OAXACA, Oax., (apro) .- Desde la Cuarta Transformación (4T) se promueve una lógica capitalista neocolonial y neoliberal, como el fracking, que empobrece sus territorios y legaliza el saqueo para la reproducción del complejo industrial militar de las empresas trasnacionales con sede en los países imperialistas. 

Así lo denunciaron los integrantes de 30 organizaciones, 55 comunidades y 24 autoridades comunales y ejidales durante el Tercer Foro Permanente en Defensa del Territorio y la Propiedad Social en Oaxaca, donde se le rindió un minuto de silencio a los 39 defensores del territorio que han sido asesinados por su trabajo de defensa de sus derechos. 

Denunciaron que como resultado de estas políticas “se multiplican casos de desplazamiento forzado en diversos territorios, existe mayor presencia del crimen organizado en zonas de megaproyectos o zonas de interés económico, se militarizaron los territorios estratégicos y se incrementaron proyectos inmobiliarios que afectan la propiedad social en zonas costeras y ecosistemas. 

Aunado a ello “se recrudecieron los conflictos agrarios avivados por autoridades estatales o instancias federales y/o agrarias, ampliación de redes carreteras que fortalecen el saqueo, incremento de las desapariciones forzadas y agresiones contra defensoras y defensores del territorio, sobreexplotación del agua, distribución inequitativa con concentración de la demanda hídrica en zonas urbanas con fines comerciales, la imposición de proyecto de hidrogeno verde en el Istmo de Tehuantepec y la Presa Margarita Maza, estos últimos, como ejemplo de proyectos que avanzan sin tomar en cuenta los impactos ambientales y el respeto a la consulta y consentimiento previo, libre e informado”. 

En el marco del Aniversario luctuoso de Emiliano Zapata se llevó a cabo el 3er Foro Permanente en Defensa del Territorio y la Propiedad Social en Oaxaca, con el objetivo de fortalecer la organización comunitaria y la articulación regional. 

Antes de reconocer la lucha colectiva, la protección de los territorios comunales y ejidales y las resistencias de los pueblos en Oaxaca, nombraron a los defensores que han sido asesinados y que el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, niega. 

“En el territorio también habita la memoria viva de las y los defensores del territorio que han sido asesinados, los nombramos y guardamos un minuto de silencio para agradecer todos sus aportes”: 

Entre las víctimas se encuentran: Ana Cristina García, Constantino Silvestre Luis Pacheco, Juan Martínez Flores, Leodegario Cruz de Jesús, Gabina De Jesús Martínez, María Ramírez Martínez, Martiniano De Jesús Osorio, Félix Vicente Cruz, Hortensia Felipe Santiago, Gertrudis Cruz De Jesús, Cliserina Cruz Ramírez, Noel López Gallegos, Mario Reyes Ramírez, Humberto Cruz Ortiz, Palemón Vásquez Cajero y Filiberto Santos Cruz. 

Así como Victoriano Flores Ramírez, Mario Hernández Martínez, Lorenzo Santos Torres, Rafael González López, Vicente Ramírez Santiago, Daniel Bautista Vásquez, Sandra Estéfana Domínguez Martínez, Gerardo Cruz Palacios, Adriana Ortiz García, Virginia Ortiz García, Rigoberto Martínez Sandoval, Arnoldo Nicolás Romero, Wilfrido Atanacio Cristóbal, Victoriano Quirino Jiménez, Abraham Quirino, Cristino Castro Perea, Cándido Santiago López, Nazaret Cortés Velasco, Tomás Martínez Pinacho, Luis Carmona Canseco, Pablo Carmona Canseco, Domingo Ramírez y Manuel Cartas. 

En su pronunciamiento, destacaron que “desde las comunidades observamos que el gobierno de la 4T continúa con la imposición de megaproyectos y el despojo de la tierra, a nivel nacional la presidenta Claudia Sheinbaum ya abrió la puerta para legalizar el fracking como el primer paso a una nueva reforma energética presionada por Estados Unidos”. 

Aunado a ello, “el Plan México que plantea la industrialización del país y la reactivación del sector minero, aunado a una nueva propuesta de reforma al artículo 27 constitucional, para ampliar el camino de privatización de la tierra que el PRI abrió para acelerar la eliminación de la propiedad social”. 

En Oaxaca, acusaron, desde el 2024 el gobierno del morenista Salomón Jara ha impulsado marcos normativos que atentan contra la propiedad social de la tierra, como ejemplo citaron la iniciativa de modificación del artículo 25 de la ley de ingresos que proponía estímulos fiscales a quienes convirtieran la propiedad social a privada, que fue echado atrás por la fuerza del movimiento social. 

Para este año, de nueva cuenta, por mandato del gobernador Salomón Jara, la Cámara de Diputados local aprobó la nueva Ley de Expropiación en la que se establecen las causas de la utilidad pública y la ocupación urgente; de fondo la ampliación de esta ley permite al Estado la apropiación de territorios para imponer megaproyectos. 

“Desde las diferentes voces en nuestros territorios queremos hacer visibles las amenazas y afectaciones irreparables a nuestras formas de vida, ecosistemas y bienes naturales, como lo son: la tala ilegal en los bosques, el neolatifundismo, la imposición de concesiones y proyectos mineros”, mencionaron. 

Y agregaron que en la 4T “institucionalización del despojo bajo promesas de apoyos asistencialistas con programas como sembrando vida, contaminación de los cuerpos de agua, la multiplicación de basureros a cielo abierto, vertederos de aguas negras en nuestros ríos, mayores impactos por presencia de la agroindustria y los monocultivos, sobreexplotación ilegal de materiales pétreos, así como derrames de hidrocarburo”. 

Por todo este contexto, “desde nuestras comunidades nos hemos planteado la defensa de nuestros territorios a través de diferentes acciones como: mantener foros regionales y estatales; fortalecer las asambleas comunitarias; construir y definir la agenda común con acciones y diferentes formas de lucha. 

 “Ante el ataque frontal del sistema contra todo lo comunitario y los comunes, las comunidades, organizaciones y asistentes determinamos defender colectivamente nuestros territorios por todos los medios a nuestro alcance contra el despojo y movilizarnos para seguir impulsando espacios de formación e información sobre experiencias y herramientas para la protección de los ejidos y comunidades en Oaxaca”. 

Finalmente manifestaron su respaldo al pueblo zoque de Santa María y San Miguel Chimalapa y condenaron el despojo legalizado de su territorio a partir de dos sentencias emitidas recientemente por el Tribunal Superior Agrario, que favorecen la devastación ecológica de bosques de niebla y selvas que realizan narcoganaderos, talamontes y neolatifundistas provenientes de Chiapas. 

Ante lo cual se sumaron a la exigencia de impartición de justicia pronta y expedita por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

De igual forma, se pronunciaron contra el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46 de Huajuapam de León, que fomenta el conflicto agrario entre los pueblos de Santo Domingo Ixcatlán y Chalcatongo, por lo que solicitaron la cancelación de la sentencia contra Chalcatongo de Hidalgo, toda vez que el asunto fue resuelto entre un acuerdo de buena voluntad entre ambas comunidades.