HIDALGO (apro) .- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a 33 personas tras el operativo que presidió esta madrugada para asegurar la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul establecida en Tula, Hidalgo; se trata de cooperativistas y familiares que resguardaban el inmueble. 

Las personas fueron puestas a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH): 31 acusadas de “desobediencia y resistencia de particulares” y dos más por portación de armas, al encontrarles –según la FGJEM– en posesión de dos fusiles calibre 38. 

El primer delito, según el Código Penal Federal, configura cuando alguien se niega a cumplir una orden legítima o un servicio de interés público, o se opone mediante violencia al actuar de un servidor público. En tanto, pobladores de Tula acusaron que el ingreso policial fue con violencia y que hubo agresiones. 

La planta estaba en poder de un grupo disidente confrontado con la facción que lidera Víctor Manuel Velázquez Rangel, quien hoy celebró la “recuperación” de este inmueble, que desde el 17 de agosto de 2022 estaba fuera de operación por un corte de energía eléctrica, pero tenía un lustro en posesión del grupo opositor, encabezado por Federico Sarabia Pozo, detenido el 31 de agosto último por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR). 

La empresa se dividió en estas dos facciones tras la salida de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas de la mesa directiva en 2020. Ambos grupos se han acusado de prácticas corruptas como desvíos y malversación de recursos y de materiales. 

También se culpan por las muertes que ha dejado esta confrontación: ocho según el informe oficial, la madrugada del 27 de abril de 2022, en un intento de toma de la planta, ubicada en el antiguo poblado de Jasso, hoy nombrado Ciudad Cooperativa Cruz Azul.  

La Procuraduría de Hidalgo insistió que en el operativo que la Fiscalía mexiquense ejecutó durante la madrugada “para restituir la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul, en acato a lo ordenado por un juez de control del Estado de México”, no hay personas desaparecidas y tampoco personas fallecidas, como inicialmente mencionaron cooperativistas. 

No obstante, lo que no menciona la autoridad estatal es que el reportero Alejandro Torres Castañeda, del medio local Noticiero Retrovisor, acusó una agresión policial durante la cobertura del operativo. Las acciones quedaron grabadas en un video que ha sido difundido en redes sociales.   

“La Policía de Hidalgo acudió desarmada a resguardar a la población civil para evitar que se repitieran los antecedentes violentos que tienen relación con esa planta”, expuso la PGJEH, además de asegurar que “todos los detenidos fueron inscritos de manera oportuna al Registro Nacional de Detenciones, cuya consulta es pública y abierta”. 

Lo anterior, porque familias denunciaron que no localizaban a 31 personas tras la intervención policial, y pedían a las autoridades precisar si habían sido detenidos, bajo qué cargos, y dar a conocer el sitio en el que se encontraban. 

Por el ingreso al inmueble –en poder de un grupo disidente– hubo disparos de arma de fuego, movilización social, el poblado fue sitiado y el operativo contó con el refuerzo de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) y las policías municipales de Tula, Atitalaquia y Tlaxcoapan. 

En Ciudad Cooperativa se suspendieron las clases y se registraron confrontaciones tras la acción encabezada por la Fiscalía del Estado de México y la restitución del inmueble al grupo de Víctor Manuel Velázquez Rangel. 

Por los hechos en Tula, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo inició la queja de oficio CDHEH-VT.TA-0051-26 para determinar posibles violaciones a las garantías individuales en el marco del operativo.