CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ministra Estela Ríos sí podrá participar y elaborar el proyecto de sentencia en para determinar cómo el Poder Judicial de la Federación (PJF) debe cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre prisión preventiva oficiosa.

Por unanimidad y sin debate público, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó el impedimento planteado contra la ministra por Reyes Alpízar Ortiz y Daniel García Rodríguez.

Ambos llevaron su caso ante la CorteIDH luego de ser arraigados y posteriormente pasar 17 años sujetos a prisión preventiva oficiosa por estar acusados de secuestro sin que en todo ese tiempo recibieran sentencia.

Esto dio origen al caso García Rodríguez y otro VS. México en el que la CorteIDH concluyó que la prisión preventiva oficiosa (automática) y el arraigo son inconvencionales, por lo que ordenó al gobierno mexicano dejar de aplicarlos únicamente tomando en consideración el delito por el que está acusada una persona y sin hacer un análisis de cada caso en particular.

La SCJN debe determinar cómo el PJF va a cumplir con esa sentencia, pero el caso fue turnado a la ministra Ríos.

Consejera Jurídica

La defensa de García y Alpízar indicó que la ministra Ríos estaba impedida para participar debido a que en el año 2022, cuando era Consejera Jurídica de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, emitió un comunicado en el que solicitó a la Corte mantener la figura de prisión preventiva oficiosa al resolver un amparo en revisión y una acción de inconstitucionalidad que abordaban el mismo tema lo que, a su parecer, revela una postura anticipada frente a su caso.

A propuesta del ministrto presidente, Hugo Aguilar Ortiz, el Pleno determinó que Ríos emitió el comunicado en ejercicio de su cargo y “no a título personal”, por lo que indicaron que su imparcialidad no está comprometida.

“Si bien el referido comunicado fue firmado por la ministra, lo cierto es que lo emitió en ejercicio de las facultades del cargo que ostentaba como Consejera Jurídica del Ejecutivo federal y no a título personal”, comentó Aguilar.

Añadió que los asuntos que abordó la Corte en el año 2022 se trataban sobre facultades del Poder Legislativo e improcedencia, no sobre la convencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, además de que el pronunciamiento fue emitido antes de la llegada de Ríos al Máximo Tribunal y de la emisión de la sentencia de la CorteIDH.

“A la fecha que se emitió el comunicado, no se conocía el sentido de la sentencia del tribunal internacional ni la materia del expediente de recepción de sentencias de tribunales internacionales 3/2023”, añadió.

Preocupa decisión de la Corte

La defensa de García y Alpízar, encabezada por el Colectivo Pena Sin Culpa, consideró preocupante la determinación de la Corte.

“La decisión pasa por alto que en ambos casos se condenó al Estado mexicano y que la hoy ministra defendió la prisión preventiva oficiosa y la política de seguridad como representante del Poder Ejecutivo en un contexto en que la presidencia, diversas secretarías de Estado, la CONAGO y la FGR presionaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para no dar cumplimiento a las sentencias internacionales”, afirmó el Colectivo.

“La resolución es contraria a los precedentes de la Suprema Corte y perfila una gestión de Hugo Aguilar en la que las y los ministros abiertamente cercanos al Poder Ejecutivo no solo no se excusan y se les releva de dicha obligación legal, sino que no se les declara impedidos a pesar de conocer de asuntos en los que hayan participado o prejuzgado”.

Añadió que todo esto evidencia la alineación de la Corte a la postura política del Poder Ejecutivo en cuanto a la prisión preventiva oficiosa, lo que compromete gravemente su institucionalidad e independencia.