TOLUCA, Edomex (apro).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a Mariela “N” y Gustavo “N”, otros dos presuntos implicados en el homicidio de siete de los 13 bebés que fallecieron en noviembre de 2024 en hospitales mexiquenses por choque séptico producido con el suministro de un suplemento alimenticio contaminado con la bacteria Klebsiella oxytoca.  

De esta manera, ya son cinco las órdenes de aprehensión cumplimentadas contra igual número de personas, todas empleadas de la empresa Safe Productos Hospitalarios S.A. de C.V., fabricante de la fórmula Nutrición Parenteral Total (NPT) contaminada.  

Los nuevos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial al interior de un centro penitenciario para que determine su situación jurídica.   

Apenas este martes, la FGJEM informó sobre el aseguramiento de Claudia “N”, ingeniero de Calidad en Manufactura; Citlalli “N”, ingeniero de Calidad, y Gloria “N”, supervisora de Manufactura y Calidad, y sobre la existencia de otras dos órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar.  

La Fiscalía indicó que durante las diligencias practicadas en instalaciones de la empresa ubicadas en Santa Ana Tlapaltitlán, municipio de Toluca, detectó graves deficiencias en las prácticas de preparación de la fórmula, que confirmó con análisis de laboratorio y opiniones técnicas recabadas con especialistas en química, hemocultivos, microbiología y medicina legal.   

Expuso que los detenidos, a pesar de poseer los conocimientos técnicos, profesionales y especializados en la manipulación y elaboración de nutrición parenteral, no se apegaron a los estándares normativos en el desempeño de sus funciones.  

La Fiscalía mexiquense informó que investiga si los detenidos también tuvieron responsabilidad en los otros seis decesos, sin descartar la participación de otras personas físicas y morales diversas que pudieran estar relacionadas.  

También indicó que solicitó audiencia de formulación de imputación en contra de la empresa por su probable intervención en delitos contra el consumo al haber alterado la calidad del producto que causó la muerte a los menores, de manera que también deberá enfrentar su responsabilidad penal y administrativa ante las autoridades correspondientes.