CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización de la sociedad civil Perspectiva de Infancia reclamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el aval que dio el Pleno a la reforma que reconoció la violencia vicaria a nivel federal. 

Dicha organización fue la que solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que impugne la reforma a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de Violencia así como a los Códigos Civil y Penal federales y presentó un amicus curiae ante la SCJN previo a la resolución emitida por los ministros esta semana. 

En su resolución, los ministros reconocieron que la reforma al Código Penal Federal, que incluye la violencia cometida a través de otra persona para dañar a la mujer (violencia vicaria) como un agravante al delito de violencia familiar, está mal redactada y ni siquiera puede ser aplicada por la Fiscalía General de la República (FGR). 

“Expresamos nuestra profunda preocupación por la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que validó reformas legales en materia de violencia vicaria, ignorando las graves afectaciones al Interés Superior de la Niñez y a los Derechos Humanos de este grupo poblacional. 

“A través de un Amicus Curiae que presentamos a la SCJN, en la Acción de Inconstitucionalidad 57/2024 promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), advertimos que las reformas publicadas el 17 de enero de 2024 violentan el marco constitucional y convencional de protección a la infancia, al establecer un régimen de protección desigual y excluyente”, señaló la organización defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Detalló que la reforma discrimina a las infancias porque define a la violencia a través de otra persona como una agresión ejercida exclusivamente por hombres contra mujeres, pero dejó desprotegidos a los niños y adolescentes utilizados por madres agresoras, a víctimas en contextos de familias homoparentales y a quienes son utilizados por otros familiares.  

“Esto genera un trato diferenciado injustificado y contraviene el derecho a la igualdad y no discriminación reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño”, agregó. 

“Las consecuencias jurídicas previstas en la reforma (pérdida de patria potestad, restricción de convivencia, etc.) se deciden desde una óptica adultocéntrica y de género, sin ponderar el Interés Superior de la Niñez como consideración primordial, y sin reconocer a las Niñas, Niños y Adolescentes como sujetos de derechos con autonomía progresiva”. 

Reclamó que la reforma no fue emitida con perspectiva de infancia y justicia especializada, pues la violencia vicaria no fue incluida en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, lo que incumple la obligación del Estado de crear marcos legales especializados que garanticen una justicia adaptada, protección diferenciada y medidas integrales para la infancia. 

“La norma permite la restricción severa de derechos familiares sin garantizar el derecho del niño a ser escuchado, sin justificar judicialmente que dicha restricción es excepcional y necesaria, y sin priorizar la consolidación de su realidad familiar”, apuntó la organización.