CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Deja mucho que desear”; con esa frase, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se sumó al rechazo de la administración de la presidenta, Claudia Sheinbaum, contra el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que concluyó que en México existen “indicios fundados” de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.  

Mientras, en la Ciudad de México familias buscadoras sostienen un reclamo para que se reconozca una crisis de desapariciones e incluso planean protestar durante la inauguración del Mundial de futbol para visibilizar la situación en dicho escaparate internacional.  

En ese panorama, a cuatro días de la publicación del documento elaborado por el Comité, la mandataria capitalina retomó dos de los señalamientos centrales planteados por el gobierno federal. Por un lado, cuestionó el periodo analizado por el comité: “Ellos hicieron su trabajo a partir del 2009 al 2017. Sin embargo, extrapolan lo que pasaba en esa época con la situación actual”.  

Por otro, sostuvo que el organismo no incorporó información entregada por el Estado mexicano: “Que excluyan las aportaciones del Gobierno de México, que es uno de los primeros que ha participado en garantizar información; en permitir que este Comité viniera aquí a la Ciudad de México. Que no lo han hecho en muchos otros países, no lo han permitido —aquí se permitió desde el 2022— y pareciera que no tienen una rigurosidad técnica estos análisis". 

Además, remarcó que el comité “no es de la ONU”, sino un grupo de expertos, y puso en duda la solidez del documento al afirmar que carece de “rigurosidad técnica”. Así lo dijo:

“Nos preocupa y nos extraña mucho que lo lleven a cabo. Entonces, pues hacemos ese llamado, a que no se politice este tema. Tenemos muchos elementos que decir de por qué no coincidimos con lo que ellos han mencionado. Pero lo más importante es lo que estamos haciendo. Y como nunca antes en este país, se ha estado atendiendo el tema; se han estado proponiendo mecanismos, cambio de leyes, exigencias a los estados de la República, a que ya no haya reportes, por ejemplo, sino denuncias concretas.” 

 

El informe del CED es resultado de más de una década de seguimiento en México, con base en información oficial, aportaciones de organizaciones y visitas al país. En él, el comité sostiene que la magnitud del fenómeno —más de 130 mil personas desaparecidas registradas, miles de fosas clandestinas y decenas de miles de restos humanos sin identificar—, así como la persistencia de la impunidad, permiten advertir un patrón que puede encuadrarse en crímenes de lesa humanidad, por lo que decidió activar el mecanismo previsto en la Convención Internacional y turnar el caso a la Asamblea General de la ONU. 

Tras la difusión del documento, el gobierno federal lo rechazó mediante un comunicado de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob), en el que lo calificó como “tendencioso”, “parcial”, con “falta de rigor jurídico”, y un presunto conflicto de interés de uno de los integrantes del comité  

El pronunciamiento de la jefa de Gobierno se da después de que la administración capitalina ya había expresado su respaldo a la postura federal mediante un comunicado.  

La crisis de desaparición en la Ciudad de México  

En contraste con la descalificación del informe internacional por parte de los gobiernos federal y capitalino, Proceso ha documentado que familias buscadoras en la Ciudad de México insisten, de manera reiterada, en la necesidad de que se reconozca una crisis de desapariciones tanto en la capital como a nivel nacional. 

En la serie documental La Metrópoli de los desaparecidos, publicada el 5 de mayo de 2025, así como en el trabajo Incifo: Cuerpos sin justicia, este medio consultó al menos 10 familias buscadoras de diferentes colectivos que coincidieron en señalar la falta de reconocimiento institucional del problema y las deficiencias en su atención.  

Al cierre de esta publicación, el seguimiento periodístico no mostró variaciones en esa percepción de “crisis" y los familiares continúan denunciando fallas estructurales en las instituciones encargadas de la búsqueda y la investigación, desde el seguimiento de carpetas hasta la actuación de servidores públicos.  

Lo anterior ocurre aun después de que la administración de Brugada presentó en abril de 2025 su Estrategia de la CDMX para la Búsqueda y Localización de Personas 2025-2030 —a partir de la cual ya inauguró el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP) e inició las exhumaciones en las fosas comunes del Panteón de Dolores—. 

En ese contexto, algunas de estas familias plantearon incluso la posibilidad de manifestarse durante la inauguración del Mundial de Fútbol, como forma de presión para que se reconozca la dimensión de la crisis y se atiendan las omisiones que, sostienen, persisten. 

Olin Hernando Vargas Ojeda fue secuestrado y desaparecido la noche del 26 de noviembre de 2024, con solo 24 años, tras ser inducido con engaños al Valle del Tezontle, también en el Ajusco. Su padre, Fernando Vargas, declaró a esta revista el 10 de marzo último, antes de la resolución del Comité: “A mí me parece que estamos en una crisis institucional, ya algunas personas que conocen del tema así la han llamado y me parece que eso obliga a que revisemos todo el sistema porque hoy somos víctimas de la burocracia. En estos días me recordaba esta frase del elefante reumático. Es exactamente a lo que nos enfrentamos las familias”.