CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos Vázquez, responsabilizó a las Fuerzas Armadas y al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, de los señalamientos de ser “un asociado del Cártel del Noroeste”, según publicó ayer el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En entrevista con Proceso, Ramos Vázquez habló de su trabajo como defensor de derechos humanos ejercido desde hace 30 años en la frontera tamaulipeca, y resaltó que desde 2010 ha sido foco de campañas de desprestigio por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuando representó a la familia de los niños Martín y Bryan Almanza Salazar, asesinados en un retén militar.

“La intención es que le estorbamos a alguien y ese alguien se llama Fuerzas Armadas de México”, dijo Ramos Vázquez, quien ha representado a familiares de medio centenar de personas desaparecidas forzadamente por miembros de la Secretaría de Marina (Semar) en 2018, que fueron documentadas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), así como de ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados, entre ellas la de la niña Heidi Mariana Pérez Rodríguez, caso registrado en septiembre de 2022.

Ramos Vázquez, junto con otros defensores de derechos humanos y periodistas, también ha sido víctima de espionaje por parte de la Sedena a través del Pegasus, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El presidente del CDHNL explicó que la mención del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ocurre en momentos en que su organización está representando en tribunales casos que involucran a militares y marinos.

“Alguien no quiere que sigamos haciendo juicios y ese alguien se llama Fuerzas Armadas de México. Tenemos dos juicios en puerta, una contra marinos y otra contra soldados.

“Lo que están haciendo al involucrarme con un grupo criminal es etiquetarme para que un grupo rival pueda atentar contra mí, eso lo hicieron en 2018, o bien quieren que yo me alinee, que sea un defensor de derechos humanos light”, consideró.

Uno de los casos que se desahoga en tribunales en esta semana “tiene que ver con el almirante Marco Antonio Ortega Siu, responsable de las 52 desapariciones de personas que hubo entre febrero y mayo de 2018, de la mano del entonces gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ellos dos ordenaron un operativo, que tuvo tinte binacional, que se les salió de control y de ahí las desapariciones.

De acuerdo con Ramos Vázquez, “desde entonces el gobernador en ese tiempo, Cabeza de Vaca, operaba desde el gobierno de Estados Unidos y Marco Antonio Ortega Siu era el responsable del operativo que trajo a los marinos. Pretendía ser secretario de la Marina y a raíz del caso que denunciamos se le cayó el cargo, y los dos son un activo del gobierno de Estados Unidos”.

En 2019 Ramos Vázquez documentó la ejecución extrajudicial de cinco personas, acto en el que participó la policía estatal en conjunto con miembros el Ejército.

Abundó: “¿En qué momento se presenta este señalamiento? Justo en el momento en que tenemos un juicio, hoy en Reynosa, en contra de siete marinos por la desaparición de José Luis Bautista Carrillo, que ocurrió el 16 de mayo de 2018, y el próximo 11 de mayo empieza otro juicio en contra de tres elementos de Operaciones Especiales del Ejército por el fusilamiento de cinco hombres, ocurrido el 18 de mayo de 2023”.

Raymundo Ramos dijo estar tranquilo y dispuesto a ser llamado a comparecer ante cualquier instancia judicial, aunque hasta ahora no es el caso.

“Según lo que yo leí, se me acusa de defender a un grupo criminal para desprestigiar a las Fuerzas Armadas. Eso no es cierto. Heydi no era una criminal, los niños Martín y Bryan, no eran criminales, eran niños que mataron las Fuerzas Armadas, y así puedo enlistar una serie de víctimas que hemos defendido.

“Es muy desproporcionado ese señalamiento. Es muy desproporcionado porque el tema del huachicol, que involucra a marinos y a funcionarios de gobierno, en Estados Unidos se quedan muy callados. ¿Cómo a mí me quieren crucificar por mi trabajo de defensor de derechos humanos?”, cuestionó el presidente del CDHNL.

Ramos reprobó que el señalamiento se haga en vísperas de la visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, en medio de un escenario delicado para defensores de derechos humanos.

“Estamos en un momento donde los defensores de derechos humanos en nuestro país estamos siendo agredidos en todos los sentidos, financieramente con esa postura que tiene ahora tanto la Secretaría de Hacienda como la Unidad de Inteligencia Financiera; en el territorio estamos siendo agredidos, desaparecidos, aun así, con los riesgos que esto implica, yo voy a seguir siendo defensor de derechos humanos”, sentenció el presidente del CDHNL.