CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Pese a las reformas en 22 entidades federativas y el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2021 que significaron avances legales para permitir la interrupción del embarazo voluntario, en México en los últimos 10 años se han iniciado siete mil 511 carpetas de investigación por el delito de aborto, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En el contexto del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, que se conmemora cada 28 de septiembre, organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, Salvemos Miles de Vidas México, solicitan que el aborto se trate “como un tema de salud y no un delito”. 

Por ello exigen la derogación del delito de aborto voluntario de los códigos penales tanto en la Ciudad de México como en el resto del país.

De acuerdo con la organización, el aborto es el “único servicio de salud tipificado como delito dentro de todos los códigos penales, incluso en entidades federativas donde la interrupción voluntaria del embarazo está permitida bajo ciertos límites gestacionales y condiciones”.

También destaca lo dicho por la Organización Mundial de la Salud (OMS): “La criminalización no reduce el número de abortos; por el contrario, incrementa la mortalidad y morbilidad materna y limita la capacitación del personal de salud para que los procedimientos se realicen de manera segura, oportuna y con un trato digno, libre de estigma”.

CDMX, pionera pero con barreras 

Datos del Secretariado indican que, aunque la CDMX fue pionera en 2007 al aprobar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), entre 2015 y agosto de 2025 la Fiscalía abrió mil 471 carpetas de investigación por aborto. Peor: entre 2015 y 2024 el número de éstas creció 42.7 por ciento. 

Con base en esos datos, la organización Salvemos Miles de Vidas México, aclara que la Ciudad de México es un “caso emblemático en materia de derechos reproductivos”, pero sólo despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación y aún lo tiene tipificado como delito en su Código Penal. 

Este desfase entre la legislación sanitaria y la penal tiene consecuencias concretas: en 2025 la capital está en el primer lugar nacional con 146 investigaciones penales por aborto.

La organización explica que la iniciativa para derogar el delito de aborto en la CDMX se sustenta en sentencias “clave” de la SCJN: 

• 2018: se reconoció el acceso a servicios de interrupción voluntaria del embarazo como un derecho para las víctimas de violación sexual.
• 2021: se declaró inconstitucional criminalizar a mujeres y personas gestantes que interrumpen su embarazo y al personal de salud y asistentes. 
• 2023 se ordenó al Congreso eliminar el aborto del Código Penal Federal.

Sin embargo, subraya, el avance en el país es “profundamente desigual”: ocho estados aún no acatan las órdenes de la Corte y todos los códigos penales estatales siguen tipificando el aborto como delito y generan “un mapa fragmentado de derechos fundamentales y barreras de acceso que ponen en riesgo la salud y vida de niñas, mujeres y personas gestantes”.

Miedo a la criminalización

A decir de Sandra Karina Gaspar Martínez, médica ginecobstetra en la Ciudad de México y el Estado de México e integrante de Salvemos Miles de Vidas México, “incluir la interrupción legal del embarazo en el Código Penal fue un error histórico. Los legisladores deben comprender que los servicios de salud no pueden ser regulados como crímenes”.

En conferencia de prensa el 25 de septiembre último, aseguró que, aunque el aborto ya se despenalizó en algunos lugares, aún existien barreras “por el miedo que enfrentamos, tanto el personal médico como las personas que requieren el procedimiento, a ser investigadas y criminalizadas”.

Blanca Estela Kempis Robles, cirujana y partera, especialista en salud sexual en Morelos, afirma: 

Por más de 30 años he visto de cerca las consecuencias de criminalizar el aborto. Se ha comprobado una y otra vez que prohibir el aborto sólo lleva a procedimientos peligrosos que obligan a las mujeres a arriesgar su vida y muchas veces llegan al hospital con hemorragias, con daños irreversibles. Además, regular el aborto como un delito nos mantiene con miedo de hacer nuestro trabajo.

Guadalupe Monserrat Cárdenas Cruz, psicóloga de Michoacán, donde el aborto fue despenalizado hasta las 12 semanas de gestación tras una reforma aprobada por el Congreso local en octubre de 2024, expone:

Tratar el aborto como un tema de salud es reconocerlo como salud integral, con acompañamiento psicológico y sin barreras de acceso. El aborto seguro y acompañado con personal calificado no genera traumas. Lo que genera trauma es negarlo o hacerlo bajo condiciones inseguras.

Joselyn Rivera Vilchis, doctora en León, Guanajuato, donde en junio último fue rechazada una iniciativa para despenalizar el aborto voluntario, insistió: “Criminalizar el aborto es criminalizar la pobreza. Es no reconocer todo lo que viven las mujeres. A escala nacional tenemos la tasa más alta de natalidad en adolescentes de todos los países de la OCDE”.

Marau Basilio Roblero, ginecobstetra de Tlaxcala, advierte que criminalizar el aborto como delito es tratar a las mujeres como delincuentes, “tratarlo como un tema de salud es reconocer su derecho a una atención segura, integral y acompañada. En Tlaxcala, uno de los estados donde el aborto sigue penalizado salvo por causales, el personal médico también vivimos con miedo a ser denunciado por brindar atención, a perder nuestra licencia, miedo incluso a salvar vidas”.

Estigma y “evasión” médica

En entrevista con Proceso, Basilio Roblero, habla de cómo el hecho de que el aborto siga como un delito en los códigos penales perpetúa el estigma alrededor de las personas que lo solicitan. 

“Es muy común el estigma de que es una libertina, promiscua, irresponsable, no sabe planificar teniendo al alcance tantos métodos anticonceptivos, que ejerce de manera irresponsable su sexualidad, etcétera”, dice.

Sin embargo, aclara que en su experiencia profesional ha visto a mujeres que solicitan el aborto ante la incertidumbre de no tener estabilidad de pareja, están en plena fase desarrollo profesional y no es un momento adecuado para gestar, son víctimas de violencia de género o de agresión sexual, o porque el feto tiene algún tipo de malformación o pone en riesgo su vida por alguna patología previa, entre otras.

A mí no me compete el cuestionar a las mujeres o a las personas gestantes el motivo por el cual están solicitando el aborto. Eso debería quedar eliminado completamente, deberíamos eliminar ese tipo de estigmas y sólo hacer lo que a nosotros los médicos nos compete, que es dar la atención de forma segura, de calidad y ¿por qué no? con calidez.

Por el lado de los médicos, dice que han identificado a algunos que, por el miedo a ser investigados, tienden a evadir, retrasar o rechazar la atención a las pacientes, aunque eso pueda afectarlas en su salud, pues entre más tiempo pasa la gestación, aumenta el riesgo de complicaciones. 

Basilio Roblero agrega que el paso siguiente de la campaña para exigir la despenalización del aborto es buscar acercamiento con los legisladores para explicarles la importancia de hacer las reformas necesarias al código penal.