CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Para Ana María Ibarra Olguín, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desde el Instituto Nacional Electoral (INE) se ejecuta una campaña de desinformación contra la reforma judicial que se refleja en reglas, que calificó de “absurdas”, para impedirles difundir sus propuestas como aspirantes a los cargos en el Poder Judicial de la Federación (PJF).

En entrevista con Proceso, la magistrada de Circuito señaló que a esto se suma un boicot contra la reforma judicial por parte de quienes llaman a la ciudadanía a no votar, pese a que de este ejercicio depende la impartición de justicia del país.

“Ha habido una campaña, un boicot en contra de esta reforma. Ha habido una campaña de desinformación, de desincentivación a la ciudadanía, se les dice: no vayan a votar. ¿Cómo no ir a votar? Está en juego la justicia de este país. ¿A quiénes queremos que resuelvan nuestros casos más sentidos, nuestros casos de divorcio, de guarda y custodia, de límites de propiedad? Es importante para todos y todas y tenemos los ciudadanos la oportunidad por primera vez de incidir en esa integración del Poder Judicial.

“Realmente lo que ocurre es una campaña de desinformación y desde el INE también, la verdad, lo tengo que decir, el inhibirnos, imposibilitarnos a hacer campaña, reglas realmente absurdas que están imposibilitando que recorramos las calles, que recorramos las plazas, que estemos en las facultades, universidades, dando a conocer nuestras propuestas. El mundo al revés, la autoridad electoral que tendría que incentivar la votación, la comunicación”, reprochó.

Ibarra Olguín trabajó durante más de 10 años en la SCJN, a donde llegó de la mano del ahora ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, con quien anteriormente trabajó como abogada asociada en su despacho particular Zaldívar Lelo de Larrea y Asociados, SC.

Durante la presidencia del ministro en retiro, Ibarra Olguín se convirtió en directora general del Centro de Estudios Constitucionales de la Corte, razón por la que se le ubica como una de las candidatas allegadas al ahora coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República.

Cercanía con Arturo Zaldívar

“Es, por supuesto, una persona muy cercana. Tengo un gran cariño hacia él. No tengo contacto permanente ni frecuente con él, tengo una relación de amistad profunda y de cariño y de mucho agradecimiento. No lo he visto desde hace mucho tiempo, pero por supuesto fue mi mentor. Su capacidad técnica, su ética, evidentemente su imparcialidad, pues por supuesto, es lo que yo aprendí”, respondió cuando se le preguntó sobre su relación con Zaldívar.

La magistrada afirmó que en México se discrimina a los grupos vulnerables, pero especialmente a los más pobres, por ello explicó que, en caso de resultar electa, buscará acercar el Derecho a la gente juzgando con perspectiva y simplificando los procesos en el juicio de amparo a través de los criterios que emite la Corte.

Aunque dijo estar consciente de que no todas las personas que tienen algún litigio en trámite llegan al juicio de amparo, confió en que en esa instancia la justicia federal revise y corrija la actuación de los poderes judiciales locales para incidir en la justicia cotidiana.

Proceso preguntó a la magistrada sobre la reforma impulsada por Morena para evitar que a través de las suspensiones en amparo los jueces frenen la entrada en vigor de leyes que pueden ser violatorias de derechos humanos:

Se dio efectos generales a las suspensiones, desde mi punto de vista, de forma irresponsable, porque no teníamos esa facultad. Las suspensiones son un juicio anticipado. Uno tiene que resolver cuando es una queja urgente en 48 horas. Claro que en 48 horas no puedes eliminar toda una política pública o todo el sentido de una ley con este efecto genérico. Ahí sí estamos trastocando la democracia.

“Podemos llegar a esa consecuencia tan severa de anulación cuando pues ya ha transcurrido todo un juicio, las partes se han defendido, hemos analizado y ponderado la evidencia”, refirió.

Reconoció que el sistema de pesos y contrapesos es necesario para el país y que por ello el nuevo Poder Judicial puede y debe poner límites a las autoridades de los otros dos poderes de la Unión sin renunciar al diálogo.

“Tenemos que trabajar juntos, cada uno en su competencia, para el avance y protección de los derechos humanos, pero si renunciamos a esto como lo hicimos, a lo que vamos y estamos destinados es al fracaso. No podemos repetir los errores del pasado, la responsabilidad institucional empieza cuidando la casa, cuidando el Poder Judicial y cuidando los derechos de todas las personas”, enfatizó.

“Hubo una soberbia absoluta, elitismo, formalismo sin razón, no se escuchó la voz de la democracia y no se escuchó a la gente al final y a sus necesidades más sentidas. La gente quería un cambio y respondimos diciendo que los otros están peor, que los poderes judiciales locales están peor, que las fiscalías están peor, y esto puede ser cierto, pero tenemos que hacernos cargo también de los errores propios del Poder Judicial y atender estas necesidades sociales. Por el contrario, el Poder Judicial utilizó al derecho como una excusa para beneficiar sus propios fines”.

Carrera judicial

Cuando Ana María Ibarra Olguín llegó al Poder Judicial de la Federación (PJF) luego de dedicarse a la práctica jurídica privada, decidió hacer carrera judicial y a través de este sistema hoy ocupa el puesto de magistrada de Circuito.

Aunque consideró que la ventaja de la carrera judicial es que las personas lleguen a los puestos a través de concursos de oposición, pero su desventaja, afirmó, es que “quienes llegan son los mismos de siempre”, pues indicó que repiten los errores de siempre y que el mayor error del actual Poder Judicial es el formalismo.

“El formalismo es resultado de una tradición muy larga, muy amplia en nuestro país de los abogados, incluso del gremio en general, que se refleja en esta forma de ejercer el derecho, donde se privilegia el proceso frente a la justicia. Esto viene de muy atrás.

“Con la última presidencia de la Suprema Corte y de todo el Poder Judicial Federal se renuncia a la necesidad de un cambio que ya venía dándose, de una posibilidad de renovación más bien gradual; por el contrario, cerramos la puerta al diálogo, nos escudamos en una una falsa comprensión del derecho, negamos el cambio, y pues lo que tuvimos como resultado es esta reforma judicial”, apuntó.

Al haber sido cercana colaboradora de Zaldívar desde su llegada a la Corte, Ibarra Olguín fue testigo de la amistad que existía entre éste y la ministra presidenta, Norma Piña, de quien dijo sentirse orgullosa cuando llegó al más alto cargo dentro del PJF, sin embargo lamentó que este logro no beneficiara a todas las mujeres de la institución.

“Las mujeres tenemos que ocupar todos los espacios de toma de decisiones. Yo me sentí muy orgullosa cuando (Norma Piña) llegó a la presidencia de la Corte, y bueno, la verdad es que esperábamos que llegáramos todas, pero fíjate cómo los concursos de paridad se eliminan en esta presidencia. Una imagen muy triste que vi recientemente antes de esta reforma judicial fue que llegan 60 magistrados hombres y siete mujeres. Otra vez, volver a esas prácticas donde se nos negaba el derecho a las mujeres a ser titulares. Sólo 12% de magistradas somos mujeres a estas alturas”, dijo.

La justicia se convirtió en un lugar para hombres, totalmente masculinizado, y uno esperaría que cuando llega una persona pues del sexo femenino va a entender esta problemática y va a seguir con estas políticas de género, y bueno, por el contrario, se echaron atrás (...) no llegaron todas.

Minoría de juzgadoras

De acuerdo con el documento “La reforma al Poder Judicial en voz de la Judicatura”, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) luego de la promulgación de la reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, actualmente el PJF está conformado por 902 magistraturas y 774 personas juezas, sin embargo, sólo 37.07% de los jueces son mujeres y de las magistraturas el 23.62% son ocupadas por mujeres.

Proceso confirmó que los últimos exámenes exclusivos para mujeres fueron para el Primer Concurso Interno de Oposición para la designación de Juezas de Distrito especializadas en Sistema Penal Acusatorio.

En dicho concurso participaron 189 mujeres, de las cuales 42 pasaron a la segunda etapa, cuyos exámenes se realizaron entre enero y febrero de 2024 y para marzo del mismo año fue publicada la lista de quienes resultaron vencedoras.

Es decir, fueron realizados antes de la reforma judicial, que actualmente impide la realización de estos concursos porque esos puestos son electos por voto popular.

De dichos exámenes 15 mujeres obtuvieron el cargo y 15 plazas más ofertadas en ese concurso fueron declaradas desiertas.

La magistrada enfatizó en que el Poder Judicial necesitaba una sacudida como la que actualmente se vive con la reforma judicial e indicó que el resultado, bueno o malo, depende de lo que ocurra el 1 de junio, día de la elección, es decir, de si la ciudadanía elige o no buenos perfiles para el PJF.