NAYARIT (apro).- El éxodo a pie que recorrió, entre 87 y más de 90 kilómetros, desde Tuxpan hasta Tepic marcó el inicio de una defensa social para poner un alto a la criminalización de la protesta y al uso político de la justicia en Nayarit, sostuvieron sus organizadores.

Durante tres días, alrededor de 700 trabajadores y ciudadanos caminaron hacia la capital del estado para denunciar persecución judicial, violaciones a derechos laborales, adeudos salariales, falta de incrementos y amenazas de retiro de prestaciones. La movilización concluyó frente a la Fiscalía General del Estado (FGE). 

La protesta fue convocada por el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Nayarit (SUBSEM), luego de la vinculación a proceso penal de cinco trabajadores por participar en manifestaciones y ante la ausencia de respuesta institucional a demandas laborales y sociales. Conforme avanzó el recorrido, la caminata dejó de ser exclusivamente sindical y fue asumida por amplios sectores de la población como una causa colectiva. 

En entrevista exclusiva con Proceso, Óscar Flavio Cedano Saucedo, secretario general del SUBSEM, subrayó que el trayecto se realizó en condiciones físicas extremas y que ese desgaste fue parte del mensaje político de la movilización: 

“Fueron más de 90 kilómetros caminando bajo el sol, bajo la lluvia y el cansancio. Llegamos con ampollas, con dolor en los pies, con noches sin dormir, pero también llegamos con algo que ningún gobierno puede fabricar ni destruir: la dignidad de un pueblo que decidió ponerse de pie.” 

El dirigente detalló que en la caminata participaron trabajadores de los 20 municipios del estado, además de mujeres, adultos mayores y familias completas, quienes enfrentaron riesgos constantes en carretera. Señaló que hubo tramos donde los vehículos circulaban a alta velocidad; aun así, dijo, la gente continuó caminando hombro con hombro, dejando a sus familias y sacrificando su descanso. 

Durante los tres días de trayecto, el contingente contó con acompañamiento de la Guardia Nacional, la Comisión de Derechos Humanos y, en los últimos tramos, de corporaciones policiales estatales y municipales. Cedano Saucedo afirmó que esta presencia inhibió cualquier intento de intimidación directa. Hubo percances menores —caídas y un incidente con un autobús—, pero el saldo fue blanco. 

Uno de los elementos que dio mayor fuerza a la movilización, señaló, fue el respaldo ciudadano a lo largo del recorrido. La gente se acercaba para ofrecer agua, alimentos y palabras de apoyo. “Vieron mal la criminalización de la protesta social, el hostigamiento laboral y la intimidación hacia quienes levantan la voz”, afirmó. 

El líder sindical acusó que en Nayarit la Fiscalía General del Estado opera como un instrumento de presión política. Sostuvo que se abusa del poder y se fabrican carpetas de investigación incluso contra personas que acudieron a denunciar, mientras existen quejas de ciudadanos, trabajadores y empresarios por despojo de derechos y propiedades. 

La llegada del contingente a Tepic ocurrió alrededor de las 15:30 horas, luego de atravesar la ciudad. En el último tramo se sumaron trabajadores que salían de sus centros laborales, hasta concentrarse frente a la sede de la FGE. 

Cedano Saucedo subrayó que, pese a la magnitud del éxodo y a los riesgos asumidos durante más de 90 kilómetros de caminata, no existió voluntad de diálogo por parte del gobierno estatal ni de la Fiscalía General del Estado. “Pedimos que la fiscal saliera a dar la cara y nunca salió. Buscamos diálogo y no lo hubo. He acudido en varias ocasiones a la fiscalía para dar seguimiento a las carpetas de investigación y simplemente no nos reciben”, afirmó. 

Agregó que la misma cerrazón fue asumida por el gobernador del estado, quien —dijo— tampoco atendió la exigencia de diálogo, aun cuando la movilización reunió a cientos de trabajadores y fue respaldada por amplios sectores de la ciudadanía. “Imagínese una manifestación de este tamaño, con todos los riesgos, y ni siquiera la intención de decir ‘vamos a buscar soluciones’. No hubo respuesta ni del gobernador ni de la fiscal”, señaló. 

El SUBSEM denunció la aplicación selectiva de la ley. Afirmó que existen denuncias contra presidentes municipales, el gobernador y otros funcionarios que no avanzan, mientras que las carpetas contra ciudadanos o trabajadores se integran en cuestión de días. 

También sostuvo que los cargos contra los trabajadores vinculados a proceso carecen de sustento constitucional, al pretender sancionar la manifestación en la vía pública. 

Cedano Saucedo advirtió que la crisis financiera de los ayuntamientos podría detonar nuevas protestas si no hay apoyo estatal. Señaló que, de no rescatarse a los municipios en situación precaria, las participaciones no alcanzarán en los próximos meses, y acusó desvío de recursos de trabajadores municipales sin consecuencias legales. 

Finalmente, el dirigente hizo un llamado directo a la Federación y a la presidenta Claudia Sheinbaum para intervenir en el conflicto: 

“No se puede seguir viviendo bajo el miedo y el abuso de autoridad. Exigimos que la ley se aplique de manera pareja y que no se criminalice la protesta social. Este éxodo no es el final: es el inicio de una defensa social para acabar con el abuso de autoridad y el miedo impuesto por el gobierno.”