CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El discurso oficial de que en México no se cometen desapariciones forzadas es falso, sostiene Santiago Corcuera. Para el expresidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, el intento del Gobierno federal de eximir de responsabilidad al Estado no impedirá que la crisis de desapariciones sea llevada ante la Asamblea General, pues se cuenta con información suficiente —denuncias, testimonios, reportes y trabajo de campo— para demostrar que este delito ocurre en el país de manera sistemática y generalizada. 

En entrevista, el abogado considera que, a pesar del rechazo de múltiples instancias —desde la Presidencia de la República hasta el Congreso y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos— a la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la decisión del CED tiene un asidero en la realidad.

“‘Estamos muy enojados porque echaron a andar el 34 sin hacer un diagnóstico’, repiten. Nada más lean el informe [que publicó el CED] después de su visita a México en 2021 y van a ver cuántas páginas de diagnóstico hay”, apunta.

Desde entonces, el comité advirtió sobre la probable participación de servidores públicos en las desapariciones. El informe alude a un discurso oficial que tiende a negar la responsabilidad del Estado en el delito y lo achaca principalmente a la delincuencia organizada, lo que contrasta con las informaciones recibidas por el CED. “En unos casos”, señala el documento, “se refieren al involucramiento directo de los servidores públicos, basándose en elementos probatorios contundentes como fotos, testimonios o videos. En otros, a la inacción de las autoridades y funcionarios ante la existencia de riesgos conocidos”.

Según la cronología de la cooperación de México con el CED, en 2019 hubo una primera solicitud para que se activara el artículo 34 que finalmente no se concretó, y en 2021 se dieron otras cuatro peticiones, pero el comité decidió no proceder porque se solapaba con la visita que sus integrantes harían al país en noviembre. En abril de 2025 anunció finalmente su activación, una medida sin precedentes; la respuesta —confidencial— fue enviada por México en septiembre. Una vez revisada la información, el comité determinará si el caso es llevado ante la Asamblea General de la ONU.

La próxima sesión del CED, la número 30, tendrá lugar del 9 al 27 de marzo. Aunque México no figura hasta ahora entre los Estados cuyos informes serán discutidos, esto no impide, según Corcuera, que el tema del artículo 34 se incorpore a la agenda.

A reserva de conocer el documento enviado por México y tras el rechazo expresado desde el Gobierno federal por la activación del artículo 34 —la crítica más reciente fue planteada en octubre por el embajador ante la ONU, Héctor Vasconcelos—, ¿qué argumentos puede plantear el Estado mexicano para impedir que el caso llegue a la Asamblea General?

Sospecho que está diciendo: ‘Están equivocados porque la desaparición forzada no se comete en México de manera sistemática ni generalizada’, y que la inmensa mayoría de las desapariciones que se cometen se inscriben en el artículo 3 [de la convención, en las que participan personas sin intervención del Estado]. 

Por lo tanto, el artículo 34 [que se refiere específicamente a las desapariciones forzadas, aquellas cometidas por agentes estatales o por personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado] no se aplica para México. Ya el embajador Vasconcelos en su alocución ante la Tercera Comisión de la Asamblea General dijo que el comité no estaba actuando conforme a criterios objetivos [por considerar que la activación del procedimiento, prevista para situaciones excepcionales, era arbitraria].

También intuyo que deben haber argumentado fuerte en contra de la interpretación que dio el comité sobre la participación de agentes no estatales. 

Corcuera alude a una declaración emitida por el CED en 2023, en la cual establece que las desapariciones forzadas pueden ser cometidas por agentes del Estado, o “por personas o grupos de personas” (paramilitares, patrullas civiles, empresas de seguridad privada o delincuencia organizada) que actúen con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado. 

Sobre todo, considera el abogado, México debió argumentar sobre la interpretación del término “aquiescencia” y las circunstancias en las que puede aplicarse al Estado. “Cuando pudiendo y debiendo haber hecho algo, no lo hiciste; cuando debiendo saber que algo iba a pasar, no lo supiste por tu propia negligencia u omisión; cuando tú mismo provocaste las condiciones que están dando lugar a las desapariciones, o cuando mantienes impunidad en los casos y no persigues y no investigas”, describe.

“A México no le pareció bien”, agrega, “que el comité emitiera esa interpretación, lo que me hace pensar que en su respuesta estará argumentando: ´Oye, tu definición de aquiescencia está mal, vas demasiado lejos´. En su intervención, Vasconcelos dijo que para cualquier interpretación sustantiva se requiere del consentimiento de los Estados parte; eso es falso”.

Crimen de lesa humanidad

El expresidente del CED considera que, en su respuesta, el Gobierno federal cuestionará el carácter sistemático de las desapariciones en México. “Sí son muchas desapariciones, nadie niega que sean muchas, [dirá], pero no hay una política de Estado, un plan para poner en práctica las desapariciones, como sí lo había en los años 60, 70 y 80, durante la llamada ‘guerra sucia’”. 

La desaparición forzada, cometida de manera sistemática y generalizada, es considerada un crimen de lesa humanidad. Si la Asamblea General concluye que es la situación de México, implicaría una grave violación a los derechos humanos. Hasta la fecha, según el registro oficial, existen más de 132 mil personas desaparecidas. Desde el sexenio de López Obrador, el número ha ido en aumento, pues de 25 víctimas diarias en promedio, la cifra se incrementó a 40 diarias durante el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum. A esto se suma un rezago forense con más de 72 mil cuerpos sin identificar y una persistente impunidad.

No existen precedentes sobre lo que pueda ocurrir si el caso mexicano se somete a la consideración de la Asamblea General de la ONU. Corcuera ha planteado como una posibilidad la creación de mecanismos internacionales que complementen las acciones del Estado mexicano, ya sea en la búsqueda de personas desaparecidas, la identificación humana o la procuración de justicia.

“Es la primera vez que se activa este procedimiento, pero eso no quiere decir que la Asamblea General no haya adoptado resoluciones que tengan que ver con crímenes atroces como las desapariciones”, subrayó el abogado. 

En julio de 2023, 83 países votaron a favor de la creación de la Institución Independiente sobre las Personas Desaparecidas en Siria —que dirige Karla Quintana, excomisionada nacional de búsqueda—, con el mandato de esclarecer el paradero de las 130 mil personas desaparecidas durante los doce años que se prolongó el conflicto armado en ese país, así como brindar apoyo a las víctimas, a sobrevivientes y a sus familias.

En un informe enviado al CED en agosto de 2025, cientos de colectivos de víctimas, familiares de personas desaparecidas, organizaciones civiles, académicos y activistas, entre quienes figura también Corcuera, propusieron la creación de una Comisión de Esclarecimiento Histórico. Este mecanismo tendría como mandato identificar los patrones que permitan determinar situaciones generalizadas y sistemáticas de desaparición en el país, así como recomendar acciones para enfrentar y detener este delito, identificar los cuerpos bajo resguardo del Estado para restituirlos dignamente a sus familias, y juzgar a los responsables.

Las organizaciones Global Rights Advocacy y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle recomendaron, en un informe publicado el pasado octubre, la creación de un mecanismo de investigación internacional independiente sobre la crisis de desapariciones y otras graves violaciones a derechos humanos en México. Este mecanismo, explican, deberá contemplar la recepción segura de información, la identificación de patrones y causas estructurales, y la rendición de cuentas de los presuntos responsables.

¿Qué tan fuerte es hoy el cabildeo del Estado mexicano a nivel internacional en el tema del artículo 34? ¿Qué estrategia cree que vaya a desplegar la diplomacia?

La diplomacia mexicana es muy organizada, muy poderosa y está muy bien preparada. Y cuando digo la diplomacia mexicana, me refiero a los diplomáticos de carrera, no a funcionarios designados por el dedo del Ejecutivo. Te estoy hablando de diplomáticos experimentados, con estrategias de cabildeo fuertísimas, estructuradas y sistemáticamente aplicadas.

Yo recuerdo en Ginebra [sede del CED y otros órganos de la ONU] los esfuerzos que los embajadores de México realizaban ante los comités [sobre derechos de las personas migrantes, la niñez o las mujeres] para hablar con sus integrantes, o con los relatores que iban a redactar las observaciones finales sobre México, para que no fueran a decir tal o cual cosa.

No dudo que traten de hablar con los integrantes del CED de manera privada antes de que tomen una decisión respecto a México. Ahora, que si esto llega a la Asamblea General, entonces el despliegue que van a hacer en Nueva York, [donde sesiona], va a ser tremendo. 

Y no nada más va a ser el embajador Vasconcelos y la embajadora alterna [Alicia Buenrostro Massieu], sino que van a mandar a personal desde la capital a entrevistarse con los embajadores o segundos de las misiones diplomáticas de los países que conforman la Asamblea General. Van a hacer un plan, eso tenlo por seguro.

Desapariciones sistemáticas

Para Corcuera, la decisión del CED de activar el artículo 34 está lejos de ser una “ocurrencia”. “[El comité puede decirle a México:] Ya te fui a visitar hasta tu casa en 2021, no me queda de otra más que mandarte al hospital. Le voy a decir a la Asamblea General que ya no puedo contigo, que de todo lo que te he dicho desde 2015 [año de sus primeras observaciones] a la fecha no me has hecho caso, y tu salud sigue empeorando”, explica.

En marzo de 2025, un mes antes de hacer pública su resolución, el CED recibió una carta de apoyo a la activación del procedimiento, reconocida como un documento clave, firmada por 20,459 personas y colectivos.

Desde que en 2007 ratificó la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, México ha sido uno de los países más examinados por el CED: su informe inicial —que todo Estado parte debe entregar— fue enviado en 2014 y, desde entonces, se han producido numerosos diálogos, observaciones y entregas de información complementaria. México cuenta, además, con el mayor número de acciones urgentes registradas por el comité: 757 solicitudes dirigidas al Estado para la búsqueda de personas desaparecidas, de las que únicamente 78 han sido localizadas.

El CED también ha activado otros mecanismos como las comunicaciones individuales, aceptadas por México en 2020, y la mencionada visita al país en 2021, tras años de aplazamientos. De todo esto existe registro público, a excepción de la respuesta enviada por el Gobierno federal al CED con motivo de la activación del artículo 34, que permanece confidencial a petición de México, una reserva prevista para proteger la identidad de víctimas y denunciantes, no la actuación de las autoridades.

Para Corcuera, esta decisión dificulta un debate público informado sobre el tema, que tendría implicaciones no solo para el actual gobierno, sino para decenas de miles de familias que buscan a un ser querido desaparecido. “¿Qué provoca esto? Que personas como yo nos pongamos a tratar de adivinar y especular”, dijo.

Desde la activación del artículo 34, el Gobierno mexicano ha promovido una serie de acciones para atender la crisis de desapariciones que asola al país. En junio de 2025, el Congreso aprobó las reformas —enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum— a la Ley General en Materia de Desapariciones y la Ley General de Población para crear una Plataforma Única de Identidad que permita realizar búsquedas y generar alertas en tiempo real al cruzar la Clave Única del Registro de Población (CURP) —que contará con datos biométricos— con distintas bases de datos, así como una nueva Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Aunque las reformas estuvieron precedidas por mesas de diálogo con colectivos de familiares de personas desaparecidas organizadas por la Secretaría de Gobernación (Segob), algunas familias consideran que el proceso fue una simulación. Derivado de las reformas, la presidenta anunció una revisión del registro nacional de desapariciones basada en el número de carpetas de investigación; expertos señalan que, al igual que ocurrió con el llamado “censo de AMLO”, el objetivo no es atender el problema sino reducir la cifra de víctimas.

En septiembre, la Segob tomó protesta, en medio de un proceso de selección opaco, a la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumecindo, exfiscal especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República, y el Senado de mayoría morenista renovó el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, que llevaba acéfalo desde mayo de 2024.

Sin embargo, estas medidas están lejos de cumplir las recomendaciones del comité, que tras su visita en 2021 urgió a México a implementar una política nacional de prevención de las desapariciones forzadas, reconocer las distintas formas de responsabilidad del Estado, erradicar las causas estructurales de la impunidad, y abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública.

¿Cuál debería ser la respuesta del CED al Gobierno mexicano frente al argumento de que las desapariciones no son cometidas por el Estado, sino por la delincuencia organizada?

La respuesta que se debe dar al Estado mexicano es: “Estás equivocado. [Las que] tú dices que son desapariciones cometidas por particulares, tenemos perfectos indicios de que muchísimas de ellas se cometen con autorización, apoyo y, sobre todo, aquiescencia de agentes del Estado”.

Hay casos cometidos por el Ejército y la Guardia Nacional, y también por policías estatales y municipales que son desapariciones forzadas propiamente dichas, pero que el discurso oficial olvida. A la convención no le importa si el agente que cometió la desaparición era federal, estatal o municipal; tampoco si era del Poder Ejecutivo, de una fiscalía, del Poder Judicial, o si era un diputado local o federal. El discurso del oficialismo de “nosotros no somos”, de que no se cometen desapariciones desde el Estado, es falso. 

Otra manera de responder es que la desaparición forzada es una conducta de carácter continuo o permanente. La inmensa mayoría de las desapariciones que se cometieron en los años 60, 70 y parte de los 80 por agentes del Estado no están esclarecidas, no se conoce qué suerte corrieron las víctimas ni dónde están ni qué les pasó, y por lo tanto se siguen cometiendo [porque el delito no prescribe]. 

Las desapariciones que ocurrieron en el tiempo de Echeverría, o en tiempos de Zedillo —que son poquitas, pero se derivan de una política de contrainsurgencia—, se siguen cometiendo. La conducta no cesa sino hasta que se conoce a ciencia cierta, más allá de toda duda —y nada de verdades históricas—, dónde está o qué le pasó a Rosendo Radilla [luchador social desaparecido en 1974 en Atoyac de Álvarez, Guerrero, por el Ejército] y a todos los demás desaparecidos. 

Al derecho internacional no le importa si era Díaz Ordaz, Zedillo o Calderón el presidente en el momento de las desapariciones; le importa la responsabilidad internacional del Estado.

¿Y qué piensa de la negativa del Gobierno mexicano a reconocer que las desapariciones ocurren de manera sistemática y con aquiescencia del Estado?

Acuérdate de una cosa: las desapariciones cometidas por el crimen organizado claro que tienen un plan. Los casos en Jalisco de reclutamiento forzado de niños y jóvenes de entre 15 y 19 años para realizar actividades como sicarios, en campos de cultivo o laboratorios de drogas, ¿a poco crees que no es un plan? 

¿Es una política de Estado? No, es de las organizaciones criminales, pero cuando estas practican desapariciones, ejecuciones y reclutamiento como lo están haciendo, se demuestra que hay una política de esa organización de llevar adelante ese plan de manera sistemática. Ahora, cuando el Estado los deja realizar esas actividades, por omisión está siendo copartícipe de la sistematicidad de las desapariciones cometidas por agentes criminales.

Ahí está la clave para que el comité argumente: “Oye, estas desapariciones no nada más son generalizadas o masivas, sino que además son sistemáticas”. Es decir, no son nada más múltiples casos aislados, sino que sí hay un patrón de conducta, una planificación, un llevar adelante esa planificación y ponerla en práctica de manera ordenada, [además de] connivencia, contubernio, complicidad, encubrimiento e inacción del Estado.

Hay evidencia empírica como el rancho Izaguirre [en Teuchitlán, Jalisco], donde ves que las autoridades sabían lo que estaba pasando. Fueron [al campo de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación] en septiembre de 2024 y se salieron sin hacer nada. Luego lo encontró el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y se armó el escándalo. Entonces vino la negación del Gobierno federal: no es un campo de exterminio.

También está el caso de Tabasco y La Barredora [grupo criminal presuntamente liderado por el exsecretario de seguridad estatal Hernán Bermúdez], y el horrible caso de Nayarit [durante el mandato del fiscal Édgar Veytia], donde eran ellos mismos, agentes estatales, los que estaban cometiendo las desapariciones. Hay mucha evidencia de que no es cierto lo que repite el oficialismo.

**Foto de portada: Tras la respuesta de México a la activación del artículo 34, que se mantiene confidencial, el CED debe determinar si lleva el caso ante la Asamblea General de la ONU. (Aranza Bustamante/ObturadorMX)

http://www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las dinámicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito del autor y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).