CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En los primeros siete meses del año, Artículo 19 ha documentado 51 casos de acoso judicial, lo que “equivale a un nuevo proceso judicial o administrativo cada cuatro días”, lo que manifiesta “un uso faccioso del marco legal mexicano que pone en grave riesgo la libertad de expresión”.

Al señalar que desde 2016 se empezaron a reportar casos de acoso judicial, en un reciente informe titulado “Las leyes como mecanismo de censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas en México”, la organización internacional alerta que “en tan sólo siete meses se ha superado el número de víctimas registradas en cualquier año anterior”, periodo en el que han sido sometidos a esa forma de agresión 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres) y 12 medios de comunicación.

Artículo 19 considera preocupante “el uso indebido” de la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG), creada para enfrentar la “discriminación estructural” contra las mujeres en México, y que ahora “se ha convertido en un instrumento para inhibir el debate político, llegando incluso a eliminar publicaciones críticas o incómodas para personas en el poder”.

 Tras resaltar que el acoso judicial contra periodistas y medios  de comunicación, “representa una estrategia de desgaste, de recursos económicos, legales y humanos”, Artículo 19 destaca que en sus registros, ha sido durante los gobiernos de la autonominada Cuarta Transformación que mayores casos  de acoso judicial han registrado desde 2015.

De acuerdo a sus reportes, en los últimos cuatro años del gobierno de Enrique Peña Nieto registró 48 casos de acoso judicial, entre 2015 y 2018.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la tendencia casi se cuadruplicó al documentar 175 casos, casi  siendo los años más agresivos en materia de acoso judicial en 2020 y 2021, con 39 y 40 casos, respectivamente.

Durante 2025, con Claudia Sheinbaum,  esta tendencia creció tanto, que en los primeros siete meses los casos de acoso judicial representan casi la tercera parte de todas las denuncias contra medios y periodistas registradas en el gobierno de López Obrador.

De los casos documentados por Artículo 19 durante el año que transcurre, 10 se registraron en Veracruz, nueve en Ciudad de México, seis en Jalisco, mientras que Campeche, Oaxaca y Puebla, les siguen con 3 cada uno.

Al destacar que 17 de los 32 estados del país se reportan casos de acoso judicial,  en su informe la organización destacó que hay casos  extremos, como en Veracruz donde una sola figura política “denuncia por violencia política de género a decenas de personas, a medios de comunicación y a organizaciones de la sociedad civil, por una mera mención de nepotismo en sus publicaciones”, es decir, recurre a una herramienta legal “para silencia a grupos enteros” de comunicadores.

Tras retomar el caso emblemático de la ciudadana Karla Estrella  sancionada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por cuestionar que la diputada Diana Karina Barreras habría sido beneficiada por el nepotismo, la organización destacó que el acoso judicial por la vía electoral ha sido la más utilizada durante este año.

Así, de los 51 casos documentados “26 fueron por la vía electoral (50.98%), 14 por la vía penal (27.45%) y 11 civiles (21.5%).

“Preocupan dos tendencias: el uso de marcos normativos electorales en las elecciones de 204 y del poder judicial del 2025, así como el abuso del derecho penal, el más intrusivo de los recursos legales, como una constante en México para silenciar a la prensa”.

Otra tendencia detectada por Artículo 19 es el encauzamiento contra periodistas en distintos frentes, como ocurre en el caso del periodista Jorge Luis González, denunciado por la gobernadora Layda Sansores por VPEG, por la vía penal y por daño moral, caso en el que se ha implementado la censura previa para revisar las publicaciones antes de hacerlas públicas, medida que está prohibida en la Constitución.

Esa estrategia litigiosa, ha sido identificada en agresores que “tienen mayor capacidad económica o de poder público” que tienen la capacidad de “darse el lujo de iniciar múltiples procedimientos, y ca uno de esos funge como un mecanismo para generar temor”.

La organización destaca que de los 51 casos documentaos, en 23 “los perpetradores del acoso judicial” son personas funcionarias públicas, algunas de ellas en proceso de reelección de su puesto o de una candidatura; en 18 casos fueron particulares y 10 fueron litigados directamente por partidos políticos y personas candidatas que no eran funcionarias al momento de la agresión.

De las 23 personas funcionarias públicas que han recurrido al acoso judicial, 14 son de índole estatal, cuatro municipales y tres federales.

Al abundar sobre el uso de la figura de VPEG contra la prensa, que en siete meses de 2025 sumó 25 casos, la organización “considera necesaria la introducción de la protección de los derechos de las mujeres en el ámbito electoral, pero externa su preocupación que esta figura se ha desvirtuado de su propósito y está siendo utilizada de manera abusiva contra periodistas y medios de comunicación de manera desproporcionada”.

Tras señalar que a través de las medidas cautelares contra medios y periodistas se han llegado al extremo de “ordenar la remoción de contenidos de relevancia pública, Artículo 19 resaltó que cinco mujeres fueron víctimas de acoso judicial pro VEPG, lo que significa que ese instrumento “se está utilizando también para acallar a las mujeres periodistas”.

En el informe destaca que la figura de VPEG ha sido utilizado para acallar contenido relacionado “con corrupción, falta de transparencia, y hasta por resaltar presuntos vínculos con grupos de delincuencia organizada o con los militares”.

Artículo 19 retomó las palabras de la esposa del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müeller,  en las que advierte que una vez que entre en funciones el nuevo Poder Judicial, podría emprender litigios contra periodistas que replicaron información del diario español ABC sobre su presunta intención de vivir en Madrid, situación que reforzaría la hipótesis del informe de que “los procesos judiciales no están siendo utilizados  como mecanismos de acceso a la justicia, sino como escarmiento frente a la crítica”.

Al apuntar que la amenaza de Gutiérrez Müeller es la sexta proveniente de un actor político en los primeros siete meses del año, Artículo 19 considera de “mayor preocupación que se indique que las nuevas personas juzgadoras ahora tendrán mayor intención de actuar de manera punitiva contra periodistas y medios de comunicación”, lo que genera un “efecto amedrentador y de autocensura”.

Tras hacer un recuento de la jurisprudencia nacional e internacional que protege la libertad de expresión, Artículo 19 formuló 13 recomendaciones a actores públicos y privados, a los gobiernos federal y estatales a los podres judiciales de la federación y estatales; a los congresos federal y estatales, al INE y al TEPJF, para tomar medidas que garanticen la libertad de expresión en sus distintos ámbitos y competencias, así como evitar el abuso de la figura de VPEG como un mecanismo de censura.