CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La flamante comisión presidencial a la que Claudia Sheinbaum Pardo encargó la tarea de elaborar una iniciativa de reforma electoral, solo existe en el papel, pero ya desató un debate polarizado. La oposición y los detractores de la llamada Cuarta Transformación advierten sobre los riesgos de que la comisión, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, termine de eliminar los contrapesos del gobierno, como el Instituto Nacional Electoral (INE), y de consolidar a Morena nuevo partido hegemónico, en línea con las reformas constitucionales impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El oficialismo, en contraste, niega tener veleidades autoritarias, y afirma que busca crear un sistema con una mejor representación popular; sostiene que todos los actores sociales están invitados a participar en los foros para diseñar la reforma, y asegura que la comisión no partirá de la polémica iniciativa de reforma enviada por López Obrador en febrero de 2024, en el marco del llamado “Plan C”.

En medio de estas dos posturas quedan observadores y expertos electorales; en entrevistas por separado con Proceso, cuatro de ellos ven con cierta preocupación la conformación de la comisión–cuyos siete integrantes vienen del Poder Ejecutivo y del oficialismo--, pero no descartan la promesa de la mandataria de que todas las voces serán escuchadas. Señalan que cualquier reforma tendrá que pasar por el Congreso, cuyos líderes, de Morena, no están alineados con Claudia Sheinbaum y su grupo.

Adán y Monreal, fuera

Según el exconsejero electoral Alfredo Figueroa Fernández, Claudia Sheinbaum no necesitaba crear una comisión presidencial para imponer una reforma que refuerce el poder hegemónico de Morena, pues el partido ya controla a las dos terceras partes del Congreso: según el analista, la maniobra de Sheinbaum responde a una pugna al interior del partido fundado por López Obrador.

“Los operadores del oficialismo en materia electoral se encontraban sobre todo en la Cámara de Diputados, con la figura del diputado Sergio Gutiérrez Luna”, analiza Figueroa, quien tuvo un asiento en el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) entre 2008 y 2013. La nueva comisión opera un “desplazamiento político respecto a la interlocución que el Ejecutivo tendría con el INE y con el Tribunal Electoral”, según Figueroa, con lo que deja fuera de la discusión a “los actores del Poder Legislativo, y de manera particular Adán Augusto López y Ricardo Monreal Ávila”.

 “Se me hace que la comisión está creada para resolver la disputa al interior de Morena y de sus aliados”, abunda Figueroa, y agrega: “creo que no han terminado de procesar con reglas e institucionalidad la pregunta de cómo resolver las disputas y las diferencias entre los distintos grupos al interior de Morena, de los que se amalgamaron detrás de López Obrador”.

“El enigma es si la presidenta de la República va a tomar decisiones respecto de este movimiento, ahora como su lideresa real”, insiste.

Participación o simulación

En el preámbulo del decreto que oficializa la creación de la comisión presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 4 de agosto, Sheinbaum denuncia la “conservación inercial” de las “normas que rigen las consultas populares”, los “sistemas de representación de la ciudadanía en los órganos colegiados”, los “métodos de votación y de procesamiento de los resultados”, así como del “régimen de partidos políticos y la institución y organización de las autoridades electorales”. En otras palabras: no define de manera clara un rumbo de la reforma.

De acuerdo con el decreto, la comisión tendrá la misión de “emplazar al país a intervenir con críticas, opiniones y análisis, mediante los métodos del debate público”, con tal de “elaborar propuestas sobre la reforma electoral”, y para ello “podrá invitar a representantes de dependencias, entidades, instituciones públicas o privadas de los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos, academia y sociedad civil quienes podrán participar con derecho a voz, pero sin voto”.

Según Víctor Díaz de León, analista en la organización Laboratorio Electoral, existen dos escenarios en torno a la reforma electoral. El primero es que la comisión sí elaborará su iniciativa con base en las propuestas que surjan en los foros y debates públicos; el segundo es que “todo el proceso será una simulación porque ya existe una iniciativa”. Y esta iniciativa sería la que López Obrador envió a la Cámara de Diputados el 5 de febrero de 2024, en el paquete de reformas constitucionales conocido como Plan C.

La iniciativa del tabasqueño planteaba eliminar el INE y los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), y sustituirlos por un nuevo organismo único, cuyos integrantes –reducidos de 12 a 9-- serían elegidos por voto popular; también contemplaba eliminar las plurinominales a nivel federal –es decir, 200 diputaciones federales y 64 senadurías-- y reducir el número de diputados locales y de regidurías y recortar a la mitad los recursos públicos atribuidos a los partidos políticos.

“Entre las propuestas del expresidente López Obrador destacaba la intención de acabar con las plurinominales. De haberse concretado, tendríamos hoy una sobrerrepresentación de la mayoría y una jibarización de las minorías”, asegura el exconsejero electoral José Woldenberg Karakowsky, quien forma parte del grupo de 22 exconsejeros electorales que exigieron que la reforma electoral venidera sea “fruto del más amplio consenso”.

La reforma de López Obrador, agrega, “acababa con el financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos, lo cual sería un golpe terrible a los partidos de oposición, porque los que están en el gobierno seguramente encontrarían recursos por otra vía”.

“Temo que la reforma electoral no sea más que un eslabón más del proceso a través del cual este gobierno y el anterior están destruyendo una germinal democracia para construir un régimen autoritario e hiperpresidencialista, donde el presidente concentra prácticamente todas las facultades y subordina o desaparece a los otros poderes constitucionales”, comenta a Proceso.

“No me hablen de regresiones”

El pasado 7 de agosto, Pablo Gómez aseveró que la comisión no está partiendo de la iniciativa de López Obrador para elaborar su la iniciativa. “No existe un proyecto elaborado en este momento”, insistió en varias ocasiones el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) durante una visita al programa que Morena difunde en Youtube, llamado “Moreniza”, conducido por la presidenta nacional del partido, María Luisa Alcalde Luján.

“Creo que todo mundo debería –es consejo, no es ninguna obligación—participar en el debate. En lugar de decir ‘hay peligro de regresión autoritaria’… a ver cálmense, ¿Qué proponen? No me hablen de regresiones, háblenme de progresiones, que es lo que queremos oír. No inventar cosas que no están en la mesa”, dijo el encargado de redactar la iniciativa.

Durante la hora que duró el programa, Pablo Gómez recalcó que México “cambió mucho” desde la llegada de López Obrador y de su “fuerza mayoritaria” al poder, y vislumbró algunos de sus puntos de vista respecto al tema electoral: según el militante histórico de las izquierdas, se trata de diseñar un “sistema de representación popular” más cercano a la gente y no alineado con los intereses de los líderes de los partidos.

Monolito

Las principales interrogantes giran en torno a la conformación de la comisión, cuyos siete integrantes vienen del Poder Ejecutivo y, por ende, del oficialismo. Cinco de ellos provienen del sexenio de López Obrador, el propio Pablo Gómez, Jesús Ramírez Cuevas, quien fuera el brazo derecho de López Obrador, Rosa Icela Rodríguez, Lázaro Cárdenas Batel y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Sheinbaum colocó a dos de sus incondicionales en la comisión: su consejera jurídica Ernestina Godoy y José Merino, el titular de la Agencia de Transformación Digital, cuya integración en la comisión sugiere cambios tecnológicos en materia electoral, como quizás el voto electrónico.

“La comisión que ha nombrado la presidenta está compuesta por funcionarios del gobierno, y las últimas reformas en la materia, las de 1994, de 1996, de 2007 y 2014, buscaron que fuera producto del diálogo y consenso entre las diferentes bancadas de los partidos, y todas las reformas electorales desde la de 1977 partieron de demandas de los partidos de oposición, lo que las convirtió en reformas democratizadoras”, planta José Woldenberg.

“Independientemente de que tengan otras cualidades, no son personas que tienen un conocimiento del INE y del tribunal electoral”, sostiene Alfredo Figueroa, quien duda que “la capacidad de negociación sea la mayor virtud de Pablo Gómez”. “Es una comisión gubernamental en su origen, y aunque el gobierno promete que va a invitar a todas las voces, finalmente será este núcleo cerrado, este monolito, el que tomará las decisiones finales”, observa Víctor Díaz de León, de Laboratorio Electoral.

Fiscalización

Según Dania Ravel Cuevas, integrante del Consejo General del INE, “es indispensable que no se cometa el mismo error que con la elección judicial, el de no escuchar a las personas operadoras de la norma, me parece que, al menos cuando la iniciativa llegue al Congreso, debería abrirse la posibilidad a que seamos escuchados sobre las cuestiones técnicas”.

En entrevista con Proceso, la funcionaria sostiene que se necesitan cambios urgentes en materia electoral para resolver el rompecabezas logístico y financiero que se augura en 2027, en el que se juntarán las elecciones intermedias y las elecciones judiciales, con el problema mayúsculo de que en una elección participan los partidos políticos y en la otra quedan excluidos.

De manera general, Ravel estima que una futura reforma electoral debería preservar la estructura de operación del INE, que incluye los 32 OPLEs, el Servicio Profesional Electoral Nacional y el padrón electoral. “Todas las reformas electorales que se han dado en los últimos años han tendido a fortalecer el sistema electoral y esperemos que la que venga pues tenga ese mismo objetivo”, expresa.

Aparte, señala la importancia de apostarle a la fiscalización de los actos anticipados de campaña, la participación indebida de los servidores públicos en los procesos electorales, y los gastos de los partidos políticos, sobre todo si estos repiten sus ejercicios de selección de candidatos presidenciales, las campañas electorales de las “corcholatas” en el caso de Morena y las encuestas para la coalición opositora.

“Nos hemos topado con obstáculos, las instituciones nos quieren hacer oponibles los secretos bancarios, fiduciarios, fiscales y hasta ministeriales”, se queja la consejera, y agrega: “muchas veces no nos han dado información en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”; una institución que, hasta hace unos días, era dirigida por Pablo Gómez, ahora encargado de redactar la reforma electoral.

Choque cantado

Al igual que la consejera Ravel, los expertos entrevistados coinciden en que existen muchos espacios de mejora en el sistema de competencia electoral de México. “Hay una extraordinaria cantidad de temas por los cuales tenemos una institucionalidad absolutamente golpeada”, dice Alfredo Figueroa, quien deplora que, a pesar de ser financiados con recursos públicos, los partidos políticos tienen “secuestrada la boleta”.

“La ciudadanía no participa para elegir cómo una persona llega a ser candidata. Se trata de una decisión absolutamente discrecional de camarillas, de grupos y de los líderes de los partidos”, dice. Sin embargo, emite dudas sobre la intención de la comisión presidencial de abrir el sistema de los partidos a la ciudadanía, a través de primarias por ejemplo.

“Yo no he visto un comportamiento de Morena y el oficialismo que busque un proceso de democratización auténtico. Ojalá me equivoque, pero los antecedentes tienden a lo contrario: a crear un partido que no tenga competencia, como lo que se llamó partido hegemónico, que toleraba una oposición pero sin dejarle llegar al poder”, dice.

José Woldenberg reconoce que la fama pública de los partidos es malísima, y que estas agrupaciones figuran en los últimos lugares del aprecio ciudadano. “Esto es cierto, pero montarse en ese malestar ciudadano hacia los partidos políticos para debilitarlos tiene la única intención de que el oficialismo quede como la única fuerza fortalecida dentro del escenario partidista”, opina.

Varios de los entrevistados apuntan a que la iniciativa de reforma electoral de la Comisión Presidencial podría enfrentar un rechazo al interior del oficialismo, ya sea de Morena o de sus partidos aliados, como el Partido del Trabajo (PT) o el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que ya se quejaron de las órdenes de Sheinbaum para eliminar la reelección o para prohibir el nepotismo.

“Es probable que algunas determinaciones no convengan al PT y al PVEM, y la mayoría en el Senado está a uno o dos votos de deshacerse, por lo que Morena necesitaría de los partidos que lo acompañan para construir el procedimiento legislativo que requerirá cualquier modificación constitucional”, plantea Víctor Díaz de León.

Y el choque parece ya cantado: en varias declaraciones recientes a la prensa, Ricardo Monreal advirtió sobre una “crisis interna” y una “disputa interna insalvable” al interior de Morena, y sostuvo que el Congreso tendrá la última palabra en torno a cualquier iniciativa de reforma electoral. Un mensaje directo a Palacio Nacional.