TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Organizaciones de izquierda de Alemania, la Vicaria de Justicia y Paz y el obispo Rodrigo Aguilar Martínez condenaron el reciente allanamiento a la casa de Dora Lilia Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, se manifestó en contra de la persecución y represión de defensores de derechos humanos; de igual manera, la Vicaría de Justicia y Paz que comparte la misión del Frayba en la defensa y promoción de los derechos humanos.

Las agrupaciones alemanas, entre ellas Ya basta Netz, Gira zapatista Hamburg, La gota negra y Kollektiv zapatista, condenaron el allanamiento de la vivienda de Roblero, directora del Frayba, y destacaron que “su trabajo viene siendo marcado desde hace meses por trabas, amedrentamiento y vigilancia sistemática”.

Sostienen que “el ataque directo contra Dora Roblero y el Frayba es claramente por su trabajo contra la violencia y el fracaso del Estado mexicano en el estado de Chiapas. Exigimos al Estado mexicano garantías inmediatas y seguridad integral para la directora y el equipo” de organismo.

“La irrupción en la casa de Dora Lilia Robledo y la falta de respuesta adecuada de parte del Estado mexicano representan una grave violación de los derechos humanos y de los estándares internacionales de protección de las personas defensoras”, subrayaron.

Las organizaciones demandan una investigación seria e inmediata del allanamiento de la vivienda; cumplimiento íntegro de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); poner fin a las negligencias institucionales y a las maniobras de engaño que violan los derechos de quienes luchan por la vida y la dignidad.

Por su parte, la vicaría de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas condenó “los actos de intimidación y allanamiento a la vivienda” de la directora del Frayba, y expresó su “profunda preocupación por estos hechos”, registrados en el actual contexto de violencia que vive Chiapas.

Dijo que “el Estado tiene la obligación de brindar protección a las personas defensoras de derechos humanos mediante el Mecanismo de Protección, para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y a los periodistas que tienen un alto riesgo de vivir agresiones por motivos laborales”.

En un comunicado firmado por el vicario general, Miguel Ángel Montoya Moreno y la secretaria canciller, María Reyes Arias Sarao, solicitan al Estado Mexicano garantizar la seguridad y los mecanismos necesarios para las personas integrantes del Frayba, así como a toda persona que defienda los derechos humanos de la población chiapaneca.

“Sabemos y somos testigos de la gran labor que ha venido realizando el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, para garantizar los derechos humanos de las poblaciones que más lo necesitan, por lo que hacemos votos para que el Estado fortalezca la protección que requieren y con esa noble labor que abona a la vida digna de todas las personas”.

La incursión

La irrupción al domicilio de Dora Lilia Roblero, “se registró la noche del 22 de julio en San Cristóbal de las Casas aproximadamente a las 19:52, cuando una vecina advirtió que la puerta de entrada estaba abierta, tras recibir el aviso, Dora les solicitó encendieran la luz de la sala y cerraran la puerta, al hacer esto, se percataron de un ruido en la planta alta, por lo que procedieron a cerrar la puerta y retirarse del lugar”.

El Frayba aseguró que se encontraron signos de irrupción, como la chapa de la puerta principal forzada, objetos movidos y una ventana abierta.

“Ante la gravedad de lo observado, a las 21:30 horas se activó el botón de emergencia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos. Sin embargo, la respuesta institucional fue negligente y evasiva.

“A las 21:39 horas, un agente estatal se comunicó únicamente para preguntar sobre las medidas cautelares, sin ofrecer respaldo ni canalizar acción alguna. Dora señaló que jamás recibió los números de contacto de los agentes responsables de los rondines en su domicilio. Como única sugerencia, el agente le indicó que marcara al 911”.

La desprotección continuó: A las 22:02 pm, una patrulla de la Policía Municipal llegó al lugar con cuatro elementos, quienes se limitaron a levantar una entrevista sin diligencia alguna. A las 22:40 horas, llegaron cuatro agentes de la Guardia Estatal, sin que se activara un protocolo adecuado de protección, retirándose del lugar a las 23.00 horas.

El organismo destacó que a pesar de contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y un botón de emergencia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, la respuesta institucional fue tardía e ineficaz.

El incidente ha generado una fuerte preocupación y condena por parte de diversas organizaciones y redes de derechos humanos, que exigen garantías inmediatas para la seguridad de Dora Roblero y el equipo del Frayba, así como una investigación seria y sin dilación sobre los hechos.

El Frayba ha interpuesto una denuncia formal ante la Fiscalía de Distrito Altos, por los delitos de allanamiento y los que resulten con el número R.A. 0958-078-0305-2025. “Es claro que la justicia no vendrá del gobierno mexicano, así lo demuestra los casos de impunidad que se mantienen como una loza inquebrantable como es el caso de Simón Pedro o el caso del Padre Marcelo”.

El organismo aseguró que “no es un hecho aislado”, en menos de diez meses éste sería el segundo allanamiento en contra de un integrante del organismo “en un contexto marcado por hostigamientos, intimidaciones y vigilancia sistemática denunciados ante el gobierno federal y estatal, así como ante la CIDH, que le otorgó las Medidas Cautelares MC-5210”.