MORELOS (apro) .- Edgar Maldonado Ceballos, titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), aseguró que durante la cuarta diligencia de exhumación de las fosas de Jojutla fueron rescatados 85 restos, “no cuerpos (de personas), y de estos, seis son bebés y uno restos fetales”. Además, destacó que se cumplieron con los lineamientos establecidos por ley. 

Estas cifras contrastan con lo documentado por las buscadoras que ingresaron como observadoras desde el primer día hasta el cierre de la diligencia. Hace unos días, las integrantes de colectivos informaron públicamente que durante esta cuarta etapa fueron recuperados más de 60 cuerpos completos, entre ellos más de 10 mujeres y más de 10 bebés, además de decenas de restos óseos en distintas condiciones. 

En su informe preliminar, el fiscal Maldonado explicó que la intervención se realizó del 26 de mayo al 13 de junio de 2025 en la fosa común del panteón Pedro Amaro, en el municipio de Jojutla.  

Subrayó que esa diligencia se condujo conforme a los protocolos establecidos por ley y enfatizó que “no se trata de una fosa clandestina, como erróneamente se ha señalado en algunos espacios públicos, sino de una fosa común”, que fue utilizada en años anteriores por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos para inhumar personas en calidad de desconocidas sin estudios periciales adecuados. 

El fiscal también indicó que esta cuarta etapa fue planeada desde el 26 de abril, en una reunión con representantes de colectivos de búsqueda y autoridades de los tres órdenes de gobierno.  

Afirmó que durante los trabajos participaron especialistas en criminalística, antropología física, arqueología, odontología, medicina legal, genética y fotografía forense, así como integrantes de la Comisión Nacional y la Comisión Local de Búsqueda, personal de la Guardia Nacional —que, dijo, estuvo presente durante toda la diligencia—, visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, personal de la Visitaduría General de la FGE y notarias y notarios públicos. 

Sin embargo, es importante recordar que, al concluir la primera semana de trabajos, los colectivos denunciaron que durante varios días no hubo especialistas adecuados en campo, que se violaron lineamientos básicos para la preservación y recolección de restos, y que por lo menos en dos días no estuvo presente personal de la Guardia Nacional, a pesar de que su participación había sido anunciada como permanente. 

Estas omisiones fueron reconocidas por la FGE en un comunicado emitido un día antes de la presentación del informe de resultados. En ese comunicado, la institución admitió que no se contó con todos los perfiles técnicos necesarios y anunció que, en la siguiente etapa de intervención, se garantizará la presencia de los especialistas faltantes y se permitirá la participación de peritos independientes. 

A pesar de estas denuncias, Maldonado Ceballos reiteró que “la inclusión de estos sectores refleja el compromiso institucional de mantener un trabajo abierto, acompañado y supervisado por las familias de personas desaparecidas”. 

El fiscal detalló que los 83 indicios hallados —seis correspondientes a bebés y uno a restos fetales— deben ser considerados como tales hasta que concluyan los estudios periciales que permitirán su identificación. “Hablar de 83 hallazgos no significa que se trate de 83 personas; un solo individuo puede generar múltiples indicios”, explicó. 

El periodo autorizado para la intervención se amplió una semana más, debido al número de hallazgos, aunque el 19 de junio los trabajos se suspendieron temporalmente por el riesgo de colapso de una barda perimetral y por condiciones climáticas.  

La Fiscalía informó que la reanudación dependerá de que existan condiciones de seguridad adecuadas. 

También aclaró que los restos no son recientes. La última inhumación documentada en la carpeta de investigación data de junio de 2014. Desde 2017, en ese sitio se han localizado 219 indicios, de los cuales 78 ya cuentan con perfil genético. 

En respuesta a los cuestionamientos sobre el Coordinador General de Servicios Periciales, el fiscal defendió la trayectoria del Dr. Samuel Nava, pero advirtió: “Si las funciones no se cumplen, habrá consecuencias. Aquí no hay compromisos personales con ningún servidor público; el único compromiso es institucional”. 

Finalmente, Maldonado Ceballos afirmó que continuará el proceso en coordinación con las familias y colectivos. “Este proceso conlleva un desgaste institucional, pero si esta Fiscalía tiene que intervenir las veces que sea necesario para dignificar los restos y regresarlos a sus núcleos familiares, se hará. Estoy dispuesto a asumir ese desgaste y a cumplir con esta obligación institucional, pero también con el compromiso moral que tenemos con las familias y los colectivos de búsqueda. Las veces que sea necesario, lo haré”, concluyó.