CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Autoridades federales y capitalinas realizaron un operativo en el Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, donde se aseguraron sustancias ilícitas, dispositivos electrónicos, electrodomésticos y otros objetos prohibidos, como parte de una estrategia para recuperar el control de los centros penitenciarios de la Ciudad de México.

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Cateo con participación federal y uso de tecnología

El operativo fue coordinado por la Secretaría de Marina (Semar), con la participación de elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC-CDMX) y el equipo táctico Refuerzo CDMX. Durante la intervención se utilizaron binomios caninos entrenados en detección de narcóticos y equipos especializados para el rastreo de señales Wi-Fi, con el objetivo de localizar redes no autorizadas que pudieran usarse para establecer comunicaciones desde el penal hacia el exterior.

Estas acciones técnicas complementaron las inspecciones físicas realizadas en los dormitorios del centro penitenciario, consideradas una medida preventiva ante posibles actividades de coordinación delictiva al interior.

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Decomisos: más de dos mil dosis y objetos prohibidos

Como resultado del operativo, se incautaron más de 2 mil 300 presuntas dosis de drogas:

• 1,193 dosis de probable cocaína en piedra
• 133 dosis de presunta cocaína en polvo
• 1,016 dosis de posible marihuana

También fueron asegurados diversos artículos cuyo ingreso y posesión están prohibidos dentro de los penales, conforme a la normativa penitenciaria:

• 16 teléfonos celulares
• Cuatro pantallas de televisión
• Un horno de microondas
• Tres reproductores de DVD
• 12 chips de telefonía móvil
• Siete controles de videojuegos
• 15 bocinas
• Tres memorias USB
• 19 paquetes de papel para tabaco
• Dos paquetes de cigarros
• Ocho pipas
• Ocho molinos para triturar droga
• Una navaja

Todo el material fue entregado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que será la encargada de integrar las carpetas de investigación correspondientes.

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Fundamento legal y posibles sanciones a internos

De acuerdo con el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social y la Ley Nacional de Ejecución Penal, los internos sorprendidos en posesión de objetos prohibidos pueden ser sujetos a sanciones disciplinarias internas, tales como:

• Restricción de visitas familiares
• Aislamiento temporal
• Suspensión de actividades recreativas o laborales
• Pérdida de beneficios como reducción de pena por buena conducta

Además, si se determina que alguno de los reclusos almacenaba, distribuía o comercializaba sustancias ilegales dentro del penal, podrían iniciarse nuevas carpetas de investigación por delitos contra la salud, conforme al Código Penal Federal (artículos 193 a 195) y la Ley General de Salud. Estas normas establecen sanciones de 5 a 25 años de prisión para quien posea o comercialice drogas sin autorización.

En caso de que las autoridades acrediten vínculos con redes de distribución desde el interior del penal, podrían aplicarse figuras delictivas adicionales como:

• Delincuencia organizada (cuando se demuestre estructura jerarquizada o reiterada)
• Corrupción de servidores públicos (si se comprueba complicidad de personal penitenciario)
• Introducción de objetos prohibidos en centros de reclusión

El artículo 479 de la Ley General de Salud también establece criterios para distinguir entre consumo personal y tráfico de estupefacientes, lo cual será clave para definir el tipo de imputación penal correspondiente.

En caso de nuevas acusaciones o reincidencia, los internos pueden perder el acceso a programas de preliberación, libertad anticipada o reinserción social, conforme a lo dispuesto por la Ley Nacional de Ejecución Penal.