CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Pablo Gómez, titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), acusó en la mañanera del martes 1 de abril que la liberación de las cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo, Manuel Álvarez Puga, se debió a la corrupción en el Poder Judicial de la Federación. 

“La orden del Poder Judicial de eliminar de la Lista de Personas Bloqueadas a Inés Gómez Mont y a Víctor Manuel Álvarez Puga les permitirá hacer uso del sistema financiero nacional sin ninguna restricción, a pesar de que el Ministerio Público cuenta con orden de aprehensión en contra de ambas personas”, puntualizó el funcionario.  

Gómez Mont, exconductora de Televisión Azteca y su pareja, el abogado y empresario Álvarez Puga, son prófugos de la justicia por un escándalo de corrupción y fraudes por el que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una orden de aprensión desde septiembre de 2021.  

Sin embargo, siguen prófugos y el 4 de marzo del 2025, la UIF libero sus cuentas bancarias, para cumplir con lo ordenado por una juez de distrito que otorgó amparo a la conductora y a su pareja, para que fueran eliminados de la Lista de Personas Bloqueadas. 

La Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva e inmediata para prevenir que los recursos, cuyo origen se presume de procedencia ilícita, continúen siendo integrados a la economía nacional. 

La pareja presuntamente se encuentra en Estados Unidos, y México no ha logrado su extradición, a pesar de su probable participación en la comisión del delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

Desde hace cuatro años son buscados por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en 194 países e investigados por los delitos de peculado, lavado de dinero y evasión fiscal, por 2 mil 500 millones de pesos.  

¿Por qué se ordenó la liberación de las cuentas? 

Primero, la jueza Décima de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México emitió una sentencia, el 29 de noviembre del 2023, que otorgó amparo a Gómez Mont y a Álvarez Puga para que se les eliminara de la Lista de Personas Bloqueadas. 

Posteriormente, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, confirmó la sentencia, por lo que el 4 de marzo la UIF tuvo que acatar la orden judicial.  

La decisión fue tomada por mayoría de dos votos, “de los magistrados Alma Delia Aguilar Chávez y Miguel de Jesús Alvarado Esquivel, con un voto en contra del entonces magistrado Osmar Armando Cruz Quiroz”, señaló el titular de la UIF. 

Pablo Gómez acusó que los jueces federales fueron quienes otorgaron los amparos de manera “sistemática” para liberar las cuentas de Gómez Mont y Álvarez Puga, antes incluso de que se resolvieran oficialmente los juicios de fondo. 

“El Poder Judicial se ha convertido en el elemento más militantemente contrario al desarrollo del sistema de inteligencia financiera de México y eso no es justo”, acusó el funcionario. 

Además, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que buscará implementar modificaciones legales para que no se pueda liberar, sin un juicio de fondo, cuentas financieras relacionadas con actividades delictivas.  

El caso contra Gómez Mont y Álvarez Puga  

La investigación en contra del empresario, originario de Chiapas, y de la conductora, empezó desde noviembre de 2019, cuando la FGR a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) inició una carpeta de investigación. 

El llamado “Caso Querubines”, documentó la simulación de una contratación con la Secretaría de Gobernación en 2016. Los recursos eran para obras de mejoras en las prisiones del país, pero fueron transferidos a dos compañías de papel, de acuerdo con “El País”.  

Después, los recursos públicos otorgados, se dispersaron a través de una red de empresas factureras, que efectuaron operaciones bancarias para borrar el rastro de los recursos. La Fiscalía señaló que parte de ese dinero fue depositado en las cuentas bancarias de la pareja. 

En diciembre de 2024, Proceso publicó un reportaje que señala “una red de relaciones familiares dedicada a la facturación, con transferencias de miles de millones de pesos que conecta a los parientes de dos personajes ampliamente conocidos en la vida pública: el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y el exfuncionario peñanietista Víctor Manuel Álvarez Puga, hoy prófugo de la justicia”.