SALTILLO, Coah., (apro) .- Jennifer Seifert, fundadora del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, señaló que el marco legal en Coahuila dejó vacíos que son aprovechados para la interpretación en materia de violencia vicaria, delito por el cual se vinculó a proceso a Stella “N", pese a la presunta violencia reiterada que ella y sus hijos menores padecieron por parte de su expareja.

Al trascender el primer caso en el estado donde se configura el delito de violencia vicaria presuntamente cometido por una mujer, la activista señaló la confusión jurídica en torno a un caso que se trataría, en caso de existir, de obstrucción de la convivencia que denuncia el padre de los menores y fundador del colectivo Padres por la Verdad, Johny Emmanuel Robles Martínez.

"Este caso es algo muy lejano a lo que realmente es la violencia vicaria y aquí caemos en las consecuencias de una ley mal hecha; algo que vino mal desde una iniciativa. Coahuila es uno de los estados en donde nosotras no trabajamos la iniciativa y donde no viene especificado justo como una violencia de género hacia las mujeres por la condición de ser mujer, entre otras características", explicó.

El lunes, durante una audiencia de más de seis horas, Stella “N" fue vinculada a proceso por la denuncia interpuesta por su expareja, quien la acusa de maltrato a sus hijos menores y violencia vicaria.

La resolución del juez Reynold Elguézabal provocó indignación entre colectivas feministas, no solo del estado de Coahuila sino a nivel nacional, quienes advierten que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) especificó que la violencia vicaria es un tipo de violencia de género hacia las mujeres.

“Nace o existe la violencia vicaria cuando hay una violencia previa de género y tiene que haber una intencionalidad de poder dañar a esta mujer. En el caso de Coahuila podemos ver que no delimita cuál es el sujeto activo o el pasivo, además que ni siquiera enlista las características de la violencia vicaria y, dejándolo así de abierto, vemos lo grave de las consecuencias al no tener una ley bien trabajada", explicó.

Stella también fue objeto de arresto domiciliario como medida cautelar, desde la audiencia de imputación, hasta este lunes, cuando el juez la modificó y ahora deberá acudir a firmar a un juzgado en el estado de Colima, donde reside y es originaria, hasta que concluya el proceso. Se otorgaron dos meses para ampliar la investigación sobre el caso de violencia contra su expareja.

Para la integrante del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, esos vacíos legales son utilizados por los agresores "para seguir haciendo daño”. El organismo documentó el caso de Stella desde que su expareja empezó a ventilarlo públicamente y a través del colectivo del que forma parte junto con otros hombres, quienes aseguran que las mujeres los han acusado falsamente. 

Afirmó que la ahora acusada vivió una cadena de violencias durante muchísimo tiempo y sigue siendo objeto de esa violencia vicaria, porque se están usando los aspectos legales para violentarla y agredirla a través del sistema legal coahuilense que lo permite.

Insistió que el caso específico, la mujer no ha impedido la convivencia y si así lo fuera el juez no debió configurar la violencia vicaria.

Sostuvo que como organización preparan ya una iniciativa para modificar la ley en Coahuila y que las mujeres puedan acceder a una protección real, más allá de un discurso oficialista como el que existe en la entidad, donde Manolo Jiménez Salinas asegura ser “el gobernador de las mujeres” mientras que se niega la protección no solo a las madres, sino también a sus hijos.

“Es más bien una simulación y en el pasado hemos tratado de tener acercamientos con varias instituciones y no es que nos han cerrado la puerta, pero tampoco nos han dado la bienvenida. Es un simple acercamiento para poder platicar porque sabemos que las capacitaciones que se dan no son correctas y la información no es apropiada y, como ejemplo, ahora tenemos estas resoluciones”, sostuvo.

La activista señaló que no descarta que hubiera algún tipo de presión mediática, pero consideró que es necesario que el Poder Judicial y la Fiscalía local hagan una revisión del caso.

Por su parte Nadja Milena Muñoz, de la colectiva Tribu Noas de Torreón, acusó al presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, de ser parte de ese pacto patriarcal que favorece a los hombres, porque después que el colectivo de Robles Martínez se reunió con el funcionario estatal se agilizó el proceso penal contra Stella.

"Qué casualidad que los recibe y ellos presentan sus denuncias falsas y ahora hay una madre vinculada a proceso, cuando Mery jamás ha recibido a colectivos de mujeres víctimas ni ha tomado los casos que reiteradamente se le ha solicitado. Así funciona el pacto patriarcal: entre hombres se protegen sin importar si están o no obligados a servir a la justicia real; hombres sirviendo a los intereses de los hombres y sacando de lado a las mujeres y los intereses de los niños y las niñas", afirmó. 

La escritora y activista feminista dijo que el caso de Stella también es conocido por la colectiva y hay pruebas de que su expareja es un agresor económico, emocional y ahora vicario que recibe el respaldo por la mala aplicación de una ley que, afirmó, “se encuentra en pañales”.

Dijo que este caso evidenció la forma cómo se mal interpreta una disposición legal creada como mecanismo para proteger a las mujeres. 

"Las colectivas estamos muy enojadas y muy al pendiente y esperemos que mejore la justicia para las mujeres porque para eso fue creada la ley, y lo que están haciendo estos hombres al tergiversarla es aprovechar esas lagunas legales para dañar de nuevo a la víctima y revictimizándola”, sostuvo.