CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México se alineó con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y presentó un punto de acuerdo para crear una comisión especial que investigue el origen, financiamiento y coordinación de los grupos que participaron en los actos de violencia registrados durante la manifestación del 15 de noviembre en el Zócalo capitalino.  

La bancada del oficialismo sostuvo que la agresión contra policías y la destrucción de mobiliario público no fue espontánea, sino resultado de una estrategia articulada con fines políticos. Al mismo tiempo, evitó mencionar el registro de ciudadanos y periodistas heridos durante la concentración, aun cuando el propio Gobierno de Brugada reportó una cifra de 20 manifestantes con “heridas menores”.  

El documento fue presentado por el diputado Paulo García y, al igual que el discurso de la dirigente capitalina, argumentó que existieron convocatorias previas en redes sociales para derribar vallas y atacar instalaciones federales.  

El legislador atribuyó estas acciones a grupos vinculados a sectores conservadores que supuestamente tuvieron el objetivo de generar imágenes que muestren una respuesta represiva por parte del Gobierno capitalino. 

Aunque las autoridades ya informaron sobre la apertura de carpetas de investigación contra los manifestantes detenidos, el punto de acuerdo exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a realizar indagatorias sobre los agresores materiales y sobre posibles operadores políticos o financieros detrás de los grupos de choque.  

El punto de acuerdo también solicita investigar presuntas presiones hacia comerciantes y funcionarios de las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc para asistir a la marcha. Ambas demarcaciones son encabezadas por los opositores Mauricia Tabe y Alessandra Rojo de la Vega, respectivamente.  

Los diputados morenistas apuntaron que en redes sociales se difundieron denuncias sobre posibles actos de coacción para incrementar artificialmente la participación. 

Como parte de la propuesta, la bancada guinda planteó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) conforme una comisión especial que dé seguimiento a las investigaciones sobre los hechos y sobre sus presuntos operadores políticos.  

Además, llamó a los grupos parlamentarios del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano a condenar públicamente la violencia registrada y a deslindarse de cualquier vínculo con los grupos que participaron en las agresiones.  

Una vez más, como lo dijo la jefa de Gobierno, el punto de acuerdo señaló que la ausencia de un posicionamiento claro podría interpretarse como falta de distancia con respecto a los hechos.