CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Una jueza federal ordenó al gobierno de Evelyn Salgado la construcción de aulas, instalación de sanitarios y el envío de maestros a una secundaria de la comunidad San Pedro Petlacala, municipio de Tlapa, región de la Montaña, para garantizar a estudiantes nahuas el derecho a la educación.  

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan por su parte recordó que, ante la falta de atención del gobierno del estado, han tenido que recurrir en ocho ocasiones a tribunales para exigir la asignación de maestros a escuelas de la región.   

La mañana del miércoles 10 de septiembre, en conferencia de prensa, el presidente del comité de padres, Antonio Reyes; el comisario, Mario Pacheco; el abogado Isidoro Vicario y el director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera, dieron a conocer la sentencia de un amparo promovido para garantizar el derecho a la educación y a la infraestructura física educativa a los estudiantes de la escuela secundaria Roberto Mejía Guzmán. 

También estuvieron la directora Elisa Romero y los padres Paulina Espinoza y Aurelio Calleja. 

La Escuela Secundaria Técnica 229 Roberto Mejía se fundó en 1997 y ante el desdén de las autoridades desde el año 2000 los habitantes aportaron dinero y trabajo para construir un edificio para dos aulas, una bodega y la dirección. 

No obstante, la construcción presenta fisuras pronunciadas en sus paredes a consecuencias de los temblores, además de goteras, hundimiento en el techo y el desprendimiento de pedazos de concreto por el paso del tiempo. 

Y desde marzo de 2023 no cuentan con profesores de Educación Física, Geografía, Historia y Formación Cívica y ética.  

En la conferencia se informó que después de 25 años de gestiones infructuosas ante autoridades locales y estatales, en febrero de 2024 presentaron el amparo indirecto ante el Juez Séptimo de Distrito con sede en Chilpancingo. 

La demanda, dijeron, es el último recurso legal con que cuentan los niños y las niñas de la comunidad para acceder a la educación y pone a prueba las reformas en materia de amparo y derechos humanos para exigir judicialmente los derechos sociales de las comunidades indígenas.  

El 28 de agosto de 2025, la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, concedió el amparo y protección de la justicia a la comunidad San Pedro Petlacala para que la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado, la SEG y el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa elaboren y aprueben un plan integral de cumplimiento a la demanda. 

El plan debe contener un diagnóstico técnico del plantel y su entorno; un calendario para la construcción o rehabilitación de aulas seguras y suficientes; instalación de sanitarios y servicios básicos; dotación de mobiliario escolar mínimo; habilitación de un centro de cómputo con conectividad funcional para nivel secundaria y un esquema de mantenimiento. 

Además, designar personal docente para cubrir a la brevedad y de manera continua las asignaturas de historia, geografía, formación cívica y ética y educación física. 

Las madres y padres de familia exhortaron a la gobernadora, a las SEG y al IGIFE a acatar la sentencia de amparo dictada por la Jueza Séptimo del Estado para garantizar plenamente el acceso a la educación de los estudiantes indígenas nahua.   

El antropólogo Abel Barrera explicó que con el poco dinero que tienen los padres de familia hacen un sacrificio para comprar uniformes y material educativo, además de cooperar todo el tiempo en las escuelas para que sus hijos estudien, pero que las autoridades no están cumpliendo. 

“No están a la altura, les niegan los servicios, la mayoría de escuelas están obsoletas, los edificios se están cayendo, en las losas se filtra el agua, las paredes están agrietadas, sanitarios ni hay y donde hay no funcionan, no tienen servicio de agua potable”. 

Dijo que la comunidad de Petlacala es un ejemplo de organización entre padres de familia, maestros y las autoridades de la comunidad.  

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y padres de familia han presentado durante 2024 otros cinco amparos indirectos y en 2025 dos. 

En los recursos se han solicitado maestros para la primaria Ñuu Cuahan, de Villa de Guadalupe, municipio de Metlatonoc; el preescolar indígena Yozo Tuni, de Llano de Tepehuaje, municipio de Metlatonoc; el preescolar indígena Francisco Primo de Verdad y Ramos, de Almolonga de Ocampo, municipio de Alcozauca; la primaria Benito Juárez, de Loma Bonita, municipio de Metlatonoc; y para el prescolar de Los Reyes Magos, municipio de Metlatonoc. 

Así como para la primaria de Mixtecapa, municipio de San Luis Acatlán y la secundaria técnica de El Carmen, municipio de Xochistlahuaca. 

Un caso que ilustra el desinterés de las autoridades estatales es el de la escuela primaria Benito Juárez de la localidad Loma Bonita, de Metlatonoc. 

En ese centro escolar los maestros decidieron dejar de presentarse ante la falta de condiciones de seguridad en la comunidad. 

Tras el amparo indirecto promovido por los padres de familia, el 6 de mayo de 2025 un juez ordenó a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) designar de manera permanente a dos profesores.   

A la gobernadora morenista Evelyn Salgado le decretó ejercer sus atribuciones de garantizar la protección y la seguridad de las niñas y niños de esa escuela primaria, mediante la disposición de las corporaciones policiales municipales y estatales, a fin de que, se garantice la cobertura y calidad de la educación pública. 

La SEG presentó a los dos profesores a la escuela, pero la mandataria interpuso un recurso de revisión contra la sentencia porque, a su decir, su gobierno no tiene la obligación de garantizar la seguridad de los maestros ni de las niñas y niños de esa comunidad, informó el organismo de derechos humanos.