CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) advirtió este lunes que la reinserción social de personas privadas de libertad no puede avanzarse sin garantizar también su derecho al cuidado, en un contexto donde la implementación de políticas penitenciarias parece limitada y descoordinada.

Durante la presentación del Informe Temático “Derecho al cuidado y derecho a la reinserción social. Un diálogo para la justicia penitenciaria”, la ombudsperson Nashieli Ramírez Hernández señaló que los centros penitenciarios funcionan como “territorios de agencia y poder” con dinámicas propias y microterritorios diferenciados por género y necesidades específicas.

Según el documento, mientras las mujeres privadas de libertad mantienen vínculos familiares a través de llamadas para coordinar tareas domésticas o escolares, la ausencia de los hombres no altera las redes de cuidado, evidenciando una desigualdad en la carga de cuidados dentro de los penales.

El informe identifica buenas prácticas en algunos centros y programas como “Empoderando vidas”, que actualmente beneficia a 112 mujeres tras su liberación, apoyándolas para iniciar o fortalecer emprendimientos vinculados a labores de cuidado. Sin embargo, estas cifras representan un alcance limitado frente al total de personas en reclusión, lo que sugiere que los programas de reinserción siguen siendo insuficientes.

Durante el informe, el diputado local, Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano cuestionó las políticas de endurecimiento de penas, señalando que el aumento de condenas no garantiza la reinserción social y puede profundizar la discriminación hacia quienes realizan labores de cuidado, principalmente mujeres.

Desde el Congreso de la Ciudad de México, otros diputados destacaron la necesidad de construir un sistema integral de cuidados que contemple aspectos económicos y sociales de estas tareas, en un contexto donde estas políticas aún carecen de mecanismos de implementación claros y medibles.

Colectivos de mujeres privadas de libertad advirtieron que el debate sobre el derecho al cuidado no puede avanzar mientras se invisibilice a quienes están en prisión, y señalaron que el informe de la CDHCM constituye un llamado a la acción, aunque sin compromisos concretos de seguimiento ni recursos asignados.

Por su parte, el Director Ejecutivo de Prevención y Reinserción Social del Sistema Penitenciario, Mario Vignettes del Olmo, se comprometió a atender las recomendaciones del informe, aunque no se detallaron plazos ni estrategias específicas, dejando abierta la pregunta sobre la eficacia real de las acciones futuras.