CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum Pardo repudió hoy el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, tras considerar que los expertos no resaltaron “los esfuerzos institucionales” emprendidos por los gobiernos México a partir del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y “en particular desde 2025”, es decir, desde la toma de posesión de la presente administración.

El gobierno multiplicó las descalificaciones hacia el informe, al que rechazó por su “falta de rigor jurídico”, por ser “tendencioso”, por contener una decisión “parcial y sesgada”, marcada por la “ligereza de sus premisas”, e incluso acusó a uno de sus integrantes de “conflicto de interés” por haber trabajado “para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano”. 

En su informe, demoledor, el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU determinó que existen “indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país”, y turnó el documento al secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

El comunicado firmado por las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación que el gobierno mexicano publicó en respuesta al informe sostuvo que, “a diferencia de periodos anteriores” –es decir, de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto--, no existieron indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”.

De hecho, en su postura, el gobierno dejó claro que no cuestiona la responsabilidad del Estado mexicano en las desapariciones forzadas, las atribuyó los únicos gobiernos de Calderón y Peña Nieto, y exculpara a los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.

“Si bien el informe se refiere principalmente a hechos ocurridos en el periodo 2009-2017 -administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto– y se circunscribe a cuatro estados, la decisión del Comité es parcial y sesgada”, denunció, y agregó que el informe “omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo”, plantea la respuesta del gobierno. 

La administración acusó al grupo de expertos de haber “rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución”, incluyendo la reforma legislativa e institucional impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum para atender el “flagelo” de las desapariciones.