CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A pesar de que el pasado jueves el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó la reciente elección judicial, especialistas y actores del ámbito jurídico consideran que el proceso refleja un “golpe de Estado” contra la independencia judicial. 

En entrevista para este medio, Rafael Estrada Michel, abogado profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y en la Escuela Libre de Derecho, aseguró que desde la preselección de candidaturas hasta la jornada electoral se evidenciaron irregularidades que cuestionan la transparencia y legitimidad del proceso. 

“Lo primero que hay que destacar es que las listas de candidaturas no fueron listas abiertas, sino que primero hubo una selección de candidatas y candidatos a todos los puestos judiciales que se desarrolló de manera muy, muy cuestionable y polémica. Los comités de selección del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo eligieron, y sobre todo descartaron, candidaturas sin fundar ni motivar suficientemente ese descarte. Desde ahí ya teníamos una situación de inequidad grave”, explicó Estrada Michel. 

El académico recordó que el Comité de Selección del Poder Judicial decidió retirarse del proceso al percatarse de que continuar implicaba desacatar suspensiones dictadas en procedimientos de amparo.  

“Múltiples autoridades desacataron estas órdenes, y el Comité de Selección del Poder Judicial, que intentó acatar esas sentencias, se retiró del proceso. Y conocemos cómo se desarrolló ahí la ‘tómbola’. Esto implicó que las candidaturas surgidas de las listas preseleccionadas del Poder Judicial fueran las que, en un procedimiento aleatorio deplorable, seleccionó el Senado de la República”, añadió. 

Criticó también la ausencia de participación de los partidos políticos, reemplazada por una inducción al voto realizada por organizaciones semioficiales y, en algunos casos, por grupos vinculados al crimen organizado. 

“Se trató de una inducción al voto expresamente prohibida por la reforma constitucional y que se llevó a cabo de la peor manera: no a través de partidos políticos, sino de organizaciones pseudo-partidistas”, dijo. 

Sobre la jornada electoral, Estrada Michel recordó que semanas antes se distribuyeron materiales de orientación de voto, conocidos como “acordeones”, entre funcionarios y gobernadores del oficialismo. 

“Todas las candidaturas mencionadas en ese reportaje fueron acertadas, algo que, según cálculos actuariales, sería prácticamente imposible. Claramente hubo una inducción al voto prohibida, insisto, por la propia reforma constitucional”, añadió. 

Además, el académico señaló que los recursos utilizados para la impresión y distribución de estos materiales podrían provenir de fuentes oficiales, empresariales o incluso criminales, lo cual estaba prohibido. 

“Si se hicieron colectas entre funcionarios públicos para apoyar determinadas candidaturas, si se indujo el voto con prácticas que creíamos superadas, parece que se pudo comprobar”, explicó. 

Cinco de los once consejeros y consejeras del Consejo General del Instituto Nacional Electoral se pronunciaron por no declarar la validez de la elección debido a estas irregularidades, pero la mayoría se impuso con seis votos a favor.  

“Desde el inicio del proceso, con el desacato a sentencias y suspensiones dictadas en procedimientos de amparo, hasta la total omisión de investigaciones por parte del Ministerio Público, están en falta prácticamente todas las autoridades”, subrayó. 

Estrada Michel calificó la elección como “un golpe de Estado muy claro contra una potestad fundamental del Estado, como es la potestad judicial” y añadió que la abstención de casi el 90% refuerza la percepción de ilegitimidad. 

“Queda por ahí el resquicio de que la Suprema Corte de Justicia admitió a trámite una impugnación presentada por una candidatura a la Sala Superior del Tribunal Electoral. Obviamente, el propio Tribunal Electoral no puede resolver sobre sus propias candidaturas. Entonces, probablemente la Suprema Corte podría declarar nula la elección y convocar a una nueva”, afirmó. 

El académico señaló que, aunque las perspectivas internas lucen complejas, aún existen instancias internacionales que podrían intervenir. “No descartemos que alguna corte de carácter interamericano o internacional se anime a intervenir, ante lo que está siendo el desmontaje de la independencia judicial y, por tanto, del equilibrio de poderes en México. Todavía queda la posibilidad de que las y los candidatos impugnen o presenten recursos ante tribunales internacionales si consideran que se violaron principios fundamentales”, dijo. 

Aun así, reconoció que “pasada esta situación tan penosa, recuperaremos nuestras instituciones, tarde o temprano. Lo que vemos hoy no nos puede hacer perder de vista que México ha mantenido un régimen republicano que permite la recuperación del equilibrio de poderes y el respeto a la independencia judicial”, concluyó.