CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El modelo de dispersión de recursos en los programas del Fideicomiso de Bienestar (FIBIEN) Educativo de la Ciudad de México, operados por la empresa Paga Todo, se encuentra bajo observación debido a una combinación de comisiones excesivas, obsolescencia tecnológica y falta de certificación.  

A pesar de lo anterior, que puede resultar en un posible daño patrimonial, la firma apunta a ampliar su participación en la gestión de todos los apoyos sociales dentro del FIBIEN.  

Las quejas de usuarios llevan meses por las irregularidades en la plataforma “Obtén Más” encargada de gestionar los recursos no solo por fallas operativas, sino también posibles perjuicios millonarios que afectan el manejo de fondos públicos.  

La empresa responsable de este sistema, Paga Todo, firma dirigida por Alejandro Coronado, habría implementado un esquema de comisiones que resulta poco competitivo.  

De acuerdo con documentos internos obtenidos por Proceso, el modelo de esta empresa muestra una diferencia considerable en los beneficios ofrecidos al gobierno debido a los términos del contrato.  

Por ejemplo, Paga Todo ofrece una bonificación de apenas 0.25%, una cifra poco competitiva frente a otras opciones del mercado que han entregado históricamente beneficios superiores.  

De hecho, existen alternativas que venían ofreciendo descuentos cercanos al 0.50% y que, incluso podrían haber tenido un impacto más favorable en programas como Mi Beca para Empezar, Útiles Escolares, Servidores Públicos, Línea 12, Mejor Escuela y Leona Vicario.  

De confirmarse el contrato para operar el total de los programas, la capital dejaría de percibir ahorros que, en una comparativa de mercado, representan una brecha de más de 98 millones de pesos en bonificaciones anuales.  

Tan sólo en el caso específico del programa Mi Beca para Empezar, con un presupuesto de 4 mil millones de pesos, la diferencia en comisiones podría implicar hasta 70 millones de pesos más que los recursos destinados a los beneficiarios.  

Uno de los puntos que más preocupa a trabajadores consultados es el uso del fideicomiso de adjudicaciones directas para la contratación de servicios. A pesar de que la ley establece la necesidad de licitaciones abiertas y competitivas, los empleados denuncian que estos procesos se han cerrado a la participación de otros interesados.  

En los intentos más recientes de licitación, se habrían excluido a otros actores del mercado. El obstáculo principal radica en la plataforma Obtén Más, propiedad de Paga Todo, la cual mantiene un enlace exclusivo con el sistema Llave CDMX. Al ser la única herramienta con este acceso técnico, se genera una barrera de entrada que impide la participación de cualquier otro proveedor, limitando la competencia desde el propio proceso de contratación. Es decir, fue diseñado por y para un proveedor único. 

Además de los cuestionamientos económicos, el sistema de Obtén Más ha sido señalado por deficiencias en su seguridad.  

De acuerdo con las quejas de usuarios consultadas por Proceso, se reporta una falta de transparencia, ya que la aplicación impide consultar el historial de movimientos y solo permite visualizar el saldo al momento, lo que imposibilita un rastro adecuado en el seguimiento de los recursos.  

Esta ausencia de claridad, sumada a un incremento en las quejas por fraudes, se ha convertido en un reclamo recurrente entre los beneficiarios.  

La crisis operativa se agudiza al contrastar su infraestructura con los estándares mínimos de la industria financiera, pues la empresa carece de certificaciones críticas como la PCI DSS V4.0.1 para la seguridad de datos en tarjetas de pago, la ISO 37001:2016 en gestión antisoborno y la ISO/IEC 20000-1:2018 para servicios de tecnología.  

Esta carencia normativa se materializa en el uso de tarjetas obsoletas de banda magnética que no cuentan con la encriptación de un chip ni con la autorización del SAT para monederos electrónicos, comprometiendo la integridad del programa, además de entregarse sin sobre sellado ni "Card Carrier", incurre en una exposición directa de datos personales.  

La inoperatividad de este proveedor se extiende al sector comercial, donde el bloqueo de sus tarjetas en toda la red de Grupo Walmart, presuntamente derivado de fallas operativas y litigios, restringe las opciones de consumo de los beneficiarios. 

Por si fuera, poco al quedar excluidos de las principales cadenas de autoservicio, los usuarios son forzados a transaccionar en comercios locales donde Paga Todo impone terminales propias con comisiones de hasta el 6%, de las más altas del mercado, afectando tanto el poder adquisitivo de las familias como los ingresos de los pequeños tenderos.  

Los denunciantes aseguran que mientras se persigue y vincula a empleados por supuestas irregularidades, se evitan investigaciones sobre las áreas directivas del fideicomiso y la propia empresa encargada de la dispersión de recursos.  

Funcionarios como el actual comisionado y titular del FINABIEN, Romeo Arturo Evia Loya, y la exdirectora Alejandra Irene Márquez Torre, están siendo señalados por los trabajadores como responsables de una política de presión interna y amenazas hacia aquellos que intentan visibilizar estos problemas.