TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas (apro).- Personalidades nacionales e internacionales alzaron la voz para exigir la liberación de Manuel Santiz Cruz, indígena tseltal de San Juan Cancuc, quien se encuentra preso desde 2022 por homicidio, un delito que, afirman, no cometió. 

Santiz Cruz, quien fuera coordinador de Derechos Humanos en su región, aseguran, fue detenido de forma irregular y sentenciado inicialmente a 25 años de prisión por el supuesto asesinato de una persona. 

Tras una apelación impulsada por la Clínica de Litigio Indígena y Formación en Derechos Humanos (CLIFODH), su condena fue reducida a 18 años y 6 meses. No obstante, su proceso estuvo plagado de irregularidades legales, violaciones al debido proceso, incomunicación y uso excesivo de la fuerza, denuncian sus defensores. 

Señalan que recientemente el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU concluyó, tras una investigación internacional, que la privación de la libertad de Santiz Cruz fue arbitraria y violatoria de múltiples artículos tanto de la Declaración Universal de Derechos Humanos como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

“No sólo el proceso de su juicio y defensa legal fue deficiente, sino que la detención fue ilegal, ya que se ejecutó sin órdenes de aprehensión, se le incomunicó y permaneció en condición de desaparición forzada por 24 horas, sin abogados, sin intérpretes, con uso excesivo de la fuerza, entre otras anomalías, atropellos e ilegalidades”. 

En opinión número 21/2025, el organismo de la ONU exhortó al gobierno mexicano a liberarlo de forma inmediata y a otorgarle una reparación integral por los daños sufridos. 

Entre los firmantes del pronunciamiento público se encuentran figuras como la actriz Ofelia Medina, el actor y director Daniel Giménez Cacho, la filósofa Fernanda Navarro, la cineasta Natalia Beristain y activistas como Bertha Zúñiga Cáceres (COPINH-Honduras), entre otros abogados y defensores de derechos humanos. 

Por lo que el grupo de personalidades hace un llamado para que el Estado mexicano cumpla con las recomendaciones de la ONU y libere a Santiz Cruz como medida de justicia para él y para los pueblos originarios de Chiapas, que, advierten, continúan siendo criminalizados y perseguidos por defender sus derechos. 

El Gobierno de México deberá informar a Naciones Unidas sobre el cumplimiento de esta recomendación en octubre de 2025.