MONTERREY, N.L., (apro) .- En acciones diferentes, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ejecutó órdenes de aprehensión contra dos empresarios inmobiliarios, José Lobatón y Alejandro Tamayo, acusados de defraudar a cientos de personas con la venta de departamentos y viviendas. 

El daño patrimonial supera los mil millones de pesos en agravio de más de 400 inversionistas. 

El primero de los casos involucra a José Lobatón, propietario de la empresa inmobiliaria Proyectos 9, quien fue detenido por agentes ministeriales tras ser acusado de un presunto fraude agravado relacionado con desarrollos inmobiliarios en el municipio de San Pedro Garza García. 

Las autoridades investigan un daño patrimonial cercano a los 500 millones de pesos, cifra reclamada por alrededor de 200 personas que aseguran fueron defraudadas. La orden de aprehensión fue ejecutada en un hospital privado de Monterrey, luego de que el empresario no se presentara a una audiencia judicial bajo el argumento de problemas de salud. 

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones desplegaron un operativo de vigilancia en el Swiss Hospital, donde finalmente fue detenido y posteriormente trasladado a las instalaciones de la AEI. 

El abogado de las víctimas informó que Lobatón permanecerá internado en el centro de reinserción social II de Apodaca mientras continúa el proceso judicial. El empresario podría enfrentar una pena de entre 8 y 12 años de prisión, así como el pago de reparación del daño a los afectados. 

Los desarrollos Lalo, Lola, Sohl, Verde Moca, Azul Moca y Amarillo Moca, todos ubicados en Monterrey, además de Volga y Las Palmas, en el municipio de San Pedro Garza, figuran entre los complejos señalados por las víctimas. 
 

Otro caso de defraudación

Como resultado de la audiencia para resolver la situación jurídica en el caso de presunto fraude en perjuicio de cientos de inversionistas contra la empresa Tamayo Capital, un juez de Control ordenó la vinculación a proceso de tres acusados. 

Los imputados son Alejandro "N", de 51 años; Mario "N", de 29 años, y Dymaris, de 35 años, quienes fueron recluidos en el Cereso de Apodaca. 

Tras reanudarse la audiencia diferida del día 16 de mayo por solicitud de la defensa, autorizada por un juez de Control, un agente del Ministerio Público investigador expuso hechos que configuran el delito de fraude.

El juez estimó acreditada la probable participación de las tres personas imputadas en los hechos citados, por lo que dictó auto de vinculación a proceso e impuso medida cautelar de prisión preventiva a cumplir en centros de reinserción social estatales, mientras que fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. 

Los y la investigada, a través de la Inmobiliaria Tamayo Capital, presuntamente defraudaron a inversionistas que les depositaron diferentes montos, que suman más de 400 millones de pesos.