CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la creación de una Defensoría Inquilinaria, un órgano que “va a defender los derechos, tanto de los inquilinos como de los arrendadores”, e intervenir para evitar desalojos que dejen a personas en la calle.  

Lo anterior, como parte de la iniciativa de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles que enviará al Congreso de la Ciudad de México. 

El 6 de febrero, al encabezar la entrega de trabajos de mantenimiento en unidades habitacionales en la alcaldía Benito Juárez, la mandataria capitalina afirmó: “Hay veces que van, desalojan y dejan en la calle a las personas. Allí va a haber intervención del gobierno, para evitar eso”. 

Explicó que la instancia atenderá conflictos contractuales entre propietarios e inquilinos —incluidos casos de falta de pago o negativa de desocupación— y formará parte del conjunto de medidas de regulación del mercado de alquiler en la capital. 

El anuncio se produce siete meses después de que la morenista dio a conocer, el 16 de julio de 2025, su intención por desarrollar la iniciativa de ley de rentas justas, razonables y asequibles para estabilizar los precios de alquiler. 

Posteriormente, el 23 de diciembre informó que la enviaría al Congreso local en el siguiente periodo de sesiones, sin precisar fecha ni contenido final. Hasta ahora, la iniciativa no ha sido turnada al Poder Legislativo. 

El planteamiento de la regulación ocurrió dos semanas después de la primera de tres protestas contra la gentrificación, realizadas en la alcaldía Cuauhtémoc, a inicios de julio de 2025, donde se registraron disturbios y agresiones contra extranjeros.  

El 16 de julio del mismo año, en ese contexto, el gobierno capitalino presentó el Bando Uno por una Ciudad Habitable y Asequible, con Identidad y Arraigo Local, como conjunto de acciones frente al encarecimiento de la vivienda y el desplazamiento de habitantes. 

En los meses posteriores, organizaciones de vivienda advirtieron incrementos potenciales en costos habitacionales asociados a la Copa Mundial de Futbol 2026, particularmente en alojamiento temporal, mientras la administración capitalina sostuvo que la regulación busca limitar aumentos de renta y atender el fenómeno de expulsión de residentes. 

La defensoría anunciada este viernes constituye el primer mecanismo institucional descrito de manera detallada públicamente dentro de la propuesta, junto con subsidios a la renta y medidas para zonas de “tensión inmobiliaria”, en tanto la ley continúa pendiente de discusión legislativa.