CUERNAVACA, Mor. (apro).- Al grito de “No queremos croquetas, queremos justicia”, activistas y defensoras de los derechos animales protestaron este lunes frente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para rechazar la resolución del juez Natanael Subdíaz Aguilar, quien otorgó una suspensión condicional del proceso a Roberto “N.”, acusado de matar a golpes al perro Baileys. Como parte de la reparación del daño, el imputado deberá entregar cuatro bultos de croquetas. 

La agresión ocurrió el pasado 20 de junio, cuando vecinos denunciaron que Roberto “N” golpeó brutalmente al canino, lo que finalmente le causó la muerte. 

Con pancartas en mano que decían “Justicia para Baileys”, “¿Un asesinato se paga con croquetas?” y “Cárcel al maltratador”, integrantes de colectivos como la Coalición por la Defensa Animal Morelos, Animal Heroes y Justicia para Negrita se concentraron frente al tribunal para visibilizar lo que consideran un fallo carente de proporcionalidad y sensibilidad. 

Durante la protesta, Vanessa Perbellini, presidenta de la Coalición por la Defensa Animal Morelos y representante de Animal Heroes y de Justicia para Negrita, señaló que no es la primera vez que el juez Subdíaz Aguilar resuelve casos de maltrato animal con criterios que —aseguró— reflejan una total falta de empatía hacia los animales y quienes los defienden. 

“Van dos ocasiones en que este mismo juez actúa igual. Hemos tenido que apelar ambas veces. No le pedimos que ame a los animales, pero sí que los respete. Su función es impartir justicia, y eso incluye causas como esta. Es una persona con un criterio antianimalista”, afirmó. 

La audiencia en la que se concedió la suspensión condicional del proceso se realizó este 6 de julio, y fue ahí donde el juez impuso las medidas que han sido duramente cuestionadas por activistas. 

Indicó que la suspensión condicional fue otorgada sin que se cerrara previamente la etapa de investigación, lo cual —dijo— contraviene el procedimiento legal. También cuestionó las condiciones impuestas por el juez: asistir a terapia, no salir del país, conseguir empleo, no tener contacto con animales durante un año y entregar cuatro bultos de croquetas como “reparación del daño”. 

Sobre esta última medida, precisó que el costo aproximado de los bultos apenas supera los tres mil pesos, monto que calificó como simbólico e insuficiente ante la gravedad de los hechos. 

“Todas esas medidas benefician a Roberto “N” y a su familia, pero no hacen justicia a la víctima, que es Baileys”, añadió. 

Agregó: “Lo único relacionado —y que es vergonzoso— son los cuatro bultos de croquetas. Y lo peor: que solamente durante un año Roberto N. no podrá tener contacto con animales. Imagínate, en un año podría volver a tener otro perro y matarlo de la misma forma en que mató a Baileys”. 

Como parte de la protesta, activistas vaciaron un bulto de croquetas manchado de rojo sobre la estatua de la diosa Themis (diosa de la justicia), como símbolo del valor que el juzgador le dio a la vida de Baileys. La acción fue acompañada del mensaje: “Esto vale tu justicia”. 

Durante la jornada, las y los manifestantes fueron recibidos por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien —según Perbellini— se comprometió a revisar no solo este caso, sino también el de Ela, otro perro víctima de maltrato, en el que el mismo juez concedió una suspensión similar sin que se cumplieran todas las condiciones legales. 

Otro punto que generó inconformidad fue la negativa del juez a reconocer a Perbellini como víctima indirecta, bajo el argumento de que no acreditó pertenecer a una asociación civil, a pesar de que la Ley General de Víctimas permite ese reconocimiento a personas físicas. 

“Fue un proceso mal estructurado, lleno de contradicciones. Si no soy víctima, ¿por qué me otorgó dinero para enterrar al perro? Baileys está muerto. No se reconoce legalmente a los animales como víctimas, pero tampoco a quienes los defienden. Así no se puede lograr justicia”, sentenció. 

La falta de medidas que protejan a Vanessa, la activista que presentó la denuncia y ha dado puntual seguimiento al caso, la deja en total indefensión y en riesgo. “Estamos hablando de una persona capaz de asesinar a un animal, y existen estudios que demuestran que quien daña a un animal también puede agredir a una persona”, advirtió. 

También criticó el actuar de la agente del Ministerio Público durante la audiencia, quien —dijo— no defendió en ningún momento los derechos de la víctima ni objetó las condiciones propuestas por la defensa. 

El pasado 1 de julio, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos informó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Roberto “N.” por su probable responsabilidad en los delitos de maltrato y crueldad animal en agravio del canino Baileys. 

Como parte de las siguientes acciones, Perbellini anunció que se llevarán a cabo mesas de trabajo con jueces y personal del Poder Judicial para promover la sensibilización en torno a los casos de crueldad animal. Además, convocó a la ciudadanía a compartir información sobre otros posibles casos. 

“Hacemos un llamado a quienes hayan enfrentado resoluciones similares por parte de este juez u otros. Que nos manden mensaje a la página Justicia para Negrita o a mis redes como @perrasubversiva. Necesitamos documentar lo que está pasando”, concluyó.