CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acreditó actos de tortura cometidos por miembros de la Secretaría de Marina (Semar) en contra de una mujer en Villagrán, Guanajuato, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

Este jueves, la CNDH dio a conocer el contenido de la recomendación 194VG/2025 dirigida a la Semar, la Fiscalía General del estado de Guanajuato (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Paz (SSP) de la entidad para que “colaboren en la integración y seguimiento de la denuncia” que el organismo presente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por actos de tortura en agravio de una mujer, por hechos ocurridos en marzo de 2019, por los que fue remitida al CEFERESO 16, agravios que fueron denunciados en 2022. 

De acuerdo a la resolución de la CNDH, durante la investigación de la queja se confirmó que los abusos ocurrieron en el contexto de un operativo conjunto denominado “Golpe de Timón”, realizado por las tres instituciones señaladas, la Fiscalía a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en el municipio de Villagrán, cuyo personal habría incurrió en la “vulneración al derecho humano a la integridad y seguridad personal de la víctima, toda vez que los elementos policiales y navales estuvieron presentes en su detención”. 

El organismo pudo acreditar que los marinos “participaron activamente en los hechos (de tortura), mientras que personal de la SSP y de la Fiscalía presenciaron las agresiones infligidas por personas servidoras públicas y omitieron denunciarlo”.  

La CNDH constató que a pesar de que las lesiones en la víctima eran evidentes, la Fiscalía estatal “no lo hizo el conocimiento de la autoridad ni proporcionó datos que permitieran identificar a los responsables de esos actos”, sino que “pretendió justificar las lesiones, argumentando que habían sido causadas por civiles e incluso por ella misma, en circunstancias distingas a aquellas en que realmente fueron infligidas”. 

La recomendación 194VG/2025 se deriva de la atracción de una queja presentada el 1 de junio de 2022 ante la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), organismo que solicitó colaboración a la CNDH para entrevistar a la víctima, quien se encuentra en el CEFERESO 16, en Morelos.  

De acuerdo a la queja, la mujer fue detenida el 5 de marzo de 2019, luego de que personal de la Semar, AIC y SSP, ambas estatales, irrumpieran en el domicilio en el que se encontraba, como parte de un operativo conjunto, y fuera señalada sin mayor explicación por una mujer policía.  

En el documento se asienta que la mujer “fue sometida por elementos vestidos de civil, en tanto que elementos de Marina comenzaron a golpearla y preguntarle sobre unas personas que no conocía”, además de que “fue amenazada con hacerle daño a su familia y posteriormente le ejercieron en su perjuicio actos de sumergimiento, asfixia y golpes con una tabla”, agresiones que cesaron cuando “ella aceptó que ‘había estado en la huelga” (sic). 

Tras señalar que el 13 de octubre de 2022 la PRODHEG le remitió el expediente de queja, la CNDH da cuenta que en diversos oficios “la Marina niega la participación de elementos navales en los hechos” a pesar de que el organismo tuvo acceso a una videograbación de la detención.  

En la recomendación se establece que el 8 de marzo de 2019 un juez de Distrito del Estado de Guanajuato promovió la integración de una carpeta de investigación por el delito de tortura en agravio de la víctima, misma que el 6 de octubre de 2023 “precisó que fue detenida únicamente por elementos de la Marina sin la participación de otras autoridades”, como asentó personal de la CNDH en un acta circunstanciada, así como un certificado médico de la FGE que constató 15 lesiones en el cuerpo de la víctima.  

Otra información relevante es la relacionada con la declinación de la FGR a atraer la carpeta de investigación abierta por la FGE Gto en contra de la agraviada, tras haber descartado que se encontraba “relacionada con alguno de los grupos de delincuencia organizada”.  

De acuerdo a las constancias obtenidas por la CNDH en contra de la víctima, la FGE integró una investigación por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de narcóticos con fines de venta; una más derivada de una denuncia presentada por elementos de la AIC “por los delitos de homicidio en agravio de diversos servidores públicos y de sedición en agravio de la seguridad del estado”, en tanto que la FGR le fincó acusaciones por “delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos”.  

En tanto, la víctima denunció actos de tortura tanto en el fuero federal como del estado, por lo que existen dos investigaciones abiertas por ese delito.  

La CNDH explicó que, por los hechos, recomendó a las autoridades involucradas, “la inmediata reparación del daño a la víctima, que incluya la medida de compensación y atención psicológica”, así como que “colaboren en el trámite y seguimiento de la carpeta de investigación iniciara ante la FGR y la FGR con motivo de la denuncia penal que esta Comisión Nacional presente, así como en la investigación administrativa correspondiente, a fin de que las citadas autoridades investiguen y determinen lo que conforme a derecho corresponda, respecto de las personas involucradas”.  

Asimismo, el organismo instruyó a las dependencias a “impartir un curso que trate la prevención y erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el cual deberá ser efectivo para prevenir hechos similares”, además de que “emitirán una circular en la que exhorten a su personal para que toda la actividad referente a la detención de personas se realice en estricto cumplimiento a los derechos humanos” reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales.