TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro) .- Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales exigen al Estado mexicano la liberación inmediata de Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, cinco defensores indígenas tseltales originarios de San Juan Cancuc, detenidos arbitrariamente desde hace más de tres años. 

En un pronunciamiento conjunto señalan que, en mayo de este año, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU concluyó que la privación de libertad de los cinco defensores constituye una detención arbitraria, resultado de un proceso judicial injusto, sin fundamento legal y cargado de discriminación. 

Los hechos se remontan a mayo de 2022, cuando los defensores fueron detenidos tras la muerte de un policía municipal. Desde entonces, han enfrentado un proceso plagado de irregularidades, entre ellas la fabricación de delitos, la falta de traductores pese a que el español no es su lengua materna, y la incomunicación de tres de ellos durante 24 horas, lo que el Grupo de Trabajo calificó como desaparición forzada. 

Los cinco detenidos han sido reconocidos como defensores de derechos humanos y del territorio, han participado activamente en la oposición a megaproyectos como la autopista San Cristóbal de Las Casas-Palenque, así como a la militarización en sus comunidades. Su activismo y su pertenencia al pueblo indígena tseltal son, según la ONU, los motivos reales detrás de su criminalización. 

El Grupo de Trabajo considera que la detención fue discriminatoria, motivada tanto por su labor como defensores como por su origen indígena. Esta situación refleja un patrón sistemático de criminalización contra quienes defienden el territorio en Chiapas, en beneficio de intereses estatales, empresariales y del crimen organizado. 

Ante esta grave violación de derechos humanos, las organizaciones firmantes hacen un llamado urgente al Estado mexicano a: Liberar de forma inmediata a los cinco defensores tzeltales; implementar un plan de reparación integral, con participación de las víctimas y sus familias, además de investigar de manera independiente la privación arbitraria de libertad y las violaciones conexas. 

La sociedad civil nacional e internacional, así como organizaciones como el EZLN, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y figuras como el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, han expresado su preocupación por este caso y por el contexto de criminalización que enfrentan las comunidades indígenas en Chiapas. 

La liberación de los cinco defensores es una obligación legal para México, no una opción. Exigimos que el Estado cumpla con los compromisos internacionales que ha adquirido, tal como lo hizo en 2021 con un caso similar, manifiestan organizaciones como ACAT Francia, Frontline Defenders, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, OMCT, IPRI.