CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una denuncia ciudadana contra la empresa Sales Up por posibles irregularidades administrativas y probable comisión de diferentes delitos, fue ingresada el pasado martes 14 de enero ante los principales sistemas federales de control y procuración de justicia. 

El escrito fue dirigido a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y solicita la apertura de investigaciones en torno a la empresa Sales Up, S.A. de C.V., y al ciudadano José Alejandro Hinojosa Valencia, señalado como presunto representante de dicha firma. 

Las presuntas irregularidades incluyen, además de las faltas administrativas, posibles conflictos de interés y hechos que podrían constituir actos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

De acuerdo con la denuncia, Sales Up fue constituida en 2018 y su única participación documentada en contrataciones públicas ocurrió en 2020, cuando recibió una adjudicación directa superior a los 2 millones de pesos para la venta de 500 termómetros infrarrojos a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). 

La autorización del contrato habría sido otorgada por René Gavira, entonces apoderado legal del organismo, quien actualmente enfrenta procesos penales por los delitos de peculado y delincuencia organizada relacionados con el desfalco al organismo, por la venta simulada de 7 mil 840 toneladas de azúcar a Segalmex. 

El documento subraya que, fuera de ese contrato, no existe evidencia pública de trayectoria sostenida, ni antecedentes que acrediten capacidad técnica, operativa o financiera de la empresa. A pesar de ello, la denuncia advierte que Sales Up pretende incursionar como proveedora de camiones y flotas vehiculares para el gobierno federal, un giro para el cual no cuenta con historial verificable en el sector automotriz, lo que podría configurar un esquema de simulación empresarial. 

El señalamiento refiere la participación de José Alejandro Hinojosa Valencia, a quien versiones periodísticas vinculan con Emilio Zebadúa y el caso conocido como La Estafa Maestra.  

Según la denuncia, Hinojosa Valencia se presenta públicamente como arquitecto, empresario y “armador de negocios y lobista con influencia internacional”, y figura como socio o controlador de múltiples personas morales en sectores diversos. 

El escrito también advierte que Hinojosa Valencia se ostentaría ante áreas de contratación de dependencias federales como representante tanto de Sales Up como de la empresa estadounidense Navistar Defense, afirmando la existencia de una supuesta alianza estratégica entre ambas. No obstante, la denuncia señala que no existe evidencia pública ni documentación verificable que acredite dicho acuerdo. 

La presentación de una alianza sin respaldo documental, señala el documento, podría implicar inducción al error de autoridades, además de faltas administrativas o incluso delitos, si se utilizara para obtener ventajas indebidas en procesos de contratación pública, particularmente en un sector sensible y altamente regulado. 

Ante estos elementos, la denuncia solicita a la UIF revisar flujos financieros, beneficiarios finales y operaciones relevantes, al considerar que el crecimiento atípico de una empresa sin trayectoria comprobable, ligada a una adjudicación autorizada por un exfuncionario hoy procesado penalmente, representa un riesgo elevado para el erario. 

Entre las peticiones concretas se encuentran la apertura de investigaciones administrativas, financieras y penales; la verificación de la personalidad jurídica y facultades legales de los presuntos intermediarios; la revisión de posibles vínculos y gestiones ante dependencias federales; y la prevención de nuevas asignaciones de contratos públicos a Sales Up hasta que acredite plenamente su capacidad técnica y legal. 

Acusado de fraude 

A estos señalamientos se suma el proceso penal que enfrenta José Alejandro Hinojosa Valencia, por un presunto fraude relacionado con la compraventa de obras de arte atribuidas a Frida Kahlo y David Alfaro Siqueiros. 

Según consta en el expediente judicial, los hechos que dieron origen al caso se remontan a finales de octubre de 2020, cuando Hinojosa Valencia se reunió con la víctima en un restaurante de la Ciudad de México y se presentó como comprador de obras de arte. Durante ese encuentro, la persona ofreció vender dos pinturas heredadas de su abuelo, presuntamente realizadas por Kahlo y Siqueiros. El pago no se efectuó en ese momento y, como garantía, el presunto comprador entregó escrituras de dos inmuebles. 

Sin embargo, el pago nunca se realizó dentro del plazo acordado de tres meses. En octubre de 2021, la víctima solicitó la devolución de las obras, a lo que Hinojosa Valencia presuntamente se negó y, según la denuncia, habría proferido amenazas. Posteriormente, al acudir a una notaría pública, el afectado fue informado que las escrituras entregadas como garantía eran apócrifas. 

Con base en estos hechos, el 12 de marzo de 2025 un juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra José Alejandro Hinojosa Valencia por su probable responsabilidad en el delito de fraude. 

La defensa promovió un juicio de amparo indirecto contra dicha resolución. Aunque el recurso fue admitido y resuelto en primera instancia, el caso fue revisado por un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el cual determinó revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento debido a la existencia de vicios procesales.