SALTILLO, Coah., (apro) .- Padres de familia denunciaron las irregularidades y falta de intervención por parte de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia así como del Centro de Empoderamiento de la Mujer en Coahuila, quienes mantienen medidas de restricción para la convivencia con sus hijos. 

Alrededor de una veintena de personas afectadas integraron el colectivo “Padres por la verdad" y se manifestaron ante las instancias estatales para dar a conocer que algunas de las resoluciones se basaron en denuncias falsas de violencia familiar y no intervinieron tras la sustracción de menores o la determinación de la madre para no permitir que vean a sus hijos. 

El colectivo surgió después del caso de la detención en las instalaciones de PRONNIF de Javier “N", un promotor de Derechos Humanos, a quien le establecieron una orden de restricción pero su hija corrió a abrazarlo en una audiencia y el Ministerio Público determinó la violación a la medida.  

El hombre estuvo detenido por más de 24 horas, permaneció incomunicado en las celdas de la policía municipal de Saltillo sin ponerlo a disposición de algún juez, mientras que a su familia se le negó información de su paradero por lo que aseguraron que las autoridades lo mantuvieron desaparecido.  

Carlos García, quien impulsó la creación de este colectivo y es uno de los padres afectados, denunció que existe un modus operandi de las dependencias estatales coahuilenses con las cuales se afecta a los niños y las niñas.  

Él lleva casi cinco meses sin poder ver a sus dos hijas de 9 y 7 años de edad, quienes le dijeron ser objeto de violencia por parte de la madre y al denunciar el caso recibió también la notificación que su exesposa presentó una denuncia por violencia familiar y se le dictó la medida cautelar de no acercarse a sus hijas. 

“Soy un padre obstruido por denuncias falsas que se presentaron en el Centro de Empoderamiento. La madre de mis hijas, para no venir a presentarse en la PRONNIF, donde denuncié la violencia que sufrían mis hijas, me levanta una denuncia falsa en el empoderamiento y me obstruyeron por completo porque me levantaron una orden de restricción. En PRONNIF me dicen que no hay violencia contra las niñas, cuando hay evidencias con videos y testimonios”, señaló. 

Afirmó que saben de 23 casos de hombres que se encuentran en situaciones similares por las decisiones de funcionarias que reciben las denuncias de violencia contra las mujeres, varias de las cuales resultaron falsas como el caso de Jaime “N". 

Dijo que los padres de familia cumplen con el pago de pensiones alimenticias y otros gastos adicionales, pero las autoridades dan validez a denuncias de violencia familiar por parte de las madres, aunque no haya pruebas de ello. 

Jhonny Emmanuel Robles es otro padre de familia afectado por las autoridades de Coahuila y quien debe de recorrer 915 kilómetros hasta el estado de Colima para ver a su hija y su hijo, quienes fueron sustraídos por su expareja, sin que las autoridades intervinieran.  

“Yo he estado solicitando por medio de amparos y de denuncias la convivencia con mis hijos y la restitución también de los mismos, ya que la sustracción se hizo con mentiras. Únicamente me han permitido hacer unas videollamadas, me han puesto órdenes de restricción y me ha limitado poder comunicarme con mis hijos”, señaló. 

Desde abril del 2024, su expareja presuntamente sustrajo a los menores y aunque inició un procedimiento en el Poder Ludicial local, la Sala de lo Familiar perdió la documentación y hasta la fecha no ha logrado que los retornen y tampoco que analicen en profundidad el caso, en el que también documentó la violencia física y emocional que sufre su hija, mientras que su hijo interrumpió los tratamientos médicos por su condición de talla pequeña, que recibía tanto en Saltillo como en Monterrey.  

Por su parte Carla Rivera Téllez, hermana de Jaime “N", coincidió en que existe un modus operandi en las instituciones que deben de velar por la protección de los niños y las niñas, y que al igual, como ocurre con su hermano, dichas instancias gubernamentales responden con las órdenes de restricción a denuncias falsas por violencia familiar que interponen las madres de familia.  

Dijo que lo que se busca es que se escucha a los niños y las niñas, porque en el caso de su sobrina no lo hicieron pese a que la menor les gritaba a las funcionarias que no quería regresar con su madre por el maltrato que recibía, y del cual también responsabilizó al abuelo materno. 

“Se denuncia al padre por violencia familiar y se establece una orden de restricción, pero esta es hacia el hacia los padres no hacia los hijos y PRONNIF no interviene. La dependencia no está garantizando el derecho de la niñez para ver a sus papás. Mi hermano estuvo un año sin ver a mi sobrina, pero hay casos de papás que llevan hasta 5 años sin poder verlos", explicó. 

Consideró que las órdenes de restricción son en realidad separaciones arbitrarias que están dañando a los hijos y a sus padres.  

En el caso de su hermano mencionó que no existe ni siquiera una resolución judicial que establezca la restricción, pero ninguna autoridad interviene pese a la denuncia presentada porque la madre de la pequeña cambió de domicilio e inscribió a la menor en otra escuela, sin notificarlo a las propias autoridades ni al papá.  

“A mi sobrina la escondieron totalmente, no fue ninguna resolución; nadie lo ordenó así pero la madre decidió que así fuera. Es totalmente arbitrario y así les pasa a todos los papás. PRONNIF debería ser la encargada de poner presión y no lo hace. A la madre se le citó tres veces y no vino y no pasó nada”, manifestó. 

Rivera Tamez dijo que las autoridades requieren de mayor capacitación en el área de Ministerio Público y psicólogos, porque en el caso de su sobrina no hubo empatía ante la súplica de que no la regresarán con su madre.