido el gobierno federal para responder a las exigencias del gobierno de Donald Trump, lo que debilita el Estado de Derecho.

“Estamos frente a una aplicación contrastada, despótica, completamente arbitraria e la ley entre personas que no forman parte el poder político y personajes vinculaos al gobierno.

“Para Rocha Moya, pruebas, soberanía y debido proceso; para los 92, destierro, silencio. Ese doble rasero es precisamente lo hoy debe explicar el gobierno de México”, sentencia el abogado Marco Antonio Avilés Huerta.