GÓMEZ PALACIO, Dgo., (apro) .-El Juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna determinó que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado de Durango han sido omisos y han incumplido sistemáticamente con la implementación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), declarada hace más de seis años. 

La resolución, emitida el pasado 29 de agosto, surge como respuesta al juicio de amparo 251/2024 interpuesto por la Fundación por la Promoción, el Desarrollo y el Empoderamiento (FUNPRODEM), promovente de la AVGM, que denunció la inacción prolongada de las autoridades duranguenses frente a los mandatos establecidos en la declaratoria de la Alerta, decretada el 7 de noviembre de 2018. 

El amparo fue concedido contra las omisiones del Congreso del Estado, el Gobernador y el Tribunal Superior de Justicia. 

A través de un comunicado, Sandra Sierra, presidenta de FUNPRODEM, señala que en el fallo, el Juzgado Federal establece que “se han vulnerado los derechos de seguridad e integridad de las mujeres, en específico respecto del deber del Estado de garantizar su acceso a una vida libre de violencia”.  

El magistrado determinó que las medidas omitidas están acreditadas y que su incumplimiento, tras el plazo, es “injustificable”. 

La AVGM es un mecanismo que pretende “mejorar la calidad de vida de las mujeres mexicanas, pues a través de éste se implementan en un territorio determinado las acciones necesarias para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, según la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. 

Sin embargo, en el cuarto y último informe del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario que emite y vigila el cumplimiento de dichas medidas, fechado el 9 de agosto de 2024, se establece que, de las 33 recomendaciones emitidas para Durango, sólo se ha cumplido una; cinco están en proceso y 27 están incumplidas. 

Ante esto la sentencia ordena a las autoridades demandadas que emprendan las acciones para instrumentar cada una de las medidas pendientes. El cumplimiento se declarará una vez que las autoridades demuestren haber iniciado dichas acciones e informen de sus avances al Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), que evaluará los avances. 

Entre las medidas incumplidas que el Juzgado identificó, se encuentran: 

• En Seguridad: Fortalecer policías especializadas en violencia de género; crear o fortalecer albergues en las regiones del estado; e implementar protocolos de actuación para la policía en todos los municipios. 
• En Justicia y Reparación: Fortalecer el sistema de registro de casos; garantizar la idoneidad del personal especializado en las fiscalías; establecer un mecanismo para investigar y sancionar a autoridades omisas; y crear planes de reparación del daño para las víctimas. 
• En Prevención: Consolidar un sistema de información estadística sobre violencia; fortalecer la emisión y seguimiento de órdenes de protección; implementar un Programa de Capacitación con perspectiva de género; y establecer una estrategia de no violencia en el sector educativo. 
• La sentencia obliga a los tres órdenes de gobierno a actuar de forma coordinada para atender la crisis de violencia de género que afecta a las mujeres en la entidad. Se espera que las autoridades acaten el mandato judicial.