OAXACA, Oax. (apro).- Pese a que el proyecto es “inviable” porque “no cumple cabalmente con los requisitos legales, ni con los principios de la planeación democrática y sustentable del desarrollo, y tampoco con los diversos estándares internacionales de derechos humanos”, el gobierno de Salomón Jara Cruz insiste en “imponer” la construcción de la presa “Margarita Maza o Mujer Solteca”, denunció el Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca (OCCAMA). 

Es por ello que las 28 organizaciones de la sociedad civil que integran el Observatorio pidieron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que no autorice la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional (MIA-R), correspondiente al Proyecto denominado “Desarrollo de la Presa Margarita Maza para el Almacenamiento y Conduccion por Medio de la Construccion de Acueducto y su Distribucion en la Ciudad de Oaxaca”, promovida por la Comisión Estatal del Agua. 

Denunciaron que el gobierno morenista no cumple con la “obligación de prevenir, proteger los derechos humanos, el acceso a la información, a la consulta previa, libre e informada y culturalmente apropiada, asi como de respetar y garantizar los mecanismos efectivos para la justicia ambiental”. 

Consideran que la MIA-R del proyecto de la Presa Margarita Maza, “no debe ser autorizada” porque además exhacerbará los ánimos por el conflicto que existe entre San Vicente Coatlán y Sola de Vega. 

Aunado a ello, consideran inviable este proyecto porque estaría asentado en una zona de alta sismisidad. 

Otro aspecto que no se ha tomado en cuenta independientemente de estas observaciones técnicas y de procedimientos legales, es lo que tiene que ver con la situación social de la región y sus impactos, sostuvo Marcos Leyva Madrid, de Servicios para una Educación Alternativa (Educa). 

Y citó como ejemplo que “el Consejo de Pueblos en Defensa del Río Verde ya está en alerta amarilla por si continúa este proceso porque seguramente las comunidades afectadas por la presa van a tener una acción pública porque a ellos nadie les ha preguntado y los impactos ambientales les afectará directamente a ellos”. 

Aunque el proyecto oficialmente sigue llamándose Margarita Maza, el gobierno para simular le llama Mujer Solteca, es decir se le da un uso político para contar con la simatía de las comunidades de la región; además no hay presupuesto federal para una obra de esta naturaleza que ya rebasa los 8 mil millones de pesos; no se ha realizado una consulta real. 

Entonces, “de entrada también están violentando de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en términos de que tienen que ser consultados previamente, aunado a que existe una conflictividad agraria fuerte y se puede profundizar no solo en esa regi{on si no en sus vecinos que van a sufrir los impactos ambientales y sociales si se realiza esta obra. 

Muestra de ello, es que el Consejo de Pueblos en Defensa del Río Verde ya determinaron estar alertas porque los impactos se comenzaran a resentir en su afluente, uno de los maes importantes de Oaxaca, el cual desemboca en del Parque Nacional Lagunas de Chacahua, cerca de El Azufre. 

Recordó que el Consejo ya logró detener el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina mediante la resistencia y la organización de las comunidades porque se les quita el agua que fluye para abajó, entonces, ya están en alerta amarilla y ya es otro frente”. 

Antes, el director del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca e integrante del observatorio, Juan José Consejo Dueñas, explicó que son más de 50 observaciones de errores cometidos y de interpretación que detectaron en este proyecto y tienen que ver con que dicen que no hay especies amenazadas o en peligro de extinción y “nosotros decimos que sí hay, que no hay áreas protegidas”. 

“Lo normal es que un proyecto general se someta un proceso de análisis de impacto ambiental y luego se lleva a los lugares donde se va a ejecutar para que la gente opine, sobre todo si se trata de territorios de pueblos originarios, sin embargo, no fue así, al contrario fue un proceso de fast track porque se hizo mientras se hacía el proyecto de la obra, se hacía la manifestación y se hacía una consulta que nosotros en su momento calificamos de patito”, precisó. 

Considera que “aquí hay un problema muy serio de procedimiento que pervierte el sentido de estas disposiciones. No se pregunta por qué hay que ponerle palomita a eso. No se analiza el ambiente porque es un requisito. Sería el camino ideal, pero se ha ido pervirtiendo y las autoridades ambientales, por cierto, lo reconoce”. 

Entonces, “tenemos aquí un problema muy serio que nos lleva a que no se cumplió de fondo la legislación vigente, pero tampoco de forma porque llegaron al punto de licitar la obra”.