CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, “bajo la figura del dolo eventual”, trece elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), fueron vinculados a proceso por un juez de Control en Los Mochis, Sinaloa, por las muertes de las niñas Leidy y Alexa, y lesiones a dos adolescentes y dos adultos.  

Las muertes de Alexa y Leidy, que eran primas, son evidencia de “lo efectos más lesivos y dolorosos del despliegue militar, sin controles efectivos, en contextos de vulnerabilidad y violencia”, alertó el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que representa jurídicamente a los padres de las niñas.  

La organización recordó que el 6 de mayo de 2025, en la comunidad de Cieneguilla, la familia de Alexa y Leidy, transitaban en una camioneta con rumbo a su escuela, cuando al darse cuenta que el camino estaba bloqueado, retornaron por la misma carretera “cuando sin previo aviso o justificación alguna, un convoy de tres vehículos del Ejército mexicano que circulaban en el otro carril abrió fuego en contra del vehículo en el que transitaban”.  

 Al destacar que la explicación oficial, “que nunca fue desmentida ni corregida públicamente por las autoridades”, el Centro Prodh informó en un comunicado que el pasado 6 de abril el juez Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Los Mochis, dictó el auto de vinculación a proceso en contra de 13 elementos castrenses, al desestimar el alegato de la defensa de los militares “actuaron en un contexto de violencia en el estado de Sinaloa, bajo un estado de alerta y nerviosismo”.  

La organización abundó que la decisión del juez ocurrió después de que el 31 de marzo se notificó a las víctimas sobrevivientes que se habían ejecutado órdenes de aprehensión en contra de los 13 militares.  

Durante la audiencia, a la que asistieron los padres de las niñas, los Agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la Fiscalía Especial de Investigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), de la Fiscalía General de la República (FGR), “presentaron diversos datos de prueba que acreditaban el uso letal de la fuerza de forma injustificada en contra de la familia, sin observar lo establecido en la Ley Nacional de Uso de la Fuerza y estableciendo, adecuadamente, que se trató de una actuación dolosa”.  

El Centro Prodh advirtió que entre los abogados que representaron legalmente a los militares, había un representante de la Defensoría de Oficio Militar, adscrita a la Sedena, y que como estrategia conjunta, trataron de justificar la actuación de los soldados desplegados en Sinaloa, bajo el supuesto de que estaban en “un estado de alerta y nerviosismo”.  

Sin embargo, el 6 de abril, dentro de la duplicidad del término constitucional, el juez de control se pronunció por dictar un auto de vinculación a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, “bajo la figura del dolo eventual”. 

El Centro Prodh resaltó que el juez de control fundamentó su resolución al considerar que “los elementos castrenses cuentan con adiestramiento y formación en el uso de la fuerza y existía una alta previsibilidad del resultado letal que ocasionaría el accionar sus armas en contra de la camioneta en la que transitaba la familia, además de no actualizarse alguna causal de exclusión de responsabilidad”.  

La organización agregó que durante la audiencia los padres y madres de Leidy y Alexa “pudieran manifestar cómo este evento de uso arbitrario de la fuerza letal destruyó irreparablemente su proyecto de vida, así como su interés en que la justicia sea diligente y expedita”.  

Para el Centro Prodh, la determinación judicial “conlleva nuevos retos para que la FGR continúe fortaleciendo y perfeccionando la indagatoria en la siguiente etapa de investigación complementaria, y en tanto el Poder Judicial de la Federación debe llevar a cabo un proceso respetuoso de los derechos humanos, en el que demuestre su independencia en casos relacionados con Fuerzas Armadas”.  

Ante un caso tan grave ocurrido durante el actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la organización consideró que tras esta resolución judicial “la expectativa es que todas las instituciones estén a la altura del desafío que implica garantizar verdad y justicia en el homicidio de dos niñas a manos de elementos castrenses, en un contexto donde en casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares la constante es la impunidad”.  

Para la organización, que ha representado varios casos de víctimas de abusos militares, el de Leidy y Alexa “pone rostro a los efectos más lesivos y dolosos de la política de despliegue militar, sin controles efectivos, en contextos de alta vulnerabilidad y violencia”, a la vez que “es un reflejo de la necesidad de que, desde las más altas autoridades, se emitan mensajes claros de que este tipo de hechos no pueden volver a repetirse”. 

El Centro Prodh puntualizó que las familias continuarán en su proceso de denuncia y exigencia de justicia para las dos niñas, “y para quienes han sido objeto de graves violaciones a derechos humanos derivadas de la profundización de la militarización, que se ha perpetuado a lo largo de las diversas administraciones”.