CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A casi dos meses de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de La Concordia, que dejó 32 personas fallecidas y decenas de heridos en la alcaldía Iztapalapa, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se han alcanzado 27 acuerdos reparatorios con familiares de las personas afectadas. 

Durante la conferencia de prensa encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la titular de la FGJCDMX, Bertha Alcalde, detalló que la dependencia ha logrado avanzar en el proceso de atención y compensación a las víctimas. Explicó que los acuerdos fueron celebrados conforme al marco legal y con acompañamiento de las áreas de atención a víctimas. 

“Se han celebrado, ya, 27 acuerdos reparatorios, relacionados con este incidente, y la idea es dar continuidad a las sesiones de mediación, siempre tomando en cuenta lo que quieren las víctimas; escuchándolas con toda la información disponible”, señaló la fiscal durante su intervención.  

Y agregó: “Se están llevando a cabo sesiones de acompañamiento con facilitadores, con asesores jurídicos; con toda la información disponible, para las víctimas”.  

El estallido ocurrió el 31 de agosto de 2025, cuando una pipa de gas LP explotó al circular por el puente vehicular de La Concordia, en los límites de Iztapalapa y Nezahualcóyotl. El fuego alcanzó varios vehículos y viviendas cercanas, dejando —según reportes de la Secretaría de Salud de la CDMX— 32 personas fallecidas y más de 50 lesionadas, además de cuantiosos daños materiales. 

Un mes después de la tragedia, el 10 de octubre, la Fiscalía capitalina determinó que la causa del accidente fue la falta de pericia del conductor y el exceso de velocidad. 

La tragedia generó cuestionamientos sobre la eficacia de los protocolos de seguridad y la capacidad de respuesta de las autoridades locales ante emergencias de esta magnitud. En respuesta, el 30 de septiembre el Gobierno capitalino anunció un paquete de reformas al Reglamento de Tránsito y otras disposiciones para reforzar la regulación del transporte de materiales y sustancias peligrosas en la ciudad.