HIDALGO (apro).-Un juez de control determinó no vincular a proceso a Francisco Natalio Zamudio Isbaile, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de ser el operador financiero del político hidalguense Gerardo Sosa Castelán, en el caso que ambos enfrentan por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 245 mil 948 pesos. 

Se trata de Gregorio Salazar Hernández, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de México, con residencia en el municipio de Almoloya de Juárez. 

Es el mismo que en funciones de juez de control había sobreseído parcialmente el 25 de septiembre de 2024 los cargos contra Sosa Castelán, exrector y expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

Esta decisión que fue revocada el pasado 27 de marzo por el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con Residencia en Toluca, Estado de México, al considerar que Salazar Hernández no tenía facultades para invalidar las acusaciones y asumir que el recurso movilizado a través de una presunta empresa fachada era lícito.    

Con ello, el Tribunal Colegiado devolvió a Gerardo Sosa la medida cautelar de brazalete electrónico y otras medidas de vigilancia, además de pedir que se informe al Tribunal de Enjuiciamiento para que continúe con el trámite del juicio. 

En su última resolución con una de los supuestos implicados, Gregorio Salazar consideró que no había consistencia en las acusaciones de la FGR hacia Francisco Natalio Zamudio, contra quien se libró orden de aprehensión en agosto de 2020 y estuvo prófugo hasta el 30 de abril de 2025, cuando fue detenido en Pachuca en un operativo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). 

El juez sostuvo que el ministerio público no precisó de qué forma Zamudio Isbaile participó en el presunto lavado de los 58.2 millones de pesos y que no aportó “hechos específicos” o “documentos de prueba” que constataran un actuar ilícito. Asimismo, afirmó que no existe constancia de que Francisco Natalio tuviera participación en la posible empresa fachada Contabilidad del Siglos XXI, desde la cual se movilizó el recurso hacia cuentas de Gerardo Sosa, sus hijas Ana Carmen y Adriana Sosa Cravioto, entre otros personajes supuestamente allegados a la familia, de acuerdo con la causa penal 263/2020.  

En su edición 2289, Proceso publicó Los operadores (voluntarios e involuntarios) de Sosa Castelán. En ese reportaje, revela que María Cruz Campos Álvarez, una trabajadora de limpieza coacusada de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones de pesos en este caso, dijo ante el juez de control Gregorio Salazar que Francisco Natalio utilizó sus datos personales para crear la empresa Contabilidad del Siglos XXI. Afirmó que la compañía fue fundada por el propio Zamudio Isbaile, quien a su vez es titular de despachos contables, y que él abrió, desde su despacho, las cuentas bancarias, que, añadió, también administraba. 

Pasaban de las 02:00 horas del domingo 6 y tenía lugar la audiencia virtual en la que tanto ella como María Luisa Montalvo, Gerardo Sosa y otro posible operador del llamado Grupo Universidad o La Sosa Nostra, Juan Manuel Hernández Gayosso, fueron vinculados a proceso. (Hernández Gayosso y Montalvo serían absueltos en diciembre de 2022 por un error de la FGR: no presentar una orden judicial mediante la cual conoció de las transferencias bancarias con las que sustenta su acusación de lavado de dinero)  

“Por uno o dos años me dijeron que yo iba a fungir como representante legal, pero yo no veía el alcance de lo que iba a tener. Cometí el error de pertenecer a esa sociedad, pero muchas veces la necesidad económica nos orilla. Mi madre estaba enferma. Me dio miedo de que me fueran a correr y me quedara sin trabajo, y sí, acepté firmar”, reconoció Cruz durante la audiencia inicial. Fue la única que habló y apeló –al no tener defensa privada como el resto de imputados– a la ayuda del juez y el ministerio público que la acusaba. Ambos le respondieron que el no haber conocido qué se hacía a su nombre no la eximía de responsabilidad. 

Una investigación en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Pachuca arrojó que María Luisa y María Cruz son las accionistas de la sociedad Contabilidad Siglo XXI, empresa constituida el 18 de enero de 2001, pero que no tiene trabajadores, recursos ni capacidad para realizar servicios, según informes del Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) incluidas en la carpeta de investigación. No obstante, a través de esa firma presumiblemente fachada se hicieron las dispersiones.  

En la causa penal 263/2020, la FGR identificó a Zamudio Isbaile como el encargado de crear empresas fachadas y despachos que movilizaban recursos provenientes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), de la que Gerardo Sosa Castelán, exrector y expresidente del Patronato, tiene el control político desde finales de la década de 1970. 

Las decisiones del juez de control 

Cuando Gregorio Salazar Hernández sobreseyó parcialmente los cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita contra Gerardo Sosa, valoró una prueba –identificada con el número 39–, que consiste en un informe y un testimonio en materia de contabilidad presentada por la defensa del político, con la cual intentaba acreditar que el dinero que recibió de la firma Contabilidad del Siglo XXI, y cuyo origen era el erario de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, era lícito porque provenía de un “préstamo”. Con ello, lo dejó en libertad y terminaba el proceso que, para entonces, sumaba cuatro años. 

No obstante, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con Residencia en Toluca, Estado de México, integrado por los magistrados Rodolfo Martínez Abarca (presidente) y Fernando Córdova del Valle, así como la secretaria en funciones de magistrada Bethsabé Canseco Sosa (ponente), determinó que hubo una valoración indebida que favoreció a Sosa. 

Aquella audiencia –dice la resolución del Tribunal “fue presidida por un juzgador contaminado y (con) criterio preestablecido”, ya que conocía la causa penal 263/2020 desde que el acusado fue vinculado a proceso; sin embargo, debía ser el Tribunal de Enjuiciamiento el encargado de valorar no sólo ésta, sino “el cúmulo de pruebas de manera libre y lógica”, con “razonamientos objetivos, sin presunciones e inferencias”.    

Lo anterior, porque desde el 26 de septiembre de 2023, Rogelio León Díaz Villarreal, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, en funciones de Tribunal de Enjuiciamiento, recibió el auto de apertura a juicio oral, el cual había sido pospuesto en al menos una ocasión. 

Mientras las partes estaban a la espera de nueva fecha, el 25 de septiembre de 2024 el juez de control llevó a cabo la audiencia en la que declaró fundada la solicitud de sobreseimiento que planteó la defensa de Sosa, ante los reclamos de la representación de la Fiscalía de tomar decisiones en favor del político, con un sesgo en el supuesto análisis de pruebas que él ya no podía valorar, porque estaba fuera de esa etapa.