CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Administración del IPN, Javier Tapia Santoyo fue suspendido de labores por mandato de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. 

El director general del Politécnico giró instrucciones hoy para que se acate de manera inmediata la suspensión dictada en lo que se lleva a cabo la investigación por los presuntos hechos de corrupción que se le imputan. 

Sin embargo, la dicha suspensión es medida cautelar. 

“Se deberá suspender temporalmente del cargo de Secretario de Administración del Instituto Politécnico Nacional al C. Javier Tapia Santoyo, sujeto a investigación, y por ende, durante la vigencia de la medida cautelar, se deberá suspender el acceso de dicho servidor público a la cuenta de correo electrónico jtapias@ipn.mx y a la documentación, cuentas de sistema y aplicativos institucionales del IPN a los cuales se le haya dado acceso con motivo de sus funciones. Del mismo modo, se deberá suspender todo uso de recursos públicos financieros, humanos y materiales que en su caso dicho Instituto hubiera asignado al servidor público”, se precisó en el oficio UCI/DGI/520/289/2025. 

Asimismo, el pasado 26 de noviembre, el director General de Procedimientos y Resoluciones de la Secretaría, Carlos Moreno Solé indicó la pertinencia de poner los acuerdos en marcha inminentemente, debido al riesgo latente de que Tapia Santoyo manipule o elimine alguna prueba que pudiese resultar contraria a sus intereses.  

En contraste, Marx Yazalde Ortiz Correa, abogado general del IPN, intenta ganar tiempo a favor del acusado y le informó que la pausa en sus actividades debería ser acatada hasta la segunda quincena de diciembre. Lo anterior fue revertido por instrucciones del director del Poli. 

De acuerdo al expediente, las averiguaciones tienen por objeto esclarecer si incurrió, entre otras, en presuntas faltas administrativas graves de desvío de recursos  y enriquecimiento ilícito previstas por los artículos 54 y 60 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya que entre 2019 y 2022, recibió depósitos en cuentas bancarias propias y de las personas morales Human Mobile Systems, S.A.P.I de C.V. y Labi Scientific, S.A. de C.V., las cuales supuestamente no coincidirían con lo reportado a los instrumentos de rendición de cuentas. 

El documento también especifica que con el fin de “garantizar al C. Javier Tapia Santoyo, su derecho a un mínimo vital, mediante el pago salarial equivalente al 30% (treinta por ciento) de sus percepciones ordinarias reales, verificando que la remuneración a erogarse, no sea inferior al salario tabular más bajo que se cubra en el IPN, así como la subsistencia de los servicios otorgados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y en su caso, el pago proporcional de las primas de los seguros a los que con motivo de sus funciones es acreedor”.  

Tapia Santoyo se unió al IPN en marzo de 2021, por lo que las posibles irregularidades también incluirían su paso por el ISSSTE. 

Historial de irregularidades  

Dentro de la carpeta DGI/DI-A/IPN/28/2025, integrada por el director General de Investigación de la Secretaría Anticorrupción, José Octavio Pérez Nava, destacó como antecedente que apenas el 9 de septiembre pasado el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) inhabilitó por un año a Javier Tapia Santoyo, tras haberse considerado que ocultó su enriquecimiento. 

Los diferentes casos han sido publicados en Proceso a lo largo del presente año. 

Adicionalmente, como parte de los precedentes se incluyó la denuncia de Gerardo Rivadeneyra Nungaray, titular de la Asociación de Ciudadanos Unidos para Erradicar la Corrupción (ACUEC) ante el Órgano Interno de Control del IPN por la presunta limitación a la libertad de competencia dentro del proceso IA-11-B00001-N-2187-2025.  

Según la descripción de los hechos, los requisitos habrían sido manipulados para favorecer con un contrato de limpieza multianual a Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales, firma que resultó adjudicada el año pasado; no obstante, la finalmente ganadora de un convenio por más de 2 mil millones de pesos, con vigencia hasta 2028, fue Servicios Integrales Retimar. 

Éstas no con las únicas compañías que figuran en las indagaciones y se relacionan sectorialmente a José Juan Reyes Domínguez y José Juan Reyes Mote -supuestos líderes del llamado ‘cártel de la limpieza’- dentro de las operaciones financieras que presuntamente mostrarían riesgos por comportamiento inusual se anotaron dispersiones a favor de Grupo Relissa Servicios Corporativos por más de 280 millones de pesos, empresa que se encargó de la limpia de instalaciones en el ISSSTE cuando era dirigido por Luis Antonio Ramírez y cuando Tapia Santoyo se encontraba en sus filas, a pesar que se pidieron indagaciones debido a que la concursante habría dado como domicilio una bodega abandonada.