CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La compra de los departamentos del cardenal Norberto Rivera Carrera, en la exclusiva Torre Residencial Mitikah al sur de la Ciudad de México, no sólo excedió los 20 millones de pesos, sino que tiene a una funcionaria del gobierno capitalino en riesgo de ser destituida.

Proceso informó el pasado 29 de abril, que en el año 2024 el cardenal ganó un amparo en el que la juez Blanca Lobo Domínguez, titular del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en materia Administrativa en la CDMX ordenó al gobierno capitalino, ahora encabezado por Clara Brugada, devolverle más de un millón 300 mil pesos por el pago de derechos e impuestos que realizó por la adquisición de los departamentos.

Se trata de los departamentos 4201 y 4205 en la Torre Residencial Mitikah, el edificio más alto en la Ciudad de México, que Rivera Carrera compró a Banco Actinver el 29 de febrero de 2024.

Documentos a los que esta casa editorial tuvo acceso indican que el departamento marcado con el número 4201 costó exactamente 11 millones 289 mil 831 pesos.

En tanto, el departamento número 4205 tuvo un costo de 12 millones 8 mil 85 pesos, por lo que las operaciones realizadas el mismo día fueron por un total de 23 millones 297 mil 916 pesos.

Por ello, el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) que le fue aplicado ascendió a 651 mil 101 pesos por el departamento 4201 y 700 mil 150 pesos por el número 4205.

Las escrituras de ambos inmuebles fueron autorizadas por el Notario Público número 76, Mario Fernando Pérez Salinas y Ramírez.

Norberto Rivera Carrera realizó el pago de derechos de inscripción de las compraventas ante el Registro Público de la Propiedad (RPP) cuyo trámite le costó 23 mil 61 pesos por cada departamento.

De acuerdo con la sentencia de amparo, informada por Proceso, la juez ordenó devolver el monto total que Rivera pagó por ISAI y 21 mil 358.94 pesos por cada registro que realizó ante el RPP, pues ordenó aplicarle la cuota general de 2 mil 302 por dichos trámites al considerar que los cobros que le fueron realizados fueron desproporcionales.

La sentencia fue emitida en mayo de 2024 y aunque el gobierno de la CDMX impugnó, el Cuarto Tribunal Colegiado en materia Administrativa confirmó la determinación de la juez Lobo, por lo que, fue hasta diciembre del año pasado que la resolución fue ejecutable.

En consecuencia, desde inicios de este año la juez de Distrito solicitó al gobierno capitalino precisar qué funcionario es el responsable de realizar las devoluciones ordenadas y los montos de las mismas.

En enero de este año, el Subtesorero de Administración Tributaria de la Tesorería de la Ciudad de México indicó que le corresponderá a la Administración Tributaria en San Borja cumplir con el fallo de la juez.

Las autoridades capitalinas calcularon que el monto total que el cardenal recibirá es de 1 millón 437 mil 73.78 pesos, de los cuales, 1 millón 394 mil 355.91 pesos correspondieron a lo que pagó de ISAI y 42 mil 717.88 del registro de las compraventas.

Al borde de la destitución.

El pasado 13 de marzo, la juez Lobo notificó que la Directora de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios, Margarita Nallely Reyes Castro, sugirió realizar el pago al cardenal a través de un Certificado de Devolución, pero Norberto Rivera se opuso y solicitó que fuera a través de transferencia bancaria a una cuenta que tiene en BBVA Bancomer.

La juez le concedió la petición y, debido a que transcurrieron ya todos los términos que ha concedido para que Reyes Castro ejecute la sentencia, el pasado 9 de abril le impuso una multa por 11 mil 314 pesos y fijó 10 días improrrogables para que Norberto Rivera reciba su dinero bajo la advertencia de que, de no hacerlo así, le impondrá otra multa y enviará el expediente ante un Tribunal Colegiado.

Esto, para que, si los magistrados determinan que Reyes Castro ha incumplido de manera injustificada con la sentencia, elaboren un proyecto de destitución de la funcionaria capitalina.

Aquel 9 de abril, la funcionaria informó a la juez de Distrito que ya autorizó el pago a favor de Norberto Rivera vía transferencia bancaria, por lo que con esa orden busca acreditar que sí cumplió con la sentencia de amparo.

Además tramitó un recurso de queja para evitar pagar la multa que le fue impuesta.

Los últimos 10 días que la juez le impuso a Reyes Castro para transferir el dinero a Norberto Rivera concluyeron en la última semana de abril.

Por lo que, si el Colegiado confirma la multa y la funcionaria sigue sin ejecutar la transferencia de los recursos, podría iniciar el procedimiento judicial para su destitución.