CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De los más de 3 mil millones de pesos de desfalco al estado de Michoacán que la Fiscalía General de la República (FGR) afirma que cometió la administración de Silvano Aureoles, al exmandatario le atribuye poco más de mil millones de pesos.

Así lo precisó este jueves la juez Noveno de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México, Jovita Vargas en la resolución en la que frenó por tiempo indefinido la captura de Aureoles.

El fallo establece que para mantener la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión, Aureoles debe exhibir una garantía de 1 millón de pesos.

“A consideración de la suscrita, se debe fijar dicha cantidad, a fin de evitar que el quejoso evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación; asimismo, pueda ser devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no obtenga la protección de la Justicia Federal”, precisó.

Para calcular dicha cantidad, misma que Aureoles deberá exhibir dentro de los próximos 5 días, la juez Vargas tomó en consideración diferentes circunstancias tales como el cargo que ocupó al frente de Michoacán, la posibilidad de que intimide a personas o se dé a la fuga, que los delitos por los que fue emitida la orden son de alto impacto y el probable daño ocasionado al erario.

“Derivado de su posición, existe la posibilidad de intimidar a las personas, ocultarse para no comparecer al proceso penal, o bien, evadirse de la acción de la justicia. Los hechos investigados con apariencia de delito de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa resultan de alto impacto para la sociedad.

"La presunción de un probable daño y/o perjuicio por la cantidad de $1’052’222,490.69 (mil cincuenta y dos millones doscientos veintidós mil cuatrocientos noventa pesos 69/100 M.N.)”, indicó la juzgadora.

Asimismo, le ordenó que en 5 días comparezca personalmente ante la juez Patricia Sánchez Nava en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, por ser quien ordenó detenerlo.

Si Aureoles cumple con el pago de la garantía y se presenta en tiempo ante la juez Sánchez Nava no podrá ser detenido porque la suspensión definitiva seguirá vigente.

En marzo pasado la FGR detuvo a cuatro excolaboradores de Aureoles mismos que ya fueron vinculados a proceso por supuestamente haber participado entre 2015 y 2021 en la adjudicación directa de contratos a favor de la empresa Inmobiliaria DIP para la construcción de 7 cuarteles de la policía estatal en diferentes municipios.

Estos contratos, afirmó la FGR, ocasionaron un desfalco de 3 mil 412 millones 164 mil 310 pesos al estado de Michoacán, aunque según la resolución de la juez Vargas, en el caso de Aureoles el monto del perjuicio es la tercera parte del total.