CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Salvador Mejía es actuario y empezó su carrera laboral en 1998, en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Es decir, lleva 27 años trabajando en el sector público. Habla con un vaso de unicel con café negro entre las manos, mientras confiesa que su familia le ha dicho que tiene miedo de su involucramiento en el paro de labores. 

“Yo no tengo miedo, yo ando con Dios”, enfatiza, mientras da un trago al vaso.  

Durante el paro, un presunto grupo de choque quiso reventar el bloqueo, agrediendo a tres mujeres, según el testimonio de Mejía. Proceso documentó esta agresión el pasado 11 de junio. Dicha historia es la que ha causado pavor en su familia por su participación.  

El hombre reveló que su movimiento ha recibido amenazas e intentos de coacción, pero por seguridad no puede hablar sobre ello, ni de los presuntos culpables que ya tiene identificados. 

Se queda en la noche, en una tienda de campaña colocada cuidadosamente entre los escalones de las escaleras del edificio Juan N Álvarez, nombrado así en honor al caudillo liberal del estado de Guerrero. Este edificio está ubicado en la Ciudad Judicial, de la Colonia Doctores de la Ciudad de México. 

En una esquina del juzgado juntan las donaciones de sus compañeros de lucha: servilletas, café, azúcar, galletas, entre otros insumos. 

Llovizna afuera, con pequeñas gotas salpicando en las cartulinas fosforescentes que contienen las consignas: “Fuera Guerra”, “Tu trabajo no vale un 5%”, “aumento digno, compañero”, “no seas arrastrado”. 

Se sienta en un banco plegable, justo enfrente de una mujer con cabello teñido rojizo. Su nombre es Erika Contreras, administrativa de un juzgado civil de la Ciudad de México. Ella ha trabajado desde 1995 en ese juzgado. 

“Es la crónica de una muerte anunciada, la del Poder Judicial”, afirma.  

Ante este reportero, Erika pidió perdón a los ciudadanos y a los litigantes inconformes, también se quejó de la extinción de juzgados, producto de la reforma al Poder Judicial, aprobada en septiembre de 2024. 

“No hubo logística en esa reforma y aquí están las consecuencias”. 

Ella dijo que pronto se va a ir, pues sus compañeros no quieren que las mujeres resguarden el plantón después del incidente con el presunto grupo de choque.  

Anteriormente, los manifestantes sólo colgaban las pancartas durante el horario laboral de 9 a 3, también impedían el acceso a las instalaciones, pero ahora tienen miedo de que el presidente, Rafael Guerra Álvarez, pueda mandar a abrir los juzgados por la fuerza.  

El paro de los trabajadores inició el 28 de mayo, en las semanas subsecuentes se fueron sumando peritos del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y litigantes de la Defensoría Pública, todos con demandas contra sus superiores por hostigamiento laboral y sueldo insuficiente, además de incumplimiento de prestaciones laborales. 

“¿Crees que puedes vivir con 6 mil pesos”, cuestiona Mejía, entre reclamos de sus compañeros. Todos sonríen, mientras beben café y refresco, refugiándose de la lluvia en la prolongación del techo del juzgado.