CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para todos, todas y todes (Red TDT) urgieron al gobierno de Claudia Sheinbaum atender las 90 recomendaciones formuladas por el Comité de Naciones Unidas contra la Discriminación de la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que consideró que en México la violencia estructural contra las mujeres sigue vigente.

Luego de que este lunes 7 el CEDAW divulgara, desde su sede en Ginebra, Suiza, su Décima Revisión Periódica sobre la situación de México, las organizaciones se sumaron a las preocupaciones de las expertas que componen el órgano de tratado “que visibilizan la grave crisis de derechos humanos que enfrentan niñas, adolescentes y mujeres en el país”. 

Asimismo, llamaron urgentemente “atender la violencia estructural, la impunidad y la falta de política que siguen poniendo en riesgo la vida y dignidad de millones de mujeres en México”. 

En el pronunciamiento conjunto las organizaciones retomaron las principales observaciones del comité CEDAW, tras el informe presentado por México los días 17 y 18 de junio pasados, encabezado por la secretaria de la Mujer, Citlalli Hernández.

Entre las preocupaciones del órgano destaca que “la violencia contra mujeres y niñas en México ha aumentado, y perpetrada tanto por agentes estatales como no estatales, incluyendo al crimen organizado”, violencia que incluye “desapariciones, tortura, violencia sexual y feminicidios, a menudo con armas de fuego”.

De acuerdo con las observaciones del comité CEDAW, la situación grave contra las mujeres se agrava “por la respuesta ineficaz del Estado y sus deficientes políticas de seguridad y control de armas”, y recordó que siguen sin atenderse las recomendaciones hechas en una revisión anterior sobre el reforzamiento de mecanismos como la Alerta de Violencia de Género.

Tras cuestionar “la aplicación desigual de protocolos con perspectiva de género, el comité de expertas formuló 29 recomendaciones para “armonizar leyes, recopilar datos precisos y garantizar reparaciones transformadoras”, alentando a “reforzar refugios y mejorar la respuesta ante desapariciones”.

Para las expertas resulta alarmante “el elevado número de mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas asesinadas, desaparecidas y atacadas a través de amenazas, violencia física, vigilancia, ataques digitales y criminalización, con una proporción significativa de estas agresiones perpetradas o toleradas por actores estatales”.

Ante la gravedad de la violencia conta defensoras, el comité CEDAW recomendó abordar las deficiencias de instancias como el Mecanismos de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que cuente con recursos suficientes y se coordine con instancias locales en investigaciones “rápidas, exhaustivas e imparciales que garanticen reparación integral del daño y enjuiciamiento de los actores responsables de los ataques”.

Entre los temas de alarma el comité resaltó que las niñas, adolescentes y mujeres, sobre todo aquellas en situación de marginación están en “riesgo de trata y trabajo forzoso”, ante la persistencia de la “violencia patrimonial y las limitades oportunidades económicas”. 

El comité CEDAW urgió sancionar a los funcionarios “que incumplan la ley y establecer mecanismos conta la corrupción”, reforzar la atención a víctimas, aumentar los recursos para las inspecciones laborales, y recomendó “recopilar y analizar datos para diseñar mejores políticas públicas, así como aplicación de estrategias integrales de prevención”. 

En cuanto al derecho al aborto, el organismo lamentó la falta de garantías para acceder a este derecho, que “sigue siendo obstruido y condenado legalmente a pesar de los avances en la legislación federal”, derivado de “estigma y la resistencia del personal de salud”. 

Tras recomendar la capacitación del personal de salud, CEDAW alentó a “armonizar las disposiciones penales con los avances legislativos en materia de acceso al aborto, garantizar la aplicación coherente de la Norma Oficial Mexicana 046 sin exigir a las víctimas de violencia sexual que presenten informes policiales o pruebas judiciales de violación”.

Como medidas urgentes CEDAW pidió al Estado mexicano “atender la violencia feminicida como una prioridad nacional”; armonización de la legislación penal en la materia en todo el país, garantizando investigaciones con perspectiva de género y sancionar a los responsables de feminicidios y desapariciones.

Asimismo, llamó a “garantizar justicia y reparación para las víctimas de violencia sexual y tortura; implementar mecanismos eficaces para la denuncia, atención y reparación transformadora, incluyendo acceso a servicios en zonas rurales e indígenas”. 

Las organizaciones sociales solicitaron una reunión “de alto nivel” en menos de 60 días, para instalar Comisión de Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones de la CEDAW, que es coordinada por las secretarías de Relaciones Exteriores y de la Mujer, en la que pidieron ser incluidas, junto con académicos y organismos internacionales. 

Asimismo, pidieron que dicha comisión de pleno acceso a la información de sus actividades y diagnósticos y que se establezca una agenda de trabajo “con informes públicos cada seis meses, donde se detallen los avances, retrocesos y obstáculos para el cumplimiento de las recomendaciones”.