CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, expresó hoy su respaldo “firme” a la postura del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo que rechazó y descalificó el informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés), publicado el pasado 2 de abril.

La administración capitalina planteó que “rechazamos también el uso político del dolor de las familias de las personas desaparecidas para atacar al gobierno de México”.

En un comunicado difundido este domingo, el gobierno capitalino retomó una parte de los argumentos del gobierno federal y otra parte de los de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para atacar a su vez el informe de los expertos, quienes determinaron que las desapariciones forzadas se cometen como “crímenes de lesa humanidad” en México, y decidieron presentar el caso mexicano ante la Asamblea General de la ONU, por primera vez desde la creación del comité.

Aunque el gobierno capitalino suele emitir comunicados para respaldar al gobierno federal cuando surgen polémicas –al igual que las demás administraciones estatales encabezadas por Morena o un o partido–, el caso del comité revierte un elemento adicional para el gobierno de Brugada, que se deslinda así del respaldo que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) dio al trabajo del comité.

Hasta el momento, la CDHCM ha sido la única institución de gobiernos de la llamada Cuarta Transformación que no ha repudiado públicamente el informe del comité, fruto de un trabajo de 14 años en México, a través del cual ha documentado el crecimiento de la crisis de las desapariciones en el país.

En su comunicado, el gobierno de Brugada marcó una clara distancia con el ombudsman capitalino: en eco al gobierno federal y la CNDH, aseveró que la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder terminó con las desapariciones forzadas, y recalcó que “en la actualidad el gobierno federal no reprime ni desaparece”, una aclaración que no viene al caso, pues el comité no plantea esta acusación.

“Rechazamos las narrativas que afirman una supuesta colusión entre el crimen organizado y el gobierno de México, por ser infundados y por servir a intereses injerencistas, así como la utilización política de este informe para promover una agenda de vulneración de la soberanía de México y el derecho internacional”, planteó la administración capitalina.