PUEBLA, Pue., (apro) .- Mientras que la firma filipina Malvinas Water ha anunciado que está en negociaciones para adquirir el 74.85% de las acciones de Agua de Puebla, empresa que presta el servicio de agua potable a cinco municipios de la zona conurbada de Puebla, activistas proponen que sea el gobierno de Alejandro Armenta el que adquiera esa participación mayoritaria de la concesionaria. 

En un acto en el que se conmemoraron los 12 años de la creación de la Asamblea Social del Agua (ASA), organización que surgió en oposición al proceso de privatización de los servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje, saneamiento y manejo de aguas residuales en esta capital, un integrante planteó que el gobierno estatal podría recuperar el control del servicio a través de la compra de acciones. 

La propuesta fue secundada por el ambientalista Francisco Castillo Montemayor, quien señaló que mientras que el gobernador Alejandro Armenta ha dicho que cancelar la concesión del servicio tendría un costo de 10 mil millones de pesos, la compra de casi el 75% de las acciones saldría en poco más de 5 mil millones de pesos. 

El exsecretario de Medio Ambiente del gobierno estatal y uno de los principales expertos en materia hídrica en esta entidad consideró que para la ciudadanía tendría mayor relevancia la inversión en desprivatizar este vital servicio, que cualquier obra pública en la que pueda llevar a cabo su administración.   

“Yo creo que el pueblo le agradecería más esta operación”, expresó Castillo Montemayor, “si el gobierno tiene el 75% de las acciones, el gobierno podría recuperar el mando del sistema operador, y a la mitad del precio que lo que está pidiendo la empresa”.   

La semana pasada, la empresa Malvinas Water dio a conocer que busca adquirir 56.14% de acciones de la concesionaria Agua de Puebla (también conocida como Concesiones Integrales), que actualmente pertenecen a la empresa Creando Estructuras, S. A. de C.V.  y 18.71% que tiene Grupo Agua de México, S.A. de C.V. 

“Esta transacción responde al objetivo estratégico de Manila Water de expandir su negocio internacional, con el objetivo de ingresar en regiones de alto potencial en Latinoamérica, a la vez que asegura el control operativo para aportar su experiencia operativa clave y generar valor a largo plazo”, expuso la firma filipina en un comunicado. 

María Eugenia Ochoa, integrante de la ASA, recordó que la privatización del servicio de agua potable en Puebla que llevó a cabo el gobierno del panista Rafael Moreno Valle a partir de 2014, la empresa concesionaria ha cometido violaciones sistemáticas del derecho humano al agua de los habitantes en esta capital en cuanto accesibilidad, asequibilidad y calidad. 

A la fecha mencionó hay más de 200 colonias en esta ciudad que no tienen acceso al agua potable, aunque en el contrato de concesión, la empresa se comprometió a invertir en infraestructura; Puebla es la sexta entidad en el país con menor presencia de agua continua, al grado que hay zonas como Amalucan, donde sólo tienen suministro de la red una vez a la semana sólo por 15 minutos. 

En cuanto a la asequibilidad, indicó que el costo del agua en los seis municipios donde la concesionaria presta el servicio se ha incrementado hasta en un 700 por ciento. 

Esto, explicó, no sólo es por las altas tarifas que tiene la empresa, sino por las maniobras a las que recurre para que los usuarios paguen más, como es la realización de peritajes por la detección de supuestas fugas o los cortes totales no sólo de suministro, sino bloqueos a la red de drenaje.  

Aparte, indicó que las familias pagan hasta 13 veces más por el servicio de agua porque, debido al creciente tandeo, se ven obligadas a comprar pipas para cubrir sus necesidades del vital líquido, además de botellones para beber al no ser realmente potable. 

También, agregó que han medido la calidad del agua que se recibe en las viviendas y hay algunas colonias donde la dureza del líquido es hasta un mil por ciento mayor a la que debería de tener. 

Otro incumplimiento grave, expuso, es que Agua de Puebla, desde que se hizo cargo de la concesión, no ha cumplido con el saneamiento de las aguas residuales, pese a que cobra por ese servicio a los usuarios.  Debido a esto, una organización llamada Colectiva por el Bienestar presentó una demanda en contra de la empresa. 

En este acto, los integrantes de la ASA lamentaron que, en la recién aprobada reforma en materia hídrica, pese a que se anunció como el reconocimiento del derecho humano al agua, no estableció mecanismos para revertir las concesiones pese a los incumplimientos de contratos y al deficiente y caro servicio que prestan las empresas.