CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La estafa relacionada con la identidad representa un problema financiero significativo. Un análisis de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos, publicado en enero de 2024, examinó los informes de actividades sospechosas del año calendario 2021. El estudio identificó aproximadamente 1.6 millones de informes relacionados con la identidad, que involucraron un total de 212 mil millones de dólares en actividades sospechosas. El fraude general fue la categoría más reportada, con 1.2 millones de informes que sumaron 149 mil millones de dólares.

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Más recientemente, un informe de Javelin Strategy & Research, copatrocinado por AARP y publicado el 25 de marzo de 2025, reveló que los adultos en Estados Unidos perdieron 47 mil millones de dólares debido a estafas y fraudes de identidad en 2024. De este total, 27 mil millones de dólares correspondieron al fraude de identidad tradicional, afectando a 18 millones de personas.

En México, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que durante el primer semestre de 2024, recibió 41,581 reclamaciones por posible fraude. Además, la suplantación de identidad de instituciones financieras es una preocupación creciente; hasta agosto de 2024, la Condusef había alertado sobre la suplantación de 108 entidades para cometer fraudes.

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¿Cómo operan los delincuentes?

Los criminales utilizan diversas tácticas para obtener la información personal de sus víctimas. El phishing es uno de los métodos más comunes, donde los estafadores se hacen pasar por instituciones legítimas a través de correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas para engañar a las personas y hacer que revelen datos confidenciales.

Otra técnica es el uso de skimmers, dispositivos que copian la información de las bandas magnéticas de las tarjetas de crédito y débito en cajeros automáticos o terminales de venta. También pueden obtener información a través de violaciones de datos a empresas, donde se filtra información sensible de los clientes.

Una vez que los delincuentes poseen la información personal, como el nombre, número de Seguro Social, o datos de cuentas bancarias, pueden llevar a cabo diversas acciones fraudulentas. Estas incluyen realizar compras no autorizadas, vaciar cuentas de ahorro y cheques, solicitar préstamos, abrir nuevas cuentas bancarias o de tarjetas de crédito a nombre de la víctima.

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El impacto directo en los ahorros y el crédito

Las consecuencias del robo de identidad son directas y perjudiciales para la salud financiera de una persona. La víctima puede enfrentarse al agotamiento de sus ahorros, acumulados a lo largo de años de esfuerzo. Además, las deudas generadas por los estafadores pueden dañar gravemente el puntaje crediticio de la persona afectada, lo que dificulta la obtención de préstamos, hipotecas o incluso oportunidades de empleo en el futuro.

El proceso para resolver un caso de fraude de identidad puede ser largo y complejo. Según un estudio de Javelin Strategy & Research de 2024, el tiempo promedio que los consumidores dedicaron a resolver problemas derivados del fraude de identidad aumentó a casi 10 horas en 2023, en comparación con las seis horas registradas en 2022. Este tiempo se invierte en contactar a las instituciones financieras, presentar denuncias y disputar cargos fraudulentos.

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Medidas de protección y acciones a seguir

Las agencias gubernamentales y expertos en seguridad recomiendan varias medidas para minimizar el riesgo de ser víctima de un fraude de identidad. Es fundamental no compartir información personal o financiera en respuesta a llamadas, correos electrónicos o mensajes de texto no solicitados. Se aconseja revisar periódicamente los estados de cuenta bancarios y los informes de crédito para detectar cualquier actividad sospechosa.

En caso de convertirse en víctima, es crucial actuar con rapidez. En México, la Condusef orienta a los usuarios a presentar una denuncia penal ante la fiscalía local como primer paso. Posteriormente, se puede iniciar un proceso de queja ante la propia Condusef para buscar la anulación de los cargos o créditos no reconocidos.