OAXACA, Oax., (apro) .- En el gobierno “humanista” de Salomón Jara Cruz hay un retroceso en el respeto a los derechos humanos y hay un peligroso riesgo de que siga escalando en asesinatos y criminalización de defensores, represión de la protesta social, agresiones a opositores, amenazas a comunidades indígenas en resistencia o desplazamientos forzados. 

Así lo advirtieron los integrantes de 23 organizaciones de la sociedad civil, a través de la iniciativa “Acción Colectiva por los Derechos Humanos en Oaxaca” en el informe “¿Avanza o no, el respeto a los derechos humanos en Oaxaca?”, donde resaltaron que además persisten altos niveles de impunidad. 

El coordinador de Derechos Territoriales de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Neftalí Reyes Méndez, resaltó que en los primeros tres años de gobierno del morenista Salomón Jara Cruz han sido asesinados 32 defensores de derechos humanos y del territorio, situación que ha colocado al estado de Oaxaca como el más peligroso a nivel país. 

De acuerdo con el monitoreo que han realizado, dijo, en el periodo de Salomón Jara “hemos registrado 166 hechos conflictivos en el estado de Oaxaca, de los cuales el 26% son por conflictos agrarios; el 25% están relacionados al Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec y un 12% es por conflictos ambientales relacionados principalmente en la costa de Oaxaca por la llegada de empresas inmobiliarias. 

Hizo hincapié que “a partir de estos 166 hechos conflictivos, vemos que la omisión estatal es la mayor al ocupar el 40% de todos casos, es decir, en 40% de los casos documentados hay omisión gubernamental para responder, resolver y transformar ese conflicto; la provocación es el 28% y la administración del conflicto el 15%, es decir, hacemos, pero no hacemos”. 

Lo preocupante, agregó, es que en ese 28% de provocaciones, está la presencia de grupos de choque que están empezando a operar muy similarmente a los que existieron en el sexenio del priista Ulises Ruiz Ortiz y su sobre de represión. 

“Es decir, ya empezamos a documentar la aparición de grupos de choque relacionados con conflictos históricos, con conflictos actuales y, entonces, estos grupos de choque empiezan a realizar actividades similarmente a como lo hacían los gobiernos de los sexenios pasados”, puntualizó. 

Entonces, “esa es la respuesta que están teniendo las autoridades estatales frente a la conflictividad y, por otro lado, el gobernador y el gobierno federal están criminalizando a las personas y comunidades que se encuentran defendiendo sus derechos”. 

En este diagnóstico, abundó, “encontramos un 27% de actos de criminalización; 25% de hostigamiento y el 21% son homicidios, lo que significa que la respuesta gubernamental para enfrentar esta problemática está caracterizada para criminalizar, hostigar y para no atender los casos de homicidios, pero sí existen carpetas de investigación y grupos de choque en esta conflictividad”. 

En síntesis, “no hay un cambio en el ejercicio de gobierno, al contrario, persiste una actuación similar a la situación que acontecía con gobiernos anteriores, mientras que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca está resultando ineficiente”, puntualizó. 

A su vez, la activista Angélica Ayala, aseguró que en el actual gobierno morenista existe una opacidad muy grande porque no existe información pública, ni registros oficiales que den certeza de la situación que existe en Oaxaca, pero, sobre todo, existe un retroceso en el respeto a los derechos humanos. 

Para reafirmar su dicho, comentó que “la pregunta del informe es muy provocadora, ¿avanzan o no? los derechos humanos en Oaxaca y yo solamente quiero ejemplificar que hace 3 años en la marcha de del 8 de marzo hubo serias declaraciones y cuestionamientos por parte de Jesús Romero, secretario de Gobierno, descalificando el hecho de que las mujeres saliéramos a marchar”. 

“El siguiente año nos sorprendimos (al ser atacadas del Palacio de Gobierno) con balas de goma y el tercer año nos encontramos rodeadas de policías. Entonces, avanzan o no los derechos humanos en estos últimos tres años, los datos están ahí". 

Consideró que “hay un discurso, una narrativa, una criminalización que se está transformando en hechos y que se viene escalando. Decía Ulises Ruiz (del PRI) hace 20 años, ‘no más protesta social’ y en este caso, el discurso (de Jesús Romero, de Morena) es ‘Dialoguemos no bloqueemos’, pero la policía la tenemos detrás. En la última marcha la policía la teníamos detrás”. 

En síntesis, “hemos tenido serios retrocesos y hoy en este momento, vemos no solamente un retroceso, sino el riesgo de que esto siga escalando”. 

Antes, Guillermo Monteforte de Ojo de Agua Comunicación, resaltó que en Oaxaca continúan registrándose violaciones sistemáticas a los derechos de pueblos indígenas y afromexicanos, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas defensoras de derechos humanos, población LGBTIQ+, personas con discapacidad, personas en situación de movilidad y comunidades afectadas por megaproyectos. 

Entre los hechos documentados se encuentran agresiones, desplazamientos forzados, feminicidios, desapariciones, violencia institucional, omisiones en servicios de salud, criminalización de la defensa de derechos y falta de atención integral a poblaciones históricamente discriminadas.  

De acuerdo con las organizaciones, estos casos reflejan no hechos aislados, sino patrones estructurales de exclusión, discriminación, violencia e impunidad. 

Asimismo, las organizaciones señalan que la respuesta de las autoridades de los tres niveles de gobierno ha estado marcada por la omisión, la opacidad, la simulación y la falta de consulta efectiva, lo que ha impedido resolver de fondo las problemáticas denunciadas. 

Frente a ello, el informe plantea una serie de recomendaciones dirigidas a fortalecer las políticas públicas, garantizar la participación de las comunidades y asegurar una actuación institucional con perspectiva intercultural, de género, diversidad e interseccionalidad. 

Las organizaciones hicieron un llamado urgente a los poderes del Estado y a los organismos autónomos para asumir su responsabilidad y avanzar hacia una política pública centrada en la dignidad, la justicia social y la protección integral de los derechos humanos en Oaxaca.