PUEBLA, Pue., 4 de diciembre (apro).- Agua para Todos y la Contraloría Autónoma del Agua acusaron que, a pesar de los “anuncios triunfantes” en torno a la reforma en materia hídrica que está por aprobar el legislativo, ésta sólo perpetúa la ley salinista de 1992, y no contiene mecanismos para enfrentar el acaparamiento y la sobreexplotación, ni para garantizar el vital líquido para las poblaciones que sufren de marginación hídrica. 

Las organizaciones, que integran grupos sociales y comunidades que luchan por el derecho al agua en distintas entidades del país, censuraron el “atropellado proceso” por el cual la Comisión Nacional del Agua (Conagua) “impuso” la aprobación exprés de su iniciativa, sin revisión pública, y sin cumplir el mandato constitucional de garantizar “la equidad, la sustentabilidad y la participación ciudadana”. 

Mencionaron que, pese los intentos por bloquearlos, las comunidades y la ciudadanía, coordinados con legisladores, organizaron 16 foros de Parlamento Abierto, y en las Audiencias Públicas se presentaron más de 500 propuestas de cambios a la iniciativa legislativa. No obstante, denunciaron que la Conagua rechazó todas esas propuestas. 

 Desde un principio, apuntaron, el planteamiento de la Conagua fue “perpetuar” la Ley de Aguas Nacionales (LAN), que fue emitida durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la cual ha generado la violación sistemática de los derechos humanos al agua y a un medio ambiente sano en todo el país durante sus 33 años en vigor. 

“En resumen, la legislación que se está aprobando en la Cámara de Diputados dista mucho del mandato Constitucional de equidad, sustentabilidad y participación; de los logros que están anunciando; así como de la base legal que México necesita en estos momentos críticos”, afirmaron Agua para Todos y la Contraloría Autónoma del Agua. 

Entre las propuestas planteadas que no se incorporaron a la iniciativa, está el prohibir la privatización de obras hidráulicas y de sistemas de agua y saneamiento; reconocer los derechos de pueblos indígenas al agua en la LAN; obligar a conformar consejos de cuenca con amplia representación; tipificar la contaminación como un delito; extinguir volúmenes de uso industrial que no han pagado derechos; proteger a los usuarios agropecuarios familiares de la extinción de derechos cuando no haya podido comprobar el uso de aguas por dos años. 

Además, indicaron que, en esta reforma, no hay artículos que obliguen o permitan a la Conagua desmontar el actual acaparamiento y la sobreexplotación del recurso hídrico. 

“El Fondo de Reservas del Agua, el cual reemplazará los anteriores “Bancos del Agua” permite la “reasignación” de volúmenes sin tener que reducir el sobreconcesionamiento”, mencionaron. 

Agregaron que la reforma no contiene ninguna obligación de la Conagua a poner orden en el sistema de concesiones, ni para poner fin a la corrupción en el manejo de concesiones, ni obligar a transparentar solicitudes de concesión y permisos aprobados por orden de presentación y notificación. 

“Esto pondría fin a la práctica de los bufetes que obtienen concesiones y no las notifican durante años, para no tener que pagar derechos hasta encontrar quien los quiere adquirir”, señalaron las organizaciones. 

Igual, refirieron que la reforma que está por ser votada en el Senado, no obliga a la Conagua a utilizar tecnologías de punta para fundamentar sus reportes de disponibilidad, lo que actualmente le permite a la dependencia manipular cifras en beneficio de “intereses poderosos” o reducir tarifas cobradas para uso industrial. 

Las organizaciones concluyeron que a pesar de la “verticalidad y opacidad” que sigue predominando en esta reforma, seguirán en su lucha por “un buen gobierno del agua”.