GUADALAJARA, Jal. (Proceso).- Colectivos, madres y abogadas denuncian que la reforma legal sobre violencia vicaria que se promulgó en esta entidad es un rotundo fracaso, ya que el Congreso local no lo tipificó como un delito autónomo, sino como un agravante al delito de violencia familiar. Denuncian que la ley sólo existe en papel (desde junio de 2024), sin embargo es inoperante y muy difícil de aplicar debido a una redacción técnica deficiente que las víctimas califican de "letra muerta" y de "simulación". 

La organización Civilidad para Transformar subrayó que Jalisco es el estado número uno en prevalencia de violencia vicaria, pues concentra el 21% de los casos a nivel nacional. 

Colectivos que presentaron amparos contra la reforma exigen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalide partes de la ley de Jalisco o que obligue al estado a reformarla nuevamente para que sea un delito claro, autónomo y fácil de perseguir, "sin revictimizar a las madres".

Denuncian que con la legislación actual los problemas clave incluyen acusaciones falsas, secuestro de niños y control financiero por parte de los agresores. Además, persisten los desafíos legales debido a la violencia institucional y la falta de capacitación en perspectiva de género entre el personal judicial.

La asociación Civilidad para Transformar, en colaboración con el despacho jurídico Ramos de la O y la recién formada colectiva Marea Incondicional —que participan en el programa "Maternando Justicia", que ayuda a las víctimas de violencia vicaria, violencia familiar y violencia de género a acceder a la justicia— presentaron un informe sobre la situación de la violencia vicaria en Jalisco, tras la aplicación del proyecto en 2024 y 2025 que acompañó a más de 60 casos, con foco en 30 casos analizados y 11 apoyados integralmente.

La directora general de Civilidad para Transformar, AC, Ana Paula Sandoval Jiménez, indicó que atestiguaron la falta de acceso a la justicia para las víctimas y detectaron la necesidad de reformas legislativas. La asociación civil (con 13 años de actividad, se enfoca en la promoción de la equidad de género) brinda atención a mujeres víctimas de violencia vicaria, familiar y de género, y ofrece acompañamiento, orientación y asesoría gratuita.

Actualmente llevan el proceso integral de 11 madres víctimas de violencia vicaria, incluye la representación jurídica familiar, acompañamiento penal y psicológico.

"La violencia vicaria es una violencia de género que viene precedida de violencia familiar. Cuando la víctima ya no puede soportar más estas violencias, que pueden ser ejercidas de diferentes maneras, decide terminar esa relación, salirse de ese proceso, entonces el agresor, al perder el control sobre la víctima, traslada el ejercicio de la violencia a una persona cercana o a quien más le importe o a quien quiera la víctima, que generalmente son sus hijos", explicó Ana Paula Sandoval.

El Congreso de Jalisco está en vías de aprobación de una nueva reforma sobre el tema que plantea tipificar como delito la violencia vicaria. El dictamen ya fue aprobado en la comisión de Igualdad Sustantiva.

Informe alarmante

El informe presentado por las organizaciones revela que 100% de los casos presentaban violencia previa: psicológica, económica, física, sexual, patrimonial, laboral y casos de privación de la libertad y tentativas de feminicidio.

En 20 de 30 casos tuvieron que presentar denuncias penales en el Centro de Justicia para la Mujer por violencias previas, entre ellas que los agresores no aportaban económicamente a la familia y en todos los casos en los que hubo un convenio previo, la violencia económica se institucionalizó, con la mayoría de los agresores sin pagar pensión alimenticia o condicionándola.

En cuanto a la violencia vicaria, el informe reflejó que 14 de 30 madres fueron denunciadas falsamente por los progenitores; 27 de 30 recibieron amenazas de que les quitarían a sus hijos; a 20 de 30 madres les quitaron a sus hijos; 8 de 30 fueron obligadas a pagar pensión alimenticia a los agresores después de una sustracción ilegal de menores, y ocurrieron cuatro sustracciones de menores que derivaron de hechos graves de violencia como tentativas de feminicidio o maltrato.

El informe también subraya la prevalencia de la violencia institucional, pues por lo menos la mitad de los agresores tienen capacidad de influir debido a su alto nivel económico, relaciones o cargos importantes (militares, servidores públicos, catedráticos).

La mayoría de los agresores están en proceso de denuncias.

Obstáculos en el acceso a la justicia

El acceso a la justicia en casos de violencia vicaria es un desafío significativo. Los 11 casos acompañados por Civilidad para Transformar generaron 14 juicios ordinarios, 37 juicios de amparo, 17 recursos de revisión, tres recursos de apelación y 20 recursos de queja. Una sola madre lleva 27 procesos activos en dos años.

Las víctimas denuncian que sufren violencia institucional por parte de servidores públicos que no están capacitados, no entienden ni conocen este tipo de violencia, lo que impide su reparación.

Exponen que hay una mala integración de las carpetas de investigación y falta de especialización y sensibilidad en temas de género, lo que lleva a la revictimización al tomar denuncias y poco acceso a las carpetas de investigación para las víctimas y los jueces no juzgan con perspectiva de género.

Añaden que en Centros de Justicia para la Mujer (CJM) no se toman las denuncias adecuadamente, se minimizan los delitos o se clasifica erróneamente la violencia vicaria como violencia familiar. Han observado irregularidades como la concesión de guarda y custodia provisional a agresores, incluso con pruebas de falsedad de declaraciones y fraude procesal.

Sandoval Jiménez compartió que la revictimización en el Centro de Justicia para la Mujer es una práctica común: "A mí me ha tocado escuchar que le dicen, 'señora, pero pues no pasa nada, dice el papá'. O incluso en estos asuntos que sí tenemos el registro, en el CJLM les han dicho 'señora, vaya y recupere usted al niño, vaya y róbeselo'”.

"El año pasado pedimos por transparencia cuántos jueces de los 19 juzgados familiares contaban con capacitación en perspectiva de género y ninguno" la tiene, expuso la abogada Paula Sandoval.

Un ejemplo reciente es el caso de una jueza que vinculó a proceso a un agresor por violencia familiar, pero no por violación, a pesar de reconocer la violencia sexual, dejándolo en libertad con medidas cautelares simples.

Además, los procesos judiciales son costosos. La cantidad de juicios (ordinarios, de amparo, recursos de revisión, apelación, queja) hace que el acceso a la justicia sea inaccesible para la mayoría de las víctimas si tuvieran que pagar abogados particulares.

La legislación también ha propiciado la presentación de denuncias falsas contra las víctimas. Los agresores denuncian falsamente a las madres por maltrato infantil, allanamiento, entre otros delitos, lo que revictimiza a las mujeres y las obliga a enfrentar procesos legales adicionales.

En casos de abuso sexual infantil, especialmente con menores de corta edad (como un caso de un niño de dos años), es muy difícil obtener las pruebas necesarias debido a la falta de peritos especializados. Los menores son manipulados por los agresores, lo que se evidencia en "escuchas de menores" en denuncias armadas con lenguaje inapropiado para su edad.

De la violencia vicaria al intento de feminicidio

Un caso extremo de violencia vicaria es el de Summer García, quien narró su historia de violencia vicaria. Comenzó en noviembre de 2021, cuando se separó del padre de su hijo debido a agresiones económicas, verbales y en ocasiones violencia familiar. Ella huyó de la violencia con su hijo.

"Siempre tuve mucho miedo de separarme, ya que de parte de él siempre había comentarios como ‘el día que te separes de mí te vas a olvidar del niño. Tengo trabajo estable y suficiente dinero para poderte quitar al niño’, entonces pues siempre hubo esa parte de temor por cualquier cosa que fuera a pasar", relató.

En enero de 2022, el padre de su hijo la engañó para que fuera a su casa con el pretexto de celebrar el cumpleaños del niño. Una vez allí la agredió físicamente, intentó ahorcarla y asfixiarla contra la cama y con una almohada. Su hijo, que estaba dormido, se despertó y su llamado la impulsó a seguir forcejeando.

En un principio logró escapar del departamento con su hijo, pero el padre se puso más violento y le quitó al niño. Ella estaba muy lastimada y en shock y el agresor se quedó con el hijo. El padre de Summer, que llegó a ayudarla, le dijo que no se habían podido traer al niño porque el agresor portaba un arma, posiblemente un cuchillo.

Summer acudió al centro de justicia, donde presentó la denuncia por la agresión. La carpeta de investigación inicialmente fue marcada como feminicidio en grado de tentativa, pero luego fue reclasificada a lesiones sin que el Ministerio Público le explicara las implicaciones legales de esta decisión. Al agresor sólo le ordenaron pagar 8 mil pesos como reparación, mientras que él presentó una demanda contra Summer: la acusó de abandono de hogar y solicitó manutención.

A pesar de la denuncia, en Ciudad Niñez le dijeron que el padre tenía el mismo derecho que ella. El agresor fue notificado de la denuncia y le dijo que se olvidara del niño, que no lo volvería a ver.

Summer estuvo siete meses sin ver a su hijo, y cuando lo hizo fue en una reunión del Centro de Convivencia Familiar. En julio de 2022, logró un acuerdo para ver a su hijo, pero el juzgado lo negó posteriormente. Volvió a estar dos meses sin ver a su hijo.

Summer ingresó al padrón de deudores alimentarios con una deuda acumulada de más de 140 mil pesos. El monto es calificado como absurdo, ya que ella era estudiante y dependía de sus padres.

Actualmente la madre sólo puede ver a su hijo en el Centro de Convivencia Familiar (Cecofam) cada 15 días, y si cierra, pierde la convivencia. Summer ha notado que su hijo manifiesta signos de vivir mucha violencia en casa de su padre y que Cecofam a veces protege a los agresores. Ha presentado múltiples escritos para la restitución de la custodia, ya que nunca hubo abandono de hogar por su parte. Su hijo, a los dos años y medio, mencionaba que ella lo había abandonado, lo que le hace pensar en que hay alienación parental.

"Mi hijo mencionaba a los dos años casi cuando lo volví a ver que yo lo había abandonado, o sea, ya ahí entra mi duda, ¿cómo un niño de dos años y medio tiene la noción de un abandono? O sea, ni siquiera sabía qué era. Le preguntamos por qué lo decía y contestaba ‘es que mi papá me dijo esto”, relató la mujer.

Para Summer la justicia en Jalisco ha sido lenta, señala que no ha recibido el apoyo que esperaba, a pesar de tener carpetas de investigación sólidas. "No entiendo cómo con denuncias falsas y absurdas llegan a darles a ellos la custodia. Nos dejan a nosotras sin ser escuchadas, cuando nosotras tenemos tal cual nuestras carpetas de investigación, y pues no nos escuchan como deberían. Es una desesperación muy grande la que vivimos tanto yo como todas mis compañeras de lucha, el no tener respuesta, ni algo seguro, ni con quién acudir en temas de justicia en Jalisco”.

Amparo y demandas 

Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció en cuatro acciones de inconstitucionalidad a la violencia vicaria como una forma de violencia de género —“una violencia que afecta sólo a las mujeres por la manera en que contextualmente se desarrolla”—, en Jalisco este ordenamiento se desacata, indicó René Ramos, socio del despacho Ramos de la O.

“El Congreso del Estado subsumió esta violencia como parte de la violencia familiar, como agravante. Dijo: ‘Bueno, la violencia vicaria es un agravante de la violencia familiar’, y eso no es correcto. Si se clasifica así, se invisibiliza que únicamente las mujeres la sufren y se diluyen las afectaciones específicas”, apuntó.

Por ello, Civilidad para Transformar y el despacho Ramos de la O promovieron desde el año pasado un amparo para que la violencia vicaria sea reconocida como delito autónomo y no como un simple agravante. Buscan que se repare de forma específica este tipo de violencia. El recurso está en su última instancia.

Hace unas semanas solicitaron a la SCJN que reasuma la competencia y atraiga el caso, por las particularidades que presenta, para resolver sobre la legislación vigente en Jalisco.

Las activistas también piden a los diputados del Congreso del estado que reformen la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal estatal, con el fin de tipificar la violencia vicaria como delito autónomo y reconocer su componente de género. Y esperan una pronta dictaminación de la Comisión de Igualdad Sustantiva para su aprobación.

Dirigieron un llamado específico a las diputadas de Movimiento Ciudadano —Lourdes Selenia Contreras González, Adriana Gabriela Medina Ortiz y Montserrat Pérez Cisneros— para que asistan y no dilaten el proceso.

Cesna Félix, beneficiaria del programa “Maternando Justicia” y quien presentó la colectiva Marea Incondicional —integrada por madres víctimas de violencia vicaria que transforman el dolor en acción mediante acompañamiento legal, redes de apoyo y actividades de empoderamiento— señaló que la legislación aprobada el año pasado es inoperante. “Como víctima puedo compartir, y creo que es un sentimiento que comparten mis compañeras, que esta ley tiene muchos candados. Es muy difícil acceder a ella y sigue tratándose como agravante de violencia familiar”.

“La violencia vicaria es una de las violencias más crueles, porque es una tortura constante que amenaza con quitarte, esconderte o seguir violentando lo que más amas, que en nuestro caso son nuestros hijos e hijas”, dijo.

Piden que la nueva legislación incluya un “candado de género” claro, que quedó “descafeinado” en la ley previa, para asegurar la tipificación autónoma con todos los tipos penales correspondientes.