CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El caso de Anastasio Hernández Rojas, mexicano asesinado por agentes de la Patrulla Fronteriza, será analizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el fin de determinar si Estados Unidos cumple con las obligaciones establecidas en los tratados de derechos humanos de los que es parte.  

Anastasio Hernández Rojas, oriundo de San Luis Potosí, era padre de cinco hijos, trabajador de la construcción y vivió por 20 años en San Diego, Estados Unidos. Tras ser detenido y torturado, murió el 28 de mayo del 2010 en un hospital bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza.  

El pasado lunes 14 de abril, la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de California Berkeley y Alliance San Diego (ASD), cuyos abogados defienden a la familia, presentaron un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el caso, en el que denuncian que Estados Unidos ha mantenido un estándar de uso de la fuerza “letal y deficiente”. 

Hernández Rojas sufrió violaciones a sus derechos humanos, como la negativa a recibir atención médica tras lesiones durante su detención. Después de solicitar un trato digno hacia su persona, más de una docena de oficiales de la Patrulla Fronteriza lo golpearon y sometieron a múltiples descargas eléctricas, de acuerdo con un informe presentado por su viuda, María Puga, ante la ONU en 2023. 

Este caso es el primero en impugnar el estándar de uso de la fuerza de Estados Unidos, que permite a los agentes usar fuerza que sea “objetivamente razonable”, según su propia perspectiva, destacaron los abogados que representan a la familia del inmigrante. 

“Debido a este estándar letal y deficiente, los agentes fronterizos estadunidenses lograron salirse con la suya al golpear, patear, electrocutar y torturar brutalmente a Anastasio (Hernández Rojas)”, agregó la nota de prensa. 

El inmigrante estaba esposado y sometido, con oficiales arrodillados sobre su cuello y espalda mientras suplicaba por ayuda, como quedó grabado en dos videos hechos públicos por testigos. La muerte de Hernández Rojas fue clasificada por el médico forense como homicidio. 

María Puga, y sus hijos llevan 15 años buscando justicia, primero en las cortes de Estados Unidos y ahora ante organismos internacionales. A pesar de los videos de las torturas, ninguno de los agentes involucrados ha enfrentado consecuencias por sus actos. De hecho, en los últimos 100 años, ningún agente federal fronterizo de Estados Unidos ha sido responsabilizado por matar a alguien, señalaron los abogados. 

La entrega de pruebas a la ONU se da cuando el gobierno de Estados Unidos está ampliando los poderes policiales de agencias como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), que es la agencia de aplicación de la ley más grande del país. 

“Estamos enfrentando las consecuencias de una Constitución y sistemas legales que nunca fueron suficientes para salvaguardar la dignidad humana. El caso de Anastasio deja esta realidad al descubierto”, afirmaron los abogados. 

La ONU revisará si Estados Unidos está cumpliendo con sus obligaciones en materia de derechos humanos como parte del Examen Periódico Universal, un proceso por el cual deben pasar todos los estados miembro. La revisión se llevará a cabo en una audiencia pública en noviembre de 2025 en Ginebra, Suiza. 

El caso Familia de Anastasio Hernández Rojas vs. Estados Unidos actualmente está pendiente de una decisión por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Aunque la CIDH no tiene facultad para sancionar al gobierno estadunidense, sí podría emitir un fallo en favor del inmigrante y formular una serie de recomendaciones para evitar incidentes de abuso policial en la frontera. 

Se espera que la CIDH emita su decisión en el caso de Anastasio antes de la revisión de la ONU, lo cual marcará la primera vez que un organismo internacional emite un fallo sobre el estándar defectuoso del uso de la fuerza en un caso específico.